Por: Wilwer Vilca
En el Perú el
gobierno de Alan García se empeña en mantener y profundizar su política
económica neoliberal e impone actividades mineras, de hidrocarburos y
forestales en los territorios de las comunidades y pueblos indígenas,
anteponiendo el interés individual de las empresas sobre el derecho de
propiedad comunal, con el argumento del crecimiento y el desarrollo económico. Para
ello no duda en expedir normas inconstitucionales ni, peor aun, en recurrir a
la fuerza militar y policial, incluyendo la muerte de autoridades y líderes
indígenas. Es la aplicación de su “filosofía” expresada en “El síndrome del
perro del hortelano”, ya convertida en programa de gobierno.
Una radiografía de
esta política la constituye el proyecto minero Río Blanco, de las empresas
Xiamen Zijin Mining (china) y Monterrico Metals (británica), a las que el Estado
dota de cuerpo policial y militar para proteger sus operaciones. “Protección”
que hasta la fecha ha provocado la muerte de cinco indígenas, entre autoridades
y líderes, además de dejar heridos, torturados y secuestrados. Al mismo tiempo
se despliega todo el Poder Judicial para denunciar y procesar a los líderes que
exigen respeto a sus derechos territoriales y modelos de desarrollo, los cuales
fueron ratificados en una Consulta Vecinal desarrollada el 16 de septiembre de
2007, cuando más del 90 por ciento de la población de la zona rechazó la
presencia minera en sus territorios.
Es bastante conocido
por la comunidad internacional que América Latina en general basa su economía
en la exportación primaria de minerales. Por eso los gobiernos ofertan espacios
territoriales de los pueblos indígenas, para que toda empresa interesada obtenga
concesiones para la exploración y explotación. A esta actividad económica se le
da máxima prioridad, por lo que todo proyecto minero viable económicamente es
declarado de “interés nacional”, para cubrir de legalidad la violación de todos
los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.
La estadística de
concesiones mineras en el Perú demuestra que sólo en el lapso de un año (de
noviembre de 2008 a
noviembre de 2009) el territorio nacional concesionado a la minería se expandió
del 13.46% al 15.38%. Es decir, 19,573.752 hectáreas
poseen hoy concesiones mineras, sin contar las concesiones de hidrocarburos que
a la fecha abarcan el 75% del territorio de la amazonía peruana. Este mapa de
concesiones viene provocando conflictos sociales en todo el país. La Defensoría del Pueblo
registró en octubre de este año 286 conflictos, de los cuales 132, es decir el
46%, corresponden a conflictos socioambientales.
Esta política de
venta indiscriminada de espacios de vida de los pueblos indígenas es acompañada
de una política de criminalización, militarización y violación a los derechos
de los pueblos indígenas. La Confederación Nacional de Comunidades del Perú
Afectadas por la Minería ,
CONACAMI PERÚ, tiene registrados, hasta la fecha, a 242 autoridades y líderes
comunales (162 varones y 80 mujeres) denunciados por diversos delitos como: contra la seguridad
pública, en su modalidad de peligro común – arrebato de armamento; homicidio culposo;
contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de lesiones graves;
contra el patrimonio, en su modalidad de
daños contra la propiedad privada; contra la seguridad pública, en su modalidad
de atentado contra los medios de transporte, comunicación y otros. También malversación
de fondos y todo delito que se puede
imputar. Todos denunciados por agentes de empresas mineras y en algunos casos
por representantes del Estado.
En el caso específico
del proyecto Río Blanco, por las acciones de protección del medio ambiente ante
la inminente presencia de la actividad minera que provocaría la destrucción y
contaminación de un afluente importante del río Amazonas, hay 173 dirigentes y
líderes procesados, de los cuales 156 son varones y 17 son mujeres. A esta
lista se deben sumar los cinco líderes asesinados por la fuerza policial. Y los
comuneros torturados en las instalaciones de la empresa de seguridad de la mina
por paramilitares y policías (julio/agosto del 2005).
Todo esto se
inscribe dentro de una política de gobierno que trata de “solucionar” los
conflictos sociales expandiendo el sistema penal, antes de atenderlos con
políticas públicas diferenciales para pueblos indígenas y construir un país
democrático e incluyente. De esta manera se violan derechos constitucionales
como la libertad de opinión, expresión, reunión, asociación, etc.
En este escenario,
los retos para las comunidades indígenas del Perú, en especial para las
organizaciones que tienen representatividad legítima, son muchos y muy arduos,
teniendo en cuenta que estamos ad portas de las elecciones municipales y
regionales del 2010 y las presidenciales del 2011, las cuales harán
imprescindible considerar en las propuestas políticas de los candidatos el
respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y un mecanismo
de control de cumplimento de estas promesas durante las gestiones. Porque hay
una larguísima experiencia de que los candidatos ofrecen todo lo que el pueblo
quiera escuchar y llegados al cargo aplican sus propias lógicas de desarrollo.
Si avanzara el brazo político que se viene gestando desde las organizaciones
campesinas e indígenas, éste debería tener un proceso diferente al de los
partidos tradicionalistas que cuestionan y lograr una estructura colectiva para
que el movimiento no recaiga en la imagen de una o dos personas.
Otros retos están
enfocados a seguir construyendo la consciencia colectiva mediante los
mecanismos de exigibilidad del ejercicio de sus derechos: a la
autodeterminación, territorio, consulta previa e informada, ambiente sano y
saludable, participación política, etc. y lo más importante: definir e
intensificar el modelo de desarrollo comunal como mecanismo de protección de su
espacio de vida.
