“Políticas Globales, Políticas Publicas Nacionales e Industrias Extractivas”
Pedro Francke*
Me han pedido que hable sobre el problema que tienen las industrias extractivas, la minería, el petróleo, los hidrocarburos y el gas respecto del desarrollo nacional y las políticas del estado.
Lo que tdods hemos visto y conocido estos últimos años, de que estas industrias que generan efectos ambientales sobre la salud y sociales bastate negativos sobre las comunidades donde se ubican, han podido actuar impunemente gracias a que el Estado no ha hecho nada para poner algún tipo de control. Lo que hemos visto son caso tras caso que todo hemos visto, los casos de la Oroya, Choropampa, Callao y hay muchas otras decenas de casos de grave contaminación con muy graves efectos sobre la salud humana, sobre la ecología, y sobre la sociedad, donde ha niños contaminados con plomo que luego no van ha poder estudiar y desarrollarse intelectualmente como el resto de los niños. Las personas que en Choropampa han sufrido contaminación con el mercurio tremendo daño para la salud que todavía tienen efectos después de muchos años, asi como estos casos tenemos a las comunidades nativas en el río Corrientes contaminados con cadmio con efectos sobre la salud sumamente negativos, asi uno puede ir sumando casos y mas casos.
La Autoridad Nacional Indígena de Colombia, Onic, denuncia la vulneración contra los derechos del Pueblo Embera de Caldas en lo referido al procedimiento de detención ilegal que efectúa la Policía Gaula; no sigue el procedimiento legal y para detener a una persona intimida a toda la comunidad.
Resguardo Indígena Cañamomo - Lomaprieta, municipio Riosucio, Caldas
La comunidad Mapuche Rankilko de la comuna de Ercilla declara a la opinión pública lo siguiente:
1) La comunidad Mapuche Rankilko rechaza el encarcelamiento del werken Alex Curipan Levipan y las acusaciones realizadas por la fiscal Luís Chamorro, de Angol. Quien lo imputa de los delitos incendio en el predio Santa Carmen perteneciente a la Empresa forestal Monte Águila. Esto se suma a los de usurpación violenta y daños al vehiculó de salud, esto último quienes supuestamente transitaban por el camino cercano al predio San Sebastián. Nuestra comunidad desmiente cada una de estas acusaciones, las cuales obedecen a la permanente intención de perseguir judicial mente a los dirigentes de las comunidades mapuche. Por lo que nuestra posición es desde ahora demostrarle a la opinión pública que el werken Alex Curipan y la comunidad Rankilko no tienen responsabilidad en los hechos que les inculpan. Además cabe señalar que Alex Curipan fue detenido a cuatro kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos que se le inculpan.
A la opinión pública regional, nacional e internacional, organismos de derechos humanos, organismos sociales y sociedad civil denunciamos lo siguiente:
Ante los graves hechos ocurridos el día domingo 25 de octubre del presente año entre la 7:30 y 8:00 horas de la mañana, en la comunidad Juan Catrilaf del lugar Ñinkilko, comuna de Padre las Casas, cuyos miembros sufrieron un violento allanamiento por parte de efectivos de carabineros de Padre las Casas y Temuco, entre los cuales fue allanado el domicilio del presidente de la comunidad del hermano Sergio Catrilaf. Como resultado de este allanamiento fueron detenidos Sergio Catrilaf, Darío Catrilaf y Mario Catrilaf y en el sector Lleupeko fueron detenidos José Tralcal, Ignacio Tralcal, Pedro Cheuque y Sergio Huinca. Además, allanaron la casa de Héctor Canío, aquí no detuvieron a nadie pero se llevaron aproximadamente $ 200.000.- en efectivo. El mismo día ocurrió el allanamiento del hogar mapuche en Temuco, llevándose computadores del lugar.
ELECCIONES EN BOLIVIA - LA VICTORIA DEL PADRON BIOMETRICO Katu Arkonada* Cuando quedan menos de 50 días para las elecciones del 6 de diciembre, ya hay un primer ganador, el padrón biométrico y todos los que apostaron por el así como quienes han hecho posible su desarrollo e implementación. El Padrón Nacional Electoral actual tenía registradas 3.518.000 personas, las mismas que fueron a votar en el referéndum constitucional de enero del 2009, de las 3.891.316 llamadas a hacerlo. Tras la aprobación el 14 de abril de la ley que conmina al Órgano Electoral boliviano a crear un nuevo Padrón Nacional Electoral basado en un registro biométrico, esto es, que documente huellas dactilares, fotografía digital y firma, además de los datos referidos a la identidad de la persona, han sido registradas mediante este nuevo procedimiento 4.997.172 personas entre el 1 de agosto y el 15 de octubre que era la fecha límite de inscripción.
Hoy en día nadie duda que vivimos algo (mucho) más que una crisis financiera. Vivimos una crisis financiera, pero también epistemológica, social, política, climática, alimentaria…en definitiva, una crisis de vida, de modelo estructural y civilizatorio, occidental y moderno, por supuesto.
Pueblos Originarios de Argentina se movilizaron en repudio al asesinato de Javier Chocobar y reclaman la inmediata aplicación de la ley 26.160
Con la presencia de la comunnidad Chuschagasta de la Unión de los Pueblos Nación Diaguita y de autoridades de las 26 organizaciones territoriales, el encuentro de Pueblos Originarios se expresó contra la muerte de Javier Chocobar y por la aplicación de la ley de relevamiento de territorios indígenas en Buenos Aires el jueves 22 de octubre.A diez días del asesinato de Javier Chocobar a manos de terratenientes y sus fuerzas parapoliciales, el Encuentro de Organizaciones de Pueblos Originarios de Argentina que nuclea a 26 organizaciones y Pueblos Originarios de Argentina se movilizó en la ciudad autónoma de Buenos Aires.Organismos de Derechos Humanos, la Agrupación HIJOS, La Corriente Martín Fierro, el dirigente Luis Delia, la presidenta del INADI Maria Jose Lubertino, el recientemente designado presidente del INAI Daniel Fernández, Diputadas Nacionales, el Senador de la República de Chile Alejandro Navarro, junto a vecinos sensibilizados con la situación de los indígenas en este Estado, se concentraron en la Plaza de los dos Congresos para luego caminar por las calles porteñas hasta la Casa de la Provincia de Tucumán.Durante la movilización se pudieron escuchar las distintas voces de aquellos que reclaman junto a la Nación Diaguita el esclarecimiento y el cese de la represión en los Territorios Indígenas.En los últimos meses los medios de información históricamente relacionados con el poder económico en Argentina, han comenzado una campaña contra las organizaciones de los Pueblos en la que se expresa el racismo y la violencia contra los derechos de los Pueblos Originarios.La ley de relevamiento territorial fue sancionada y promulgada en noviembre de 2006 reglamentándose un año mas tarde. Esta ley declara la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país y su plazo de ejecución es por el término de cuatro años, plazo que estaría por cumplirse y aún en muchas provincias como Neuquén no se ha podido implementar, ante la resistencia de gobiernos provinciales, los cuales en muchos casos han sido cómplices en beneficio de quienes detentan la concentración de la tierra.
Por una Reforma Agraria Integral, genuina y verdadera que solucione la crisis de los alimentos, el cambio climático, ¡Basta de Criminalización!
Reunidos en Quito, Ecuador, representantes de países del mundo miembros de la Comisión Internacional de Reforma Agraria Integral, en el marco de la Campaña Global por la Reforma Agraria que impulsa La Vía Campesina, tras analizar la situación de la Reforma Agraria, la defensa de la tierra y el territorio para mejorar las condiciones de vida en el campo, concluimos lo siguiente.
La crisis de los alimentos y la crisis climática que estamos enfrentando son resultado de la aplicación de la tecnología de revolución verde y las políticas de comercio en la agricultura a nivel mundial. Las soluciones que promueven los gobiernos no favorecen a las comunidades indígenas y campesinos y trabajadores agrícolas. La presión que se está poniendo a los países tropicales para proteger los bosques como zonas verdes no contrarresta las emisiones de carbono que emiten las industrias de los países del norte, no beneficia a los campesinos, porque al final la solución es producir alimentos sanos y suficientes para nuestros pueblos.
La mala distribución de la tierra y el proceso de reconcentración de la misma en manos de pocos, en este caso de las corporaciones transnacionales que implantan monocultivos de soya y eucalipto en Brasil, palma africana en Colombia e Indonesia, caña de azúcar, piñon, hule. Estas corporaciones contaminan los ríos y privatizan el acceso al agua que pone en peligro la vida de las familias campesinas. Las corporaciones están comprando e invadiendo tierra comunal y familiar que históricamente ha servido para producir alimentos.
Por décadas, los campesinos y los pueblos indígenas del mundo estamos unidos para luchar por la reforma agraria para recuperar y defender nuestros territorios y hemos sido criminalizados por nuestra lucha. Esta criminalización de la lucha y la represión, en la que están involucrados la policía, el ejército, la seguridad privada de las empresas, se traducen en asesinatos, persecución judicial y un alto nivel de impunidad porque no se investiga, no se castiga a los responsables a pesar de las denuncias y las pruebas que se tienen. Tal el caso de Brasil, Indonesia, Honduras, Bangladesh, etc. En Guatemala, solo en este mes de octubre asesinaron a dos dirigentes comunitarios: Adolfo Ichich Chaman y Orlando Boror Set, así como al abogado defensor de los pueblos indígenas, Fausto Otzin Poyon, quienes fueron asesinados por empresas mineras transnacionales.
Después de una largo proceso de lucha de los movimientos sociales, la FAO declaró la importancia de la distribución de la tierra consignada en la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria en Porto Alegre en 2006: Declaración oficial de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural.
Sin embargo, el seguimiento a esta declaración ha sido muy lento o nulo en muchos países, a excepción de Honduras y República Dominicana, donde las organizaciones encontraron apoyo de la FAO, los movimientos sociales y gobiernos para esta actividad. En el resto de países, la misma FAO y algunos gobiernos no tienen la intención de implementar este acuerdo.
Demandamos:
1. El cese inmediato a la represión de la lucha y la criminalización de los campesinos y los indígenas que son los productores de los alimentos del mundo.
2. Investigación, captura y enjuiciamiento de los responsables de los asesinatos de dirigentes campesinos e indígenas. Cese a la persecución judicial y libertad inmediata de los presos políticos.
3. Demandamos que el seguimiento a la declaración de la FAO sea basado en las propuestas formuladas por las organizaciones campesinas e indígenas.
4. Reafirmamos la necesidad de implementar una Reforma Agraria Integral como un elemento fundamental de la Soberanía Alimentaria.
5. Llamamos a la solidaridad internacional y a los pueblos del mundo a estar atentos al desenvolvimiento del proceso de las luchas por una reforma agraria integral.
Al estilo de la dictadura fujimorista, procuradora del Ministerio de Justicia pide “disolver” legítima organización nacional de pueblos indígenas amazónicos. Pero las organizaciones no se crean ni se destruyen por decreto: los pueblos que las forman y la solidaridad del conjunto del movimiento social las mantienen vivas.
En una nueva demostración de que ante la carencia de argumentos el gobierno de Alan García Pérez solo sabe recurrir a la represión, una procuradora del Ministerio de Justicia, María del Carmen Rivera, ha pedido la disolución de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). No es una coincidencia que use el mismo término que Alberto Fujimori para su autogolpe de 1992, cuando anunció su dictatorial decisión de “disolver” el Congreso de la República.
Se trata de una actitud no solo intrínsecamente fascista del régimen de García. Es, además torpe, porque es imposible disolver por decreto o por mandato judicial una organización que tiene más de 25 años de vida, auténticamente representativa de los pueblos indígenas amazónicos y que goza de amplio reconocimiento y participación en múltiples espacios internacionales, como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Alianza por el Clima, Alianza Amazónica, entre otras.
No es la primera maniobra destinada a desaparecer las organizaciones indígenas. Tanto AIDESEP como la Confederación Nacional de Comunidades del Perú (CONACAMI) han sufrido la persecución de la llamada Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Este año, además, el gobierno financió un seudo congreso en el que se pretendió designar una nueva directiva de AIDESEP.
El hecho más grave, sin embargo, es la Masacre de Bagua del 5 de junio, que costó la vida de 33 personas, y la posterior persecución policial y judicial a comuneros y dirigentes regionales y nacionales de AIDESEP, que obligaron a su presidente Alberto Pizango a exiliarse en Nicaragua. Y hoy mantienen tercamente la orden de captura en su contra, para así impedir su retorno al Perú.
Son hechos que concitaron y siguen concitando el rechazo nacional e internacional, como lo demuestran los múltiples pronunciamientos de organismos de derechos humanos de todo el mundo, incluidos los que forman parte de la Organización de Naciones Unidas.
Nada de esto ha logrado destruir a AIDESEP y tampoco lo hará la absurda demanda de la procuradora Rivera. Porque, insistimos, las organizaciones no se crean ni se destruyen por decreto o mandato judicial: los pueblos que las forman y la solidaridad del conjunto del movimiento social las mantienen vivas.
En su frenesí represivo, el gobierno de García va de fracaso en fracaso en el intento de profundizar su política entreguista y racista, claramente expresada en su serie de artículos sobre el “síndrome del perro del hortelano”, desoyendo las llamadas de atención del relator especial para Pueblos Indígenas James Anaya y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, así como del reciente informe emitido por la Misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos integrada por Rodolfo Stavenhagen y Elsie Monge sobre su visita al Perú en junio pasado.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, advierte que si se toca a AIDESEP se estará tocando a todos los pueblos indígenas, no solo amazónicos y peruanos, sino de todo el mundo. Y llama al movimiento social nacional e internacional a estar atentos ante este nuevo intento de liquidación, para que, de concretarse (solo en el plano formal porque en el real es imposible), convocar de inmediato a una movilización mundial para defender los derechos de los pueblos indígenas.
"El deber de consultar deriva del derecho primordial de los pueblos indígenas a la libre determinación y de los principios conexos de democracia y soberanía popular"
James Anaya
Relator Especial Para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas.
Capítulo principal del Informe A/HRC/12/34,
Presentado al Consejo de Derechos Humanos en su 12 período de sesiones de Septiembre 2009
"El deber de los Estados de celebrar consultas con los pueblos indígenas en los procesos de decisiones que los afecten tiene por objeto poner fin al modelo histórico de exclusión del proceso de adopción de decisiones con el objeto de que en el futuro las decisiones importantes no se impongan a los pueblos indígenas"
UNA CUESTIÓN FUNDAMENTAL:
EL DEBER DE CLEBRAR CONSULTAS CON LOS PUEBLOS INDIGENAS
36. El Relator Especial ha procurado identificar patrones comunes de los problemas que afectan a los pueblos indígenas de todo el mundo y elaborar medidas para enfrentar directamente esos problemas. Ha observado con frecuencia y en situaciones muy diversas que los Estados no cumplen debidamente su deber de consultar a los pueblos indígenas acerca de las decisiones que los afectan, y que los gobiernos y otras partes interesadas necesitan orientación acerca de las medidas necesarias para cumplir ese deber. El Relator Especial ha observado que, sin la adhesión de los pueblos indígenas, conseguida mediante consultas en las primeras etapas de la elaboración de las iniciativas gubernamentales, la eficacia de los programas gubernamentales, incluso los que se proponen beneficiar específicamente a los pueblos indígenas, puede verse menoscabada desde el comienzo. Al parecer la falta de una consulta apropiada lleva siempre a situaciones conflictivas en que los indígenas manifiestan su cólera y su desconfianza y que, en algunos casos, han degenerado en actos de violencia. 37. No existe una fórmula específica para consultar a los pueblos indígenas aplicable a todos los países en todas las circunstancias. A este respecto, el artículo 34 del Convenio Nº 169 de la OIT afirma que: "la naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país". Si bien las implicaciones del deber de celebrar consultas son numerosas y variadas, el Relator Especial se ha referido durante el último año a cuestiones relacionadas con las consultas principalmente en dos contextos: el de las reformas constitucionales y legislativas relativas a temáticas indígenas y el de las iniciativas de desarrollo y extracción de recursos naturales y, en algunos casos, de esfuerzos de reubicación conexos que afectan a pueblos indígenas. El Relator Especial dedicará el resto del informe a reflexionar sobre algunos aspectos del deber de celebrar consultas y de su aplicación pertinentes a problemas que ha enfrentado, con lo que espera aportar aclaraciones y orientaciones útiles.
A. Los fundamentos normativos y el carácter general del deber de celebrar consultas
38. Cabe hacer hincapié en que el deber de los Estados de celebrar consultas con los pueblos indígenas sobre decisiones que los afecten se expresa de manera destacada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y está firmemente arraigado en las normas internacionales de derechos humanos. Este deber se menciona a lo largo de la Declaración con respecto a preocupaciones específicas (arts. 10, 11, 15, 17, 19, 28, 29, 30, 32, 36 y 38), y se afirma como principio general en el artículo 19, en el que se dispone que: "los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado".
39. Al igual que la Declaración, el Convenio Nº 169 de la OIT exige a los Estados celebrar consultas de buena fe con los pueblos indígenas con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr su consentimiento sobre los aspectos de los planes o proyectos de gestión que los afecten, e insta a los Estados a que celebren consultas con las comunidades indígenas en relación con contextos diversos (arts. 6, párrs. 1 y 2; 15, párr. 2; 17, párr. 2; 22, párr. 3; 27, párr. 3; y 28). De hecho, un comité tripartito del Consejo de Administración de la OIT afirmó que: "el espíritu de consulta y participación constituye la piedra angular del Convenio Nº 169 en la que se fundamentan todas las disposiciones del mismo" [3]. Con respecto al deber de celebrar consultas, la jurisprudencia de la OIT permite deducir algunas de sus características, a las que se hará referencia más adelante. 40. El deber de los Estados de celebrar consultas efectivas con los pueblos indígenas se funda igualmente en los tratados esenciales de derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial [4] y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recientemente el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que vigila el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, instó a numerosos gobiernos a que celebraran consultas con los pueblos indígenas sobre cuestiones que afectaban los derechos e intereses de esos pueblos, concretamente en sus observaciones finales sobre el Canadá [5], Indonesia [6], Nueva Zelandia [7], la República Democrática del Congo [8], los Estados Unidos de América [9], el Ecuador [10], Suecia [11] y Namibia [12]; y también en su examen de situaciones concretas sujetas a sus medidas de alerta temprana y procedimientos de urgencia, entre ellas las relativas a Belice [13], el Brasil [14], Chile [15], Panamá [16] y el Perú [17]. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos se ha referido al deber de celebrar consultas en varios de sus informes a los gobiernos sobre su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, más recientemente, en sus observaciones finales sobre Chile [18], Costa Rica [19], Panamá [20], Bostwana [21] y Nicaragua [22]. Además, el deber de celebrar consultas dimana de las obligaciones contraídas por los Estados en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según afirmó la Corte Interamericana de Derechos Humanos [23].
41. Este deber es un corolario de un gran número de derechos humanos aceptados universalmente, entre ellos el derecho a la integridad cultural, el derecho a la igualdad y el derecho a la propiedad, como se indica en las declaraciones y decisiones citadas del Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente. De manera más fundamental, ese deber deriva del derecho primordial de los pueblos indígenas a la libre determinación y de los principios conexos de democracia y soberanía popular. En el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas se afirma que: "los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural". Esta afirmación responde a las aspiraciones de los pueblos indígenas de todo el mundo de determinar su propio destino en condiciones de igualdad y de participar efectivamente en el proceso de adopción de decisiones que los afecten. El derecho a la libre determinación es un derecho fundamental, sin el cual no pueden ejercerse plenamente los derechos humanos de los pueblos indígenas, tanto los colectivos como los individuales. Los principios conexos de soberanía popular y democracia se oponen ambos al gobierno por imposición y respaldan el imperativo del gobierno por consentimiento. En consonancia con esos principios, el deber de los Estados de celebrar consultas con los pueblos indígenas en los procesos de decisiones que los afecten tiene por objeto poner fin al modelo histórico de exclusión del proceso de adopción de decisiones con el objeto de que en el futuro las decisiones importantes no se impongan a los pueblos indígenas y que estos puedan prosperar como comunidades distintas en las tierras en que, por su cultura, están arraigados. 42. En general las decisiones del Estado deben adoptarse mediante un proceso democrático en que los intereses del público estén debidamente representados. Los procedimientos para notificar al público en general y recibir sus observaciones refuerzan a menudo en forma apropiada los procesos democráticos representativos de adopción de decisiones del Estado. No obstante, cuando las decisiones del Estado afectan los intereses particulares de los pueblos indígenas, se requieren procedimientos especiales y diferenciados de consultas, procedimientos especiales que se justifican por la naturaleza de esos intereses particulares, que derivan del carácter distinto de los modelos e historias culturales de los pueblos indígenas, y porque los procesos democráticos y representativos corrientes no suelen bastar para atender a las preocupaciones particulares de los pueblos indígenas, que por lo general están marginados en la esfera política. El deber de los Estados de celebrar consultas con los pueblos indígenas, así como los diversos componentes normativos de dicho deber, se basan en el reconocimiento generalizado, como se manifiesta en la Declaración, de las características distintivas de los pueblos indígenas y de la necesidad de medidas especiales que permitan corregir sus condiciones desfavorecidas.
B. Situaciones en que se aplica el deber de celebrar consultas 43. Sería irrealista decir que el deber de los Estados de celebrar consultas directamente con los pueblos indígenas mediante procedimientos especiales y diferenciados se aplica literalmente, en el sentido más amplio, siempre que una decisión del Estado pueda afectarlos, ya que prácticamente toda decisión legislativa y administrativa que adopte un Estado puede afectar de una u otra manera a los pueblos indígenas del Estado, al igual que al resto de la población. En lugar de ello, una interpretación de los diversos artículos pertinentes de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas basada en el propósito de dichos artículos, teniendo en cuenta otros instrumentos internacionales y la jurisprudencia conexa, conduce a la siguiente conclusión sobre el ámbito de aplicación del deber de celebrar consultas: es aplicable siempre que una decisión del Estado pueda afectar a los pueblos indígenas en modos no percibidos por otros individuos de la sociedad. Una incidencia diferenciada de esa índole se presenta cuando la decisión se relaciona con los intereses o las condiciones específicos de determinados pueblos indígenas, incluso si la decisión tiene efectos más amplios, como es el caso de ciertas leyes. Por ejemplo, la legislación sobre el uso de la tierra o de los recursos puede tener efecto general pero, al mismo tiempo, puede afectar los intereses de los pueblos indígenas de modos especiales debido a sus modelos tradicionales de tenencia de la tierra o a modelos culturales conexos, lo que, en consecuencia, da lugar al deber de celebrar consultas. 44. El deber de celebrar consultas no está limitado a las circunstancias en que una medida propuesta pueda afectar o afecte en el futuro un derecho ya reconocido o derivado de un contrato. El Relator Especial observa con preocupación que algunos Estados, de hecho o de manera deliberada, han adoptado la posición de que las consultas directas con los pueblos indígenas en relación con la actividad de extracción de recursos naturales o con otros proyectos de repercusiones importantes sobre el medio ambiente, como las presas, solo se requieren cuando las tierras en que se realizan las actividades en cuestión han sido reconocidas como tierras indígenas por el derecho interno. Esta posición es infundada ya que, de la misma manera que ocurre con el derecho a la libre determinación y con los principios democráticos, y debido a las condiciones generalmente vulnerables de los pueblos indígenas, el deber de celebrar consultas con ellos se plantea siempre que estén en juego sus intereses particulares, incluso si dichos intereses no corresponden a un derecho a la tierra reconocido o a otros derechos contractuales. A este respecto, un comité tripartito del Consejo de Administración de la OIT afirmó explícitamente que: "la consulta prevista en el párrafo 2 del artículo 15, procede respecto de los recursos de propiedad del Estado que se encuentren en las tierras que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera, tengan o no título de propiedad sobre los mismos" [24]. Es posible imaginar fácilmente innumerables maneras en que los pueblos indígenas y sus intereses puedan verse afectados por proyectos de desarrollo o por iniciativas legislativas en casos en que carezcan del correspondiente derecho. 45. Las características específicas del proceso de consultas requerido por el deber de celebrar consultas variará necesariamente en función de la naturaleza de la medida propuesta y del alcance de su impacto sobre los pueblos indígenas. Las medidas de reforma constitucional o legislativa que interesan o afectan a todos los pueblos indígenas de un país requerirán mecanismos consultivos y representativos apropiados que estén de alguna manera abiertos a todos ellos y a su alcance. En cambio, las medidas que afecten a pueblos o comunidades indígenas particulares, como las iniciativas para la actividad de extracción de recursos naturales en sus territorios, requerirán procesos de consulta que garanticen la participación activa de los grupos particularmente afectados y presten atención especial a sus intereses.
C. La exigencia de que las consultas se celebren de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento 46. El carácter del procedimiento de consultas y su objeto también están determinados por la naturaleza del derecho o el interés que esté en juego para los pueblos indígenas de que se trate y por el efecto previsto de la medida propuesta. La Declaración dispone que, en general, las consultas con los pueblos indígenas deberán celebrarse "de buena fe… a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado" (art. 19). No debe considerarse que esta disposición de la Declaración confiere a los pueblos indígenas un "poder de veto" con respecto a las decisiones que los puedan afectar sino, más bien, que señala que el consentimiento es la finalidad de las consultas con los pueblos indígenas. A este respecto, el Convenio Nº 169 de la OIT dispone que las consultas deberán celebrarse "con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas" (art. 6, párr. 2). Los términos un poco diferentes de la Declaración sugieren que se hace más hincapié en que las consultas sean negociaciones en procura de acuerdos mutuamente aceptables y se celebren antes de la adopción de las decisiones sobre las medidas propuestas, y no consultas con el carácter de mecanismos para proporcionar a los pueblos indígenas información sobre decisiones que ya se han adoptado o están en proceso de adoptarse, sin permitirles influir verdaderamente en el proceso de adopción de decisiones. 47. Necesariamente, la solidez o importancia de la finalidad de lograr el consentimiento varía según las circunstancias y los intereses indígenas que estén en juego. Un efecto directo y considerable en la vida o los territorios de los pueblos indígenas establece una presunción sólida de que la medida propuesta no deberá adoptarse sin el consentimiento de los pueblos indígenas. En determinados contextos, la presunción puede convertirse en una prohibición de la medida o el proyecto si no existe el consentimiento de los indígenas. La Declaración reconoce dos situaciones en que el Estado tiene la obligación de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas interesados, fuera de la obligación general de que las consultas tengan por finalidad procurar el consentimiento. Esas situaciones incluyen el caso en que el proyecto dé lugar al traslado del grupo fuera de sus tierras tradicionales y los casos relacionados con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las tierras indígenas (arts. 10 y 29, párr. 2, respectivamente). De la misma manera, en un caso que afectaba al pueblo saramaka de Suriname, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que "cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los saramakas, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de estos, según sus costumbres y tradiciones" [25]. 48. En todos los casos en que una medida propuesta afecte los intereses particulares de los pueblos indígenas, la obtención de su consentimiento deberá ser, en cierta medida, una finalidad de las consultas. Como se ha afirmado, esta exigencia no confiere a los pueblos indígenas un "poder de veto" sino que, más bien, establece la necesidad de elaborar procedimientos de consulta con el fin de hacer todo lo posible por lograr el consenso de todas las partes interesadas. El Relator Especial lamenta que en muchas situaciones el debate sobre el deber de celebrar consultas y el principio conexo del consentimiento libre, previo e informado se haya planteado en torno a si los pueblos indígenas tienen o no un poder de veto que pueden esgrimir para detener los proyectos de desarrollo. El Relator Especial considera que plantear de esa manera el debate no se ajusta al espíritu ni al carácter de los principios de consulta y consentimiento según se han desarrollado en las normas internacionales de derechos humanos y se han incorporado en la Declaración. 49. Esos principios han sido concebidos para crear un diálogo en que los Estados y los pueblos indígenas puedan trabajar de buena fe con miras al logro del consenso y procuren seriamente llegar a un acuerdo satisfactorio. Como se subrayó anteriormente, el deber de los Estados de celebrar consultas con los pueblos indígenas y los principios conexos ha surgido para poner fin a modelos históricos de decisiones que se han impuesto a los pueblos indígenas y a condiciones de vida que han amenazado su supervivencia. Al mismo tiempo, los principios de consulta y consentimiento no confieren a los pueblos indígenas un derecho a imponer unilateralmente su voluntad a los Estados que actúan legítimamente y de buena fe en bien del interés del público. Los principios de consulta y consentimiento están más bien encaminados a evitar que se imponga la voluntad de una parte sobre la otra y a que, en lugar de ello, se procure llegar a un entendimiento mutuo y adoptar decisiones por consenso.
D. Elementos de fomento de la confianza que dan lugar al consenso 50. Un esfuerzo de buena fe en pro de la adopción de decisiones por consenso implica para los Estados la necesidad de "desplegar esfuerzos para intentar generar consensos en cuanto a los procedimientos, de facilitar su acceso dándoles amplia difusión y de crear un clima de confianza con los pueblos indígenas que propicie un diálogo productivo" [26]. La instauración de un clima de confianza es particularmente importante en relación con los pueblos indígenas "por la desconfianza hacia las instituciones del Estado y el sentimiento de marginación que encuentran sus raíces en realidades históricas sumamente antiguas y complejas, y que no terminan de superarse aún" [27]. Como señaló un comité tripartito del Consejo de Administración de la OIT en un caso relativo al proceso de reforma constitucional en México, "el clima de enfrentamientos, violencia y desconfianza recíproca impidió que las consultas se llevaran a cabo de manera más productiva" [28]. Además, por lo general los pueblos indígenas se encuentran en desventaja en cuanto a influencia política, recursos financieros, acceso a la información y educación pertinente con respecto a las instituciones estatales o las partes del sector privado, como las empresas, que son sus contrapartes en las consultas. 51. Para lograr un clima de confianza y respeto mutuo en las consultas, el procedimiento consultivo en sí debe ser resultado del consenso. El Relator Especial ha observado que, en muchos casos, los procedimientos de consulta no son efectivos ni gozan de la confianza de los pueblos indígenas porque estos no son incluidos debidamente en las deliberaciones que dan lugar a la definición y aplicación de los procedimientos de consulta. Además, los Estados deben tratar debidamente de superar el desequilibrio de poder, garantizando a los pueblos indígenas la asistencia financiera, técnica y de otro tipo que necesiten y haciéndolo sin utilizar dicha asistencia como palanca o para influir en las posiciones de los indígenas en las consultas. 52. El fomento de la confianza y la posibilidad de alcanzar un auténtico consenso también dependen de que en el proceso de consultas se respeten plenamente las propias instituciones representativas y de adopción de decisiones de los pueblos indígenas, como se exige explícitamente en la Declaración (art. 19) y en el Convenio Nº 169 de la OIT (art. 6, párr. 1 a)). El Relator Especial observa que tal vez los pueblos indígenas también necesiten mejorar o revisar sus propias instituciones, mediante sus propios procedimientos de adopción de decisiones, con el fin de establecer estructuras representativas que faciliten el proceso de consulta. El Relator Especial ha observado que cuando los grupos indígenas no aclaran sus estructuras organizativas de representación pueden enredar y retrasar el proceso de consultas. A este respecto, puede ser útil tener presente que la Declaración insta a que las instituciones indígenas funcionen "de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos" (art. 34) y pide que se preste particular atención a "los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas" (art. 22), incluida la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra los niños y las mujeres indígenas. 53. En los casos relativos a explotación de recursos naturales o proyectos de desarrollo que afecten tierras indígenas, para que los pueblos indígenas interesados puedan adoptar decisiones libres e informadas sobre el proyecto en consideración es necesario que reciban información objetiva y completa sobre todos los aspectos del proyecto que los afecta, incluidas las repercusiones del proyecto sobre su vida y su entorno. A este respecto, es esencial que el Estado haga estudios sobre el impacto ambiental y social a fin de que se puedan conocer todas las consecuencias que cabe prever. Los grupos indígenas interesados deben conocer esos estudios de impacto en las primeras etapas de las consultas, tener tiempo suficiente para entender las conclusiones de los estudios y poder presentar sus observaciones y recibir información acerca de cualquier preocupación que planteen. Además, un proceso de consultas basado en el consenso en contextos de esa naturaleza no debe solamente tratar las medidas para mitigar o compensar los efectos perjudiciales del proyecto sino también explorar y encontrar medios de distribución equitativa de los beneficios en un espíritu de verdadera colaboración.
E. El deber de celebrar consultas y la responsabilidad de la empresa privada
54. Frecuentemente las cuestiones que deben consultarse surgen cuando los gobiernos otorgan concesiones a empresas privadas para extraer recursos naturales, construir presas o realizar otros proyectos de desarrollo en tierras indígenas o en sus inmediaciones. A este respecto, el propio Estado tiene la responsabilidad de realizar o garantizar que se realicen debidamente consultas, incluso cuando, en la práctica, es una empresa privada la que promueve o realiza las actividades que pueden afectar los derechos y las tierras de los pueblos indígenas. De conformidad con principios bien fundados de derecho internacional, el deber del Estado de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluido su deber de celebrar consultas con los pueblos indígenas interesados antes de realizar las actividades que los afecten, no es un deber que pueda eludirse delegándolo a una empresa privada u otra entidad. Además, al igual que en otros contextos, las consultas sobre actividades de extracción o de otro tipo relacionadas con el desarrollo y que afecten a pueblos indígenas deben hacerse tan pronto como sea posible y en todas las etapas del proceso de adopción de decisiones y, en todo caso, antes de que se otorguen las concesiones a las empresas privadas. 55. El Relator Especial ha observado varios casos en que el Estado transfiere las obligaciones sobre las consultas a la empresa privada que interviene en un proyecto. Tal delegación a una empresa privada de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, además de que no absuelve al Estado de la responsabilidad que le incumbe en última instancia, puede no ser conveniente e incluso ser problemática, dado que los intereses de la empresa privada son en general fundamentalmente lucrativos y, por lo tanto, no pueden estar en plena consonancia con el interés público ni con el interés superior de los pueblos indígenas afectados. No obstante, ello no descarta la posibilidad de que se llegue a una convergencia sustancial de esos intereses que permita el consenso mediante negociaciones en que se superen los desequilibrios de poder. 56. Por su parte, las empresas privadas que promuevan actividades de extracción o de otro tipo relacionadas con el desarrollo o que participen en ellas deben procurar que sea política de su empresa ajustar siempre su conducta a las normas internacionales pertinentes en relación con los pueblos indígenas, en particular las relativas a las consultas. Si bien en términos estrictamente jurídicos, salvo en ciertas circunstancias, el derecho internacional no impone directamente a las empresas la responsabilidad de respetar los derechos humanos, de hecho cada vez más se evalúa a las empresas privadas según su acatamiento de las normas internacionales de derechos humanos. Es cada vez más generalizada la expectativa de que las empresas observen esas normas en sus respectivas esferas de influencia, expectativa que ha sido manifestada por la sociedad civil internacional, las instituciones internacionales de derechos humanos, los Estados y las propias empresas [29]. Además, en situaciones en que las actividades de las empresas tendrán en el futuro un impacto importante sobre comunidades indígenas, suele ser poco conveniente que las empresas pasen por alto las normas internacionales pertinentes por razones prácticas. Como ha observado el Relator Especial en su trabajo, no actuar con arreglo a esas normas suele hacer a las empresas vulnerables a dificultades como la pérdida de tiempo y de recursos económicos y les impide lograr o mantener una imagen de responsabilidad social.
57. El Relator Especial ha observado que muchas empresas carecen de una comprensión apropiada de las normas internacionales de derechos humanos relativas a los pueblos indígenas aplicables en los países donde operan, y que muchas empresas no tienen un código de conducta que incorpore debidamente los principios de derechos humanos. Para que las empresas privadas observen realmente las normas de derechos humanos pertinentes en sus respectivas esferas de influencia es necesario que identifiquen, incorporen plenamente y apliquen efectivamente las normas relativas a los derechos de los pueblos indígenas en cada uno de los aspectos de su labor relacionados con los proyectos que emprendan. Además, como parte de la diligencia debida a la que están obligadas, todas las empresas privadas que operen en las inmediaciones de pueblos indígenas deben asegurarse de que, con su comportamiento, no contribuyan a ninguna actuación u omisión del Estado que pudiera infringir los derechos humanos de las comunidades afectadas ni acepten dicha actuación u omisión, como el hecho de que el Estado no consulte adecuadamente a las comunidades indígenas antes de proceder a la realización de un proyecto. Por su parte, el Estado deberá siempre vigilar de cerca el comportamiento de las empresas para garantizar que se respeten plenamente los derechos de los pueblos indígenas y que se recurra plena y debidamente a las consultas exigidas.
CONCLUSIONES
El deber de celebrar consultas 61. Un problema fundamental al que se ha enfrentado repetidamente el Relator Especial es la falta de consultas apropiadas con los pueblos indígenas sobre cuestiones que afectan su vida y sus territorios. Diversas situaciones de conflicto y expresiones profundas de descontento, desconfianza e incluso cólera de pueblos indígenas en diferentes escenarios en todo el mundo están relacionadas con una falta de consultas apropiadas. El Relator Especial considera que los Estados y otras partes interesadas necesitan orientación sobre los parámetros normativos pertinentes y las medidas necesarias para cumplir con el deber de celebrar consultas con los pueblos indígenas de conformidad con las normas internacionales. En los párrafos siguientes el Relator Especial resume sus conclusiones sobre determinados aspectos del deber de celebrar consultas y aporta sus recomendaciones.
Marco normativo y leyes, políticas y prácticas nacionales 62. De conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y con el Convenio Nº 169 de la OIT, los Estados tienen el deber de consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos especiales y diferenciados sobre los asuntos que les conciernen, con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Basado en el entendimiento de la marginación relativa y las condiciones desfavorables de los pueblos indígenas en relación con los procesos democráticos normales, este deber dimana del derecho primordial de los pueblos indígenas a la libre determinación y de los principios de soberanía popular y gobierno por consentimiento y es un corolario de los principios conexos de derechos humanos. 63. El deber de celebrar consultas se aplica siempre que una decisión legislativa o administrativa pueda afectar a los pueblos indígenas en modos no percibidos por la población general del Estado, y en tales casos el deber se aplica en relación con los pueblos indígenas que se ven particularmente afectados y respecto de esos intereses particulares. El deber de celebrar consultas no solo se aplica cuando la medida propuesta se refiere a derechos sustantivos ya reconocidos en el derecho interno, como los derechos relativos a las tierras. 64. Los Estados deben elaborar mecanismos para determinar y analizar si las medidas legislativas o administrativas propuestas, incluidas las relativas a la extracción de recursos o a otras actividades de desarrollo, afectan los intereses particulares de los pueblos indígenas y en qué medida lo hacen a fin de determinar la necesidad de iniciar procesos especiales de consultas mucho antes de que se adopten las medidas en cuestión. 65. Las características específicas de los procedimientos de consulta requeridos variarán según la naturaleza de la medida propuesta, el alcance de su impacto en los pueblos indígenas y la naturaleza de los intereses o derechos de los pueblos indígenas que estén en juego. Sin embargo, en todos los casos en que se aplique el deber de celebrar consultas su finalidad deberá ser obtener el consentimiento o el acuerdo de los pueblos indígenas afectados. De ahí que las consultas deban realizarse en las primeras etapas de la elaboración o planificación de la medida propuesta a fin de que los pueblos indígenas puedan verdaderamente participar e influir en el proceso de adopción de decisiones. 66. El principio de que el consentimiento de los pueblos indígenas deberá ser la finalidad de las consultas no implica que la obtención del consentimiento sea un requisito absoluto en todas las situaciones. En todos los casos, es fundamental que el Estado haga un esfuerzo de buena fe para llegar a un acuerdo. Los pueblos indígenas también deben procurar de buena fe alcanzar el consenso sobre las medidas propuestas y evitar las posiciones inflexibles cuando las medidas propuestas se basen en intereses públicos legítimos. 67. No obstante el carácter necesariamente variable de los procedimientos de consulta en los diversos contextos, los Estados deben definir en la ley los procedimientos de consulta requeridos para determinadas categorías de actividades, como las de extracción de recursos naturales, que se realizan en territorios indígenas o que los afectan. Dichos procedimientos, previstos en leyes o reglamentos o en mecanismos especiales de consulta, deben por su parte ser elaborados en consulta con los pueblos indígenas. 68. La celebración de consultas con los pueblos indígenas sobre los elementos mismos del procedimiento de consulta que habrá de emplearse no solo ayuda a garantizar que el proceso sea eficaz sino que, además, es una medida de fomento de confianza importante y necesaria. Se necesitan además otras medidas de fomento de la confianza. 69. A este respecto, los Estados deben hacer todo lo posible para que los pueblos indígenas puedan organizarse y determinar libremente sus representantes para las deliberaciones de consulta, y deben propiciar un clima de respeto y apoyo a la autoridad de esos representantes. Por su parte, los pueblos indígenas deben trabajar, cuando se requiera, para aclarar y consolidar sus estructuras y organizaciones representativas para que puedan funcionar eficazmente en relación con los procedimientos de consultas. 70. Los Estados deben hacer además análisis y evaluaciones apropiadas de las repercusiones de las medidas legislativas o administrativas propuestas y ponerlos a disposición de los pueblos indígenas afectados, junto con toda la información pertinente, mucho antes de las negociaciones. Los Estados deben también procurar que los pueblos indígenas tengan la capacidad técnica adecuada y los recursos financieros suficientes para participar efectivamente en las consultas, sin utilizar dicha asistencia para influir en las posiciones de los indígenas en las consultas. 71. Los organismos y programas pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, así como las ONG interesadas, deben elaborar formas de proporcionar a los pueblos indígenas acceso a la capacidad técnica y los recursos financieros que necesitan para participar efectivamente en las consultas y las negociaciones conexas. 72. Incluso cuando, en la práctica, son las empresas privadas las que promueven o llevan a cabo las actividades que afectan a los pueblos indígenas, como la extracción de los recursos naturales, siguen incumbiendo a los Estados la responsabilidad de celebrar las consultas adecuadas o de garantizar su realización. Por su parte, las empresas privadas, no por obligación jurídica sino como cuestión política, deben ajustar siempre su conducta a las normas internacionales pertinentes relativas a los derechos de los pueblos indígenas, incluidas las relacionadas con las consultas. 73. Las empresas privadas que operen o se propongan operar en tierras indígenas o en sus inmediaciones deben adoptar códigos de conducta por los que se obliguen a respetar los derechos de los pueblos indígenas de conformidad con los instrumentos internacionales pertinentes, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Los Estados deben elaborar mecanismos específicos para vigilar de cerca el comportamiento de las empresas a fin de garantizar que se respeten plenamente los derechos de los pueblos indígenas y que se recurra plena y debidamente a las consultas exigidas. 74. Los Estados deben adoptar medidas para mejorar la capacidad de mediación de los organismos gubernamentales, en colaboración con las empresas si procede, para tratar los posibles conflictos de intereses en relación con las tierras y recursos indígenas y trabajar con todas las partes interesadas para aplicar dichos mecanismos y garantizar a ese respecto a los pueblos indígenas la igualdad de oportunidades y la protección contra la discriminación.
NOTAS 3. Informe del Comité establecido para examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por el Ecuador del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (Nº 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), párr. 31.
4. Se exhorta a los Estados a que: "garanticen que los miembros de los pueblos indígenas gocen de derechos iguales con respecto a su participación efectiva en la vida pública y que no se adopte decisión alguna directamente relacionada con sus derechos e intereses sin su consentimiento informado". Recomendación general Nº 23 (1997) relativa a los derechos de los pueblos indígenas, (CERD/C/51/Misc.13/Rev.4), art. 4, párr. d).
5. CERD/C/CAN/CO/18, párrs. 15 y 25.
6. CERD/C/IDN/CO/3, párr. 17.
7. CERD/C/NZL/CO/17, párr. 20.
8. CERD/C/COD/CO/15, párr. 18.
9. CERD/C/USA/CO/6, párr. 29.
10. CERD/C/ECU/CO/19, párr. 16.
11. CERD/C/SWE/CO/18, párr. 19.
12. CERD/C/NAM/CO/12, párr. 18.
13. Carta de fecha 7 de marzo de 2008, que puede consultarse en: http://www2.ohchr.org/english/ bodies/cerd/docs/early_warning/Belize070308.pdf.
14. Carta de fecha 7 de marzo de 2008, que puede consultarse en: http://www2.ohchr.org/english/ bodies/cerd/docs/early_warning/Brazil070308.pdf.
15. Carta de fecha 24 de agosto de 2007, que puede consultarse en: http://www2.ohchr.org/ english/bodies/cerd/docs/chile_letter.pdf.
16. Carta de fecha 15 de agosto de 2008, que puede consultarse en: http://www2.ohchr.org/ english/bodies/cerd/docs/Panama_letter150808.pdf.
17. Carta de fecha 7 de marzo de 2008, que puede consultarse en: http://www2.ohchr.org/ english/bodies/cerd/docs/early_warning/Peru070308.pdf.
18. CCPR/C/CHL/CO/5, párr. 19.
19. CCPR/C/CRI/CO/5, párr. 5.
20. CCPR/C/PAN/CO/3, párr. 21.
21. CCPR/C/BWA/CO/1, párr. 24.
22. CCPR/C/NIC/CO/3, párr. 21.
23. Saramaka c. Suriname, sentencia de 28 de noviembre de 2007, párrs. 133 y 134.
24. Informe del Comité encargado de examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por Guatemala del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (Nº 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Federación de Trabajadores del Campo y la Ciudad (FTCC), párr. 48.
25. Saramaka c. Suriname, párr. 134.
26. Informe del Comité encargado de examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por Guatemala del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (Nº 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Federación de Trabajadores del Campo y la Ciudad (FTCC), GB.294/17/1; GB.299/6/1 (2005), párr. 53.
27. Informe del Comité encargado de examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por México del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (Nº 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), párr. 107.
28. Ibíd.
29. Véase el Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, John Ruggie, "Proteger, respetar y remediar: un marco para las actividades empresariales y los derechos humanos", (A/HRC/8/5) (2008).
CARTILLA PARA GARANTIZAR LA LEGALIDAD DEL DERECHO A LA PROTESTA YLA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FISICA
DEL LOS PARTICIPANTES
Dr: Jorge w.
Tacuri Aragón
ANTES DEL INICIO DE LA MEDIDA:
-La medida de lucha deberá evidenciar
claramente los derechos vulnerados que obligan a la población a organizarse
para ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión.
-Evitar que en las actas donde la
población y sus dirigentes plasman sus decisiones aparezcan aquellos acuerdos
relacionados con tomas de instalaciones, bloqueos de carreteras y otras medidas
de lucha que puedan considerarse delictivas.
APUNTES SOBRE LA CRIMINALIZACION
DELA PROTESTA SOCIAL
Dr: Jorge w. Tacuri Aragón
LA CRIMINALIZACIÓN
DE LA PROTESTA
1. INTRODUCCIÓN
La
criminalización de la protesta es uno de los fenómenos políticos y sociales que
viene causando gran preocupación a nivel global, al extremo que en la ONU se ha plateado como una
grave violación de los DD.HH. y en especial del ejercicio y la defensa de los
derechos de los pueblos indígenas.
I Cumbre Continental de Mujeres Indígenas de Abya Yala
Las mujeres indígenas reunidas en las tierras sagradas del Lago Titikaka después de dos días de debates, deliberaciones y siendo quienes aportamos al proceso histórico de transformación de nuestros pueblos con nuestras propuestas y acciones en las diferentes luchas gestadas desde los movimientos indígenas, elevamos nuestra voz en estos tiempos en que el vientre de Abya Yala esta nuevamente con dolores de parto libertario, que engendrará el nuevo Pachakutik para el Buen Vivir del planeta.
Llamamiento desde los Pueblos Indígenas frente a la Crisis de Civilización Occidental Capitalista
* Lucha global por la Madre Tierra contra la Mercantilización de la Vida
( 12 de Octubre 2009 )
* Articular alternativas de Descolonialidad, Bien Vivir, Derechos Colectivos, Autodeterminación, Justicia Climática
El capitalismo colonial/moderno fué iniciado hace siglos e impuesto en el continente americano con la invasión del 12 de Octubre de 1492. Esta dió inicio al saqueo global e inventó las teorías de “razas” para justificar el etnocidio americano, la incursión en Africa para la trata de esclavos y el saqueo de otros continentes. Estos genocidios no han cesado y se sostienen en el poder gracias al capital transnacional y apoyo militar. Esta explotación /opresión global capitalista produce el calentamiento global que nos lleva al suicidio planetario.
- Maestro en Derechos Humamos, por la Universidad Iberoamericana de México.
- Lic. en Ciencias de la Comunicación, por la Universidad Nacional del Altiplano - Puno.
- Diploma en Políticas Públicas, por la Universidad Complutense de Madrid.
- Especialista en Derecho de Pueblos Indígenas.
