Defensora
del Pueblo Presentó Informe Sobre Sucesos De Bagua a la Comisión Parlamentaria que
Investiga Dichos Hechos
Nota de Prensa Nº 010/2010/OCII/DP
• Hizo un llamado para aprobar con prontitud la Ley de
Consulta a los Pueblos Indígenas.
• Merino sostuvo que pudieron evitarse lamentables hechos.
La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, presentó, ante la comisión
parlamentaria que investiga los sucesos ocurridos en Bagua y Utcubamba, un
informe institucional que da cuenta de las actuaciones defensoriales antes,
durante y después del conflicto. Al culminar dicha presentación, la titular de
la Defensoría del Pueblo realizó cuatro reflexiones finales motivadas por estos
lamentables sucesos
Arica. La dirigencia
aymara del norte de Chile está en estado de alerta por la irrupción de la
empresa minera Southern
Copper Corporation, de capitales norteamericanos y mexicanos, que
impulsa el proyecto “Exploración Minera Catanave”.
El proyecto se localiza a 15 kilómetros de la
localidad Tignamar, comuna de Putre, provincia de Parinacota, al interior de la
Reserva Nacional de Las Vicuñas, que forma parte del Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE).
EL PROYECTO EN SU ETAPA DE
EXPLORACION
Según el Estudio de Impacto Ambiental presentado
por la transnacional -que se encuentra en calificación- el proyecto
consiste en llevar a cabo una campaña de perforación con diamantina. Su
objetivo es caracterizar y estimar las condiciones de alteración de
mineralización en profundidad, basándose en los indicios favorables obtenidos
de los estudios superficiales del área. También se trata de focalizar o
delimitar el sistema hidrotermal, que alteró y mineralizó la zona. Para este
propósito se han programado 14 sondajes distribuido en siete plataformas.
La superficie que comprende
el proyecto, indica el informe, corresponde al área que será intervenida por la
instalación de las plataformas y la habilitación de la huella de acceso a
plataformas, lo que involucra un
área de 2,2 hectáreas,
con una inversión ascendente a 950.000 dólares ($ 481.650.000
aproximadamente), una vida útil de 26 semanas y la ocupación de 20 operarios
calificados para este tipo de faenas.
Comisión de Derechos
Humanos del Principado de Asturias visitará Colombia el sábado 30 de enero
Para conocer la
situación de los pueblos indígenas en el Cauca, recibir la denuncia desde el
plano internacional y comprometerse en su seguimiento.
En el contexto de la guerra que se
libra en Colombia, donde somos uno de los sectores más afectados por nuestra
ubicación en territorios estratégicos para los intereses económicos, nacionales
e internacionales; por nuestras posturas y acciones al respecto, somos
victimizados los pueblos indígenas en especial al proceso del Cauca liderado
por el Consejo Regional Indígena del Cauca.
Las principales
causas del desplazamiento forzado en Colombia son el conflicto armado, las
industrias extractivas y los megaproyectos de infraestructura en territorios
indígenas. Así lo explica Ana María Ochoa, integrante del Observatorio
Jurídico de la CAOI, en la entrevista publicada en el boletín Nº 14 de Peace
Brigades International – Colombia, del 14 de enero de 2010, que reproducimos a
continuación.
«Con los
megaproyectos llega la militarización y nos obliga a desplazarnos de nuestros
territorios»
Ana
Manuela Ochoa, abogada de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
habla sobre la situación del desplazamiento forzado y cómo afecta a los pueblos
indígenas.
¿Cuántas
personas indígenas están afectadas por el desplazamiento forzado?
Según los
registros de la ONIC, desde 2002 hasta la fecha han sido desplazadas
aproximadamente 74.000 personas indígenas de sus territorios tradicionales.
Para el primer trimestre de 2009 registrábamos 3.000 personas desplazadas. Los
pueblos indígenas Wayúu en la Guajira, Embera en el Chocó y Awá en Nariño han
sido los más afectados este año.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
pidió al Estado argentino un informe sobre la violenta represión contra los
mapuches de Villa La Angostura, que fueron desplazados de sus tierras a la
fuerza, para entregárselas a un inversor estadounidense.
Una
porción del territorio que pertenece a la comunidad mapuche Paichil Antriao,
instalada la mayor parte en el cerro Belvedere, en la ciudad neuquina de Villa
La Angostura, se encuentra con presencia policial y, el último lunes, volvió a
ser centro de un violento operativo de represión, esta vez en uno de sus
lugares sagrados. El pasado 2 de diciembre, los habitantes de la comunidad
sufrieron un violento desalojo, tal como lo informó Página/12. Desde ese
momento, la presencia de la policía en tierra mapuche y sus intimidaciones se
hicieron una constante. No obstante, hace unos diez días, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos aceptó involucrarse en el asunto y pidió un
informe al Estado argentino en el que se detalle la situación territorial y los
actos de agresión denunciados. El Gobierno tenía plazo hasta el viernes para
presentar la documentación, afirmó el abogado de la comunidad.
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las
Cuestiones Indígenas
“Se urge al Estado a
invitar al Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de las Naciones
Unidas para monitorear la situación de las comunidades indígenas que se
encuentran amenazadas con el exterminio cultural o físico, según la Corte
Constitucional en su Auto 004 [de 2009]. Asimismo, insta al Estado a continuar
su cooperación con el Fiscal de la Corte Penal Internacional”, es una de las
recomendaciones del Informe sobre la Situación de los Pueblos Indígenas en
Colombia del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya.
Crítica del
Informe de la “Comisión especial para investigar y
analizar los sucesos de Bagua” 2008-2009.
Luego de tres meses y tres
semanas de trabajo, lo que quedó de la “Comisión
Especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua”, entregó su informe
el 28 de diciembre de 2009. No era una Comisión independiente del gobierno. La
nombró el Ministro de Agricultura con tres representantes del Ejecutivo: el
padre Ricardo Álvarez Lobo, Susana Pinilla Cisneros (ex ministra,
antropóloga, asesora personal del presidente de la República) y Walter
Gutiérrez Camacho; tres representantes de las Comunidades Nativas: Pilar
Mazzetti Soler, (Ex ministra), Carmen Gómez Calleja, religiosa católica, y
Jesús Manacés Valverde, indígena awajún, de la Asociación Interétnica para el
Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, y, finalmente, el sociólogo Manuel
Bernales Alvarado, por los gobiernos regionales.
Los Presidentes de las
Organizaciones Representativas de los Pueblos Awajun y Wampis, organizados en
torno a la Subsede del CAH, FECORSA, FECAS, Apus de las comunidades,
jóvenes líderes, intelectuales indígenas, sabios indígenas, mujeres líderes e
hispanohablantes, así como 204 delegados participantes del Distrito de Río
Santiago, Provincia de Concorcanqui, Región Amazonas, nos dirigimos a la
opinión publica nacional e internacional para manifestar lo
siguiente:
Severas recomendaciones del Relator Especial ONU al Estado colombiano
“Existe una situación sumamente preocupante de violencia y otros crímenes contra pueblos indígenas, así como de desplazamiento forzado y confinamientos, que amenaza a la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia”.
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, presentó el viernes 8 de enero un informe ante el 15 Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, informe referido a la situación de los pueblos indígenas en Colombia y el seguimiento hecho a las recomendaciones hechas por el Relator Especial Anterior y que es resultado de su visita realizada a ese país del 22 al 27 de julio del 2009.
Planteamiento de las Organizaciones Indígenas a los candidatos a la Presidencia de Chile
En vista de que los programas de los candidatos a la presidencia, Sebastián Piñera y Eduardo Frei, son completamente insuficientes en cuanto a los derechos de los Pueblos Indígenas y en particular con los Mapuche, el Consejo de Todas las Tierras junto a otras organizaciones de los Pueblos Indígenas Aymara y Quechua del país han preparado un planteamiento colectivo sobre los derechos de los Pueblos Indígenas con el objeto de ser presentado formalmente a ambos candidatos.
Consideramos que en estas elecciones presidenciales es de fundamental importancia subrayar nuestros derechos históricos y aquellos reconocidos en normas internacionales y que éstos constituyan la base fundamental para establecer nuevas formas de relación entre el Estado Chileno y los Pueblos Indígenas, con el objetivo de erradicar el racismo, el colonialismo interno, la opresión política y cultural que vive el Pueblo Mapuche.
El Pueblo Mapuche y los Pueblos Indígenas en el campo internacional, han alcanzado reconocimientos de sus derechos de carácter muy significativo, relativos al derecho a la libre determinación y el derecho al autogobierno. Omitir estos derechos fundamentales no tan solo constituye una inconsecuencia, sino además pone de manifiesto la falta de información y también una implícita complicidad con la situación histórica que ha vivido el Pueblo Mapuche.
Reivindicar el cumplimiento del Convenio 169 es una redundancia, debido a que todas las cuestiones jurídicas internas son susceptibles de un forcejeo en su cumplimiento. Y hacer énfasis en el reconocimiento constitucional es repetir un proceso que hace más de dos décadas han alcanzado los otros Pueblos Indígenas y no ha cambiado mayormente su situación, y aunque se reivindique el Estado Plurinacional, Pluricultural, multiétnico, entre otros adjetivos, sin embargo, la situación del Ecuador nos da luces de lo que constituye en términos prácticos un “Estado Plurinacional”.
Reiteramos de la manera más clara posible que el Planteamiento que se presentará el día lunes 11 de enero de 2010 en Santiago de Chile a ambos candidatos no tiene por objeto centrar la atención en el voto ni en la adherencia, sino subrayar cuáles son los derechos fundamentales y los imperativos institucionales que se deben establecer para subsanar la relación injusta que se ha impuesto durantes dos siglos con los Pueblos Indígenas y los Mapuche en particular.
Si eventualmente no hubiera una reacción positiva de ambos candidatos a la presidencia, se llamará a escribir en el voto “AUTOGOBIERNO MAPUCHE”.
El supremo jefe dijo “Me juego el puesto pero la radio se cierra”. También dijo que “prefiere ir a la casa antes que sentar al dialogo con el movimiento indígena”. Y directamente acusó a los lideres indígenas que éramos responsables de la muerte de Bosco Wisuma. Que las instituciones indígenas , como el Codepe, Dineib, y otras eran caja chica , para las movilizaciones de la CONAIE. Ahora nos acusan de conspirar, contra su majestad, que ongs de extrema derecha estarían financiando a la CONAIE. De haber existido un acuerdo con las fuerzas armadas … ¿QUIEN ES EL ESTÚPIDO Y FARSANTE QUE DENIGRA LA DIGNIDAD DEL MOVIMIENTO INDÍGENA?
No hay duda aquí, hay una sola persona , que se llama Rafael Correa ,y su sed de , poder, y cuando tienes el poder ayudaras a los poderosos, y mentiras a la nación ., para seguir sirviendo al poder
Para decir esto , como dirigente tuve la oportunidad de estar con las comunidades , en el TRANS KUTUKU, allí la radio Arutam se escucha hasta en los rincones donde que no llega comunicación alguna.. Es la voz de los que han sido marginados , es la voz de la rebeldía en contra de la minería y la ampliación de la frontera petrolera… es una radio de carácter privado, pero de servicio comunitario, sirvió al país en las distintas Guerras que los gobernantes hicieron, pero últimamente, dio a la luz lo que el pueblo Shuar ha decidido , no minería, no petróleo, cuando , la CONAIE convoco a la gran movilización, fue la voz de convocatoria.. el gobierno lo acusa de incitar a la violencia , que injusticia y vergüenza para el mundo, . Ahora si doy la razón de que es un supremo jefe todo poderoso, que juega con la razón de lo más pobres, he visto , como el poder manipula la información, cadenas enteras de radio y televisión en contra del movimiento indígena y aplicando la ley romana , Divide Y vencerás, como utilizan a hermanos Shuar en contra de sus hermanos ,como , en el caso de un tal . Pitiur, que en su vida ha favorecido a distintos gobiernos y la minería a cielo abierto supuesto dirigente Shuar.
Entonces ¿Quién está incitando a la violencia?... Cuando hay órdenes de detención , cuando las concesiones mineras están en manos de transnacionales, cuando la libertad de expresión de los pueblos y nacionalidades es pecado , porque así lo dice el supremo poder .
Cuando a la fuerza quieren implementar minería a cielo abierto, en e espacios de vida de pueblos y nacionalidades.
Cuando han empezado a ir directamente a las organizaciones para empezar a construir sus CDRS.
Cuando la tranquilidad y la paz en los pueblos y nacionalidades es cosa del pasado.
Pero ya se acabo la colonia , y , no necesitamos imposición de ninguna ley para nosotros hechas solo por ellos , NO NOS CALLARAN , vendremos desde la selva , vendremos desde los páramos vendremos desde los manglares, vendremos desde los barrios, desde las fronteras, para hacer oír nuestra voz, para que despiertes de tu sueño de poder, para que dejes de ser tan estúpido… y que empiece un verdadero derecho ,un verdadero amanecer , una verdadera justicia para los débiles y los marginados de esta patria , para todos los pueblos del ecuador.
Entonces empezaremos una verdadera revolución desde los pueblos.
Marlon Santi
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS D EL ECUADOR
El 28 de mayo del 2009, en Puno, Perú, la I Cumbre Continental de
Mujeres Indígenas del Abya Yala culminó con una decisión trascendental:
constituir la Coordinadora Continental
de Mujeres Indígenas. Han pasado ya siete meses y los objetivos para los que
esta instancia fue creada parecen estar aún en espera.
La decisión fue clara: en este espacio
convergerían todas las organizaciones de mujeres indígenas y sería la voz portadora
de todas aquellas demandas y agendas que no son recogidas por las redes de
mujeres que existen desde hace muchos años, que nunca se han acercado a las
realidades políticas, sociales y económicas de los pueblos indígenas.
El 14 de julio, las organizaciones que
habían convocado a la I Cumbre
realizaron su primera sesión de evaluación en la ciudad de Quito, Ecuador, donde
definieron algunas responsabilidades a efectos de dar continuidad a la agenda
trabajada en Puno. Las coordinaciones de la región sur las asumió Ecuarunari de
Ecuador y de Centroamérica Wakib´kej de Guatemala. Ambas organizaciones debían
nominar una dirigente para este rol, mientras se consolidaba la estructura
organizativa de la
Coordinadora.
Las tareas eran específicas: realizar misiones
diplomáticas permanentes a instancias nacionales e internacionales y sumarse a
las misiones emprendidas por la
CAOI con voz propia; declararse en campaña permanente por la
libertad de los detenidos y demandar a los Estados que los juicios a los
líderes indígenas son insubsistentes; tener una presencia clara con postura
propia en Copenhague; entre otros acuerdos de acciones políticas.
Cerca de cinco meses después de esa reunión
de evaluación, las organizaciones participantes -305 de 21 países- en la conformación
de la Coordinadora
Continental esperan tener un primer acercamiento de trabajo
conjunto y, sobre todo, conocer las acciones que se vienen emprendiendo dentro
del marco de la agenda continental. Falta poco más de año y medio para la
realización de la II Cumbre
Continental, a desarrollarse en Bolivia, y aún no se ha avanzado en la
construcción de la agenda futura sobre la que giraría el debate y las
propuestas en el marco de esa segunda cumbre.
Conocemos las dificultades a las que se
enfrentan las organizaciones indígenas producto de las arremetidas por parte de
los gobiernos de turno. La defensa frente a las políticas públicas en contra de
los pueblos se constituye en tarea prioritaria y posterga las agendas internacionales
trazadas. Otra dificultad son las transiciones de mando de las organizaciones,
que no permiten retomar con la misma fuerza los procesos encauzados.
A mediados de diciembre, las organizaciones que
impulsan este proceso se reunieron para retomar el trabajo. Esperamos contar en
breve con una dirección electrónica que difunda los documentos, las fotos de la
cumbre, las resoluciones y un plan mínimo para los dos próximos años. Será
necesaria la masificación de la memoria de la I Cumbre, que ya está
impresa, y sobre todo retomar las coordinaciones con las organizaciones que
participaron en ella.
Son muchos los retos que deben enfrentar las
mujeres indígenas en un escenario político latinoamericano adverso a toda
iniciativa diferente a los sistemas y estructuras impuestas desde la Colonia. Primero,
en lo programático, continuar con el debate y construcción de la propuesta de
los Estados Plurinacionales y el desarrollo del buen vivir, impulsar el
ejercicio de derechos colectivos de los pueblos indígenas y el apoderamiento de
la autodeterminación como pueblos como principio para la defensa territorial,
medio ambiente, alimentación, salud, participación política, etc. Segundo, en
lo estratégico, sumarse a las misiones diplomáticas ante organismos
internacionales gubernamentales (Naciones Unidas, Organización de Estados
Americanos) y redes internacionales de la sociedad civil (Consejo Internacional
del Foro Social Mundial, Alianza Social Continental) y otros espacios donde la
agenda de la mujer indígena debe ser considerada como tema prioritario de
atención para la incidencia.
Los retos en lo organizativo son retomar
todos los contactos, masificar la memoria de la
I Cumbre y empezar a construir la agenda
específica con miras a la II
Cumbre Continental. Para ello es necesario construir institucionalidad
y representatividad que centralicen y alimenten información con fines prácticos
y operativos. Empero, el reto no sólo será de las organizaciones, temporalmente
responsables, sino también de las organizaciones nacionales que deberán
socializar estas informaciones y someterlas a constantes reflexiones con la
finalidad de que no se personalice la representación, motivo por el que se
decidió constituir una representación legítima de las organizaciones indígenas.
Incidencia Internacional
y protección de derechos colectivos: la experiencia de CONACAMI
Por: Wilwer Vilca
Quispe
Durante los últimos años, la Confederación Nacional
de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI, en alianza con otras organizaciones,
ha ensayado diversas estrategias de defensa de derechos de los pueblos indígenas:
movilizaciones, paralizaciones, diálogos con el gobierno y representantes de
empresas mineras, informes acerca de violación a derechos humanos ante
organizamos internacionales. En estas líneas pretendemos resaltar algunos aciertos
de este aprendizaje, en el ámbito de la relación con instancias
internacionales.
Una de las estrategias que ayudó a detener
la conducta impulsiva de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas
por los sucesivos gobiernos en el Perú, ha sido la de elevar denuncias e
informes ante organismos de derechos humanos de la OEA y la ONU, que en cierta forma
ayudaron a visibilizar los atropellos a los que están sometidos los pueblos en
el Perú. Esta ha sido una útil estrategia de defensa de derechos territoriales,
frente a instancias jurisdiccionales incapaces de hacer cumplir los derechos
colectivos.
Del conjunto de demandas presentadas por
CONACAMI ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, tres resultaron
con medidas cautelares por afectación a las condiciones de vida, salud,
alimentación, explotación agrícola, ganadera, aire, suelo y agua. Por la presencia
de depósitos de relaves y hostigamiento a una dirigente (caso de San Mateo de
Huanchor), por presencia de complejos metalúrgicos (caso de La Oroya), y por la existencia
de depósitos de concentrado de minerales (provincia constitucional del Callao).
El 17 de agosto de 2004 la CIDH otorgó medidas
cautelares para proteger la vida y la integridad personal de Oscar Gonzáles y
los miembros de la Comunidad
de San Mateo de Huanchor. El 31 de agosto de 2007 la CIDH otorgó medidas
cautelares a favor de 65 moradores de la ciudad de La Oroya, porque los
beneficiarios sufren de una serie de afectaciones a la salud a consecuencia de
altos índices de contaminación del aire, suelo y agua.
Además, el 11 de
agosto de 2006 la CIDH
otorgó medidas cautelares a favor de Margarita Pérez Anchiraico, Presidenta del
Comité de Afectados por la
Minería de Mayoc, porque había sido objeto de constantes
actos de hostigamiento a causa de su activismo respecto de la situación de la Comunidad de San Mateo
de Huanchor.
Del 2006 al 2009, CONACAMI
ha presentado informes alternativos ante la Organización Internacional
del Trabajo, OIT. De todos ellos, recién el informe del 2008 tuvo resultado
positivo porque el 20 de febrero la
OIT hizo públicas sus observaciones al Estado peruano, en las
cuales incide en diversos derechos que el Estado debe cumplir, como el derecho
a consulta previa, libre e informada, derechos territoriales y otros que señala
el Convenio 169.
Se elevó un
informe al Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial,
CERD, de las Naciones Unidas, sobre la conducta y expresiones racistas del
presidente Alan García hacia los pueblos indígenas. Esta instancia, el 28 de
agosto emitió un documento que contiene recomendaciones y observaciones al
gobierno peruano, en el que enfatiza que el Estado peruano debe visibilizar a
los pueblos indígenas incluyéndolos en datos estadísticos; aprobar leyes de
consulta y participación; y garantizar institucionalidad para la representación
indígena, entre otros importantes puntos.
CONACAMI también
presentó informes ante el Relator Especial de las Naciones Unidas para los
Pueblos Indígenas, James Anaya, sobre la permanente violación a los derechos de
los pueblos indígenas. Los sucesos de Bagua merituaron que el Relator solicite
una visita oficial para indagar in situ
sobre los acontecimientos. En su informe de esta visita, Anaya recomienda hacer
una investigación exhaustiva con la participación de miembros del Estado y de
los pueblos indígenas.
Producto de estos
informes, delegados de los organismos especializados de Naciones Unidas se
hicieron presentes en el Perú y dialogaron con funcionarios del Estado, a
quines solicitaron tomar en cuenta las recomendaciones y observaciones que el Estado
viene recibiendo a efectos de que no se agudicen los conflictos que se generan
producto de un divorcio en el diálogo entre el gobierno y la sociedad civil. En
este marco son destacables las visitas de Pastor Murillo, miembro del CERD, y
de Jorge Araya de la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Panamá, ambas realizadas en noviembre.
Estas experiencias
se convierten en retos para el movimiento indígena peruano, que necesita dar seguimiento
al cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado y demandar a los
organismos internacionales que también lo hagan, a efectos de que todos los
informes de los organismos internacionales se conviertan en medidas efectivas
para la protección de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.
CONACAMI, junto a
otras organizaciones similares, tiene la tarea de seguir elevando informes
alternativos y darle seguimiento a las recomendaciones y observaciones ya dadas,
con la finalidad de que, en un futuro, se logre un documento resolutivo con
carácter vinculante desde las Naciones Unidas. Y también la de seguir presentando
informes y llamamientos de urgencia ante los relatores especiales y solicitar
su presencia en el Perú, a efectos de que sostengan reuniones con
representantes de las organizaciones nacionales y regionales, para que los
organismos internacionales tengan una mirada más completa de todos los casos de
violación a los derechos de los pueblos indígenas.
Wilwer
Vilca Quispe, es Maestro en Derechos Humanos, Miembro del Consejo Consultivo de
la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y Responsable de incidencia
de CONACAMI Perú.
- Maestro en Derechos Humamos, por la Universidad Iberoamericana de México.
- Lic. en Ciencias de la Comunicación, por la Universidad Nacional del Altiplano - Puno.
- Diploma en Políticas Públicas, por la Universidad Complutense de Madrid.
- Especialista en Derecho de Pueblos Indígenas.
