viernes, 16 de julio de 2010

Ecuador: Relator ONU Sobre Ejecusiones Extrajudiciales

INFORME RELATOR
Profesor Philip Alston, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales
Misión a Ecuador: 5-15 de julio de 2010

Quito, 15 de julio de 2010
Por invitación del Gobierno de Ecuador, visité este país del 5 al 15 de julio de 2010 con el fin de investigar asuntos relacionados con ejecuciones extrajudiciales. Estuve en Quito (Pichincha), Lago Agrio (Sucumbíos) y Guayaquil (Guayas). Con el propósito de obtener un panorama completo y equilibrado de la situación, me reuní con funcionarios de todo nivel, incluyendo el Ministro y Viceministro de Relaciones Exteriores; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos; el Ministro de Coordinación de Seguridad; el Ministro de Gobierno, Policía y Cultos; la Viceministra de Defensa; varios miembros de la Oficina de la Fiscalía General de la Nación; el Procurador General del Estado; el Presidente y miembros de la Asamblea Nacional; el Comandante General de Policía y varias autoridades policiales a lo largo del país; el Inspector General de Policía; el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandantes en Sucumbíos; el Defensor del Pueblo; miembros de la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia y jueces penales provinciales; los Alcaldes de Guayaquil y Lago Agrio; el Gobernador del Guayas; y miembros de la Comisión de la Verdad. Igualmente importantes fueron mis reuniones con los representantes de varias organizaciones humanitarias y de derechos humanos, el equipo de Naciones Unidas del Ecuador y miembros de la comunidad diplomática, líderes religiosos, representantes de asociaciones policiales, testigos, víctimas, académicos/as y otros/as expertos/as independientes. Estoy profundamente agradecido con todas estas personas, así como con el Asesor en Derechos Humanos para el sistema ONU en Ecuador, y su excelente personal.

ONU: Relator ONU demanda no confundir justicia indígena con “linchamientos”

En Informe sobre su visita a Ecuador, advierte que actores de conflicto armado colombiano atacan a comunidades en pueblos fronterizos. También denuncia intimidaciones a líderes indígenas, impunidad y corrupción.

El Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas Philip Alston visitó Ecuador entre el 5 y el 10 de julio, producto de lo cual emitió un informe en el que expresa su preocupación por el incremento de la violencia y la presencia de los actores armados del conflicto colombiano en ese país. También demanda no confundir la justicia indígena con los linchamientos y denuncia amenazas y ataques a líderes comunales, en particular a aquellos que se oponen a las actividades extractivas en sus territorios.

En su Informe, el Relator señala que en Esmeraldas y Sucumbios, frontera con Colombia, la población está expuesta a presiones y abusos de todos lados: las FARC, paramilitares colombianos, narcotraficantes y las fuerzas de seguridad de ambos países.

jueves, 15 de julio de 2010

Colombia: Declaración de la Asamblea Nacional de Salud

Pronunciamiento final de la Asamblea Nacional de salud de los pueblos indígenas ”construyendo alternativas para un buen vivir desde los Pueblos”


DECLARACIÓN PÚBLICA

Los Pueblos Indígenas de Colombia, nuestras autoridades, organizaciones y dirigentes indígenas representados en la Primera Asamblea Nacional de Salud Indígena, convocada por la ONIC, AICO, CIT y OPIAC, en cumplimiento de las Leyes de Origen, el Derecho Mayor y el Derecho Propio, en pleno ejercicio de la libre determinación de los Pueblos, invocando nuestro ejercicio autónomo a ejercer gobiernos propios, buscando proteger la vida, el territorio, los conocimientos ancestrales, promoviendo el fortalecimiento de lo propio, y procurando la unidad de los Pueblos, y

martes, 13 de julio de 2010

ONU: Derecho Humano al Agua

Propuestas indígenas para un efectivo ejercicio del derecho humano al agua

Adopción por la ONU de este derecho es el resultado de un largo proceso de lucha de las organizaciones indígenas y sociales.

El reconocimiento del Derecho Humano al Agua por la Asamblea General de las Naciones Unidas se concretaría antes de finalizar este mes de julio. Se trata de una de las propuestas centrales de los pueblos indígenas y sus organizaciones, guardianes milenarios del agua concebida como fuente de vida.

“Este reconocimiento es el resultado de un largo proceso desarrollado por las propias organizaciones. Recordemos la Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia, el año 2000, cuyo detonante fue la pretendida privatización del abastecimiento municipal del agua. Y la reciente Movilización Plurinacional en Ecuador, uno de cuyos puntos centrales fue el rechazo a una ley de Recursos Hídricos privatizadora, inconstitucional y que no recogía las propuestas de las organizaciones indígenas”, señaló Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

lunes, 12 de julio de 2010

Colombia: Bartolomé Clavero sobre el Pueblo Awá

Visita al Pueblo Awá en Nariño, Colombia

Bartolomé Clavero,
Vicepresidente del Foro Permanente de
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

Como tantos pueblos indígenas de las Américas, el Pueblo Awá sufre la herida de venas abiertas por fronteras ajenas, las estatales de Colombia con Ecuador y, dentro de Colombia, las departamentales entre Nariño y el Putumayo. Hoy se organiza el Pueblo Awá en cuatro entidades, la Federación de Centros Awa del Ecuador (FCAE) y, en Colombia, la Unidad Indígena del Pueblo Awa (UNIPA), el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (ACIPAP). Son organizaciones que hoy se plantean el reto de una unificación transfronteriza comenzando por la formulación del Katsakual Inkal Awa, el Plan de Vida del Gran Pueblo Awá. UNIPA y CAMAWARI han invitado a su territorio a una misión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. La visita se ha efectuado el jueves 8 de julio.

Colombia: 'Grave y preocupante', situación de los indígenas

Esa fue la conclusión del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas (Unpfii).
Los representantes del Foro sostuvieron reuniones del 5 al 9 de julio con delegados de los ministerios del Interior y de Defensa, con la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
Además tuvieron entrevistas en varias regiones del país con representantes de pueblos y organizaciones indígenas, de varias ONG y con agencias del Sistema de Naciones Unidas.
"La situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en  Colombia continua siendo sumamente grave, crítica y profundamente preocupante, a pesar del reconocimiento constitucional de éstos derechos", señaló como principal conclusión de su visita el Unpfii.
Asimismo, advirtió de que el pueblo indígena Awá, que habita en el departamento de Nariño (suroeste), vive una situación de extrema vulnerabilidad por tener invadido su territorio por actores armados.

viernes, 9 de julio de 2010

México: III Congreso Nacional de Comunicación Indígena

III CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN INDIGENA

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 2º.)

Los y las representantes de los distintos medios de comunicación indígena del país, reunidos los días 29 y 30 de junio del presente en el III Congreso Nacional de Comunicación Indígena, en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Ciudad de México, luego de los debates en cuatro mesas de trabajo acordamos emitir el siguiente:

PRONUNCIAMIENTO POLÍTICO

Es bien sabido que los pueblos indígenas, de los que formamos parte, hemos permanecido en constante lucha por conservar la espiritualidad y territorialidad, así como las formas propias de comunicación que han evolucionado en la medida de nuestras posibilidades.

La utilización de tecnologías de difusión y comunicación nos han permitido entrar en un proceso de apropiación de los medios de comunicación que son operados por nuestros pueblos indígenas para contribuir en el desarrollo de nuestras lenguas, así como el fortalecimiento y reivindicación de nuestra cultura y cosmovisión, los cuales tienen una amenaza latente ante la presencia de la globalización.

jueves, 8 de julio de 2010

OACNUDH: Consentimiento es Objetivo de Consulta Previa a Pueblos Indígenas

Consentimiento es objetivo de la consulta y precondición exigible para todo proyecto
Relator Especial de la ONU sobre derechos indígenas se pronuncia acerca de observaciones a la Ley de Consulta formuladas por el Poder Ejecutivo del Perú

James Anaya, Relator Especial de la ONU sobre Derechos Indígenas, emitió una Declaración con respecto a la observación de la Ley de la Consulta (aprobada en el Congreso de la República del Perú el 19 de mayo pasado) por el Presidente Alan García. En su Declaración, el Relator ONU deja claramente establecido que el objetivo de la consulta es lograr el consentimiento de los pueblos indígenas acerca de cualquier medida que los afecte. Este consentimiento –subraya- es una precondición exigible para la ejecución de las medidas consultadas. A continuación, el texto de la Declaración:

Declaración del Relator ONU James Anaya, sobre la Ley de Consulta Previa en Perú

Declaración pública del Relator Especial sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya sobre la “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional de Trabajo” aprobada por el Congreso de la República del Perú.

jueves, 1 de julio de 2010

Belice: Tribunal Supremo Reconoce Derechos de Tierras Ancestrales Mayas


Las comunidades maya del sur de Belice obtuvieron una nueva victoria en el Tribunal Supremo de Justicia con la sentencia del Juez Abdulai Conteh emitida el lunes 28 de junio de 2010. La sentencia reconoce los derechos de tierras de todas las comunidades mayas del distrito de Toledo, al sur de Belice.
La nueva sentencia es la tercera victoria jurídica maya en Belice. La primera fue el informe de fondo de la Comisión Interamericana, en 2004 que avanzó en el establecimiento de un estándar respecto a los derechos de propiedad sobre tierras y recursos indígenas, bajo la Convención Americana de Derechos Humanos.
La segunda victoria maya ocurrió en 2007, cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Belice acogió la demanda de 2 comunidades mayas que reclamaban sus derechos de tierras, tras el incumplimiento del Gobierno de las recomendaciones de la CIDH. Dicha sentencia fue la primera ocasión en que un tribunal aplicó la Declaración de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Aquella sentencia de 2007, pese a ser favorable a los mayas, sin embargo, fue interpretada estrechamente por el Gobierno de Belice, el que consideró que sólo era aplicable a las 2 comunidades demandantes, excluyendo a las restantes.
La nueva sentencia de 2010, viene a completar el cuadro y acoge la demanda planteada por el conjunto de comunidades mayas del distrito de Toledo, al sur de Belice representadas por sus dirigentes la Asociación de Alcaldes Mayas y la Alianza de Líderes Mayas.
Ambas sentencias, de 2007 y 2010, reconocen los derechos de propiedad de las comunidades mayas sobre las tierras que han ocupado, basados en el derecho consuetudinario maya. Y ambas sentencias ordenan al gobierno demarcar y titular las tierras acuerdo a la costumbre y prácticas mayas, y que el estado debe abstenerse de realizar por sí o tolerar de terceros actos que afecten esa propiedad.
Lo que estaba en juego son los derechos sobre más de 500.000 hectáreas de tierras ancestrales mayas, y los intereses en concesiones petroleras, forestales e hidroeléctricas que el Gobierno habia otorgado, sIn consulta ni consentimiento.
La sentencia del 28 de junio de 2010 obliga al Gobierno de Belice a poner freno a cualquier arrendamiento, donación, concesión y contratos que afecten los derechos de las tierras mayas en el Distrito de Toledo.
Concesiones sin consulta ni consentimiento
No solo derechos de tierras explican aquella interpretación estrecha. Las tierras mayas en Belice, son ricas en recursos forestales, aguas y petroleo. En los últimos años el Gobierno de Belice ha otorgado concesiones de explotación de petróleo y construcción de represas, y ha arrendado tierras mayas que consideraba “fiscales”.
Por ejemplo, el Gobierno otorgó concesiones petroleras a la empresa norteamericana Capital Energy, por una superficie que se superpone casi en su totalidad al territorio maya en cuestión. Asimismo en diciembre de 2008 el Gobierno de Belice habia otorgado una concesión para el megaproyecto hidroeléctico de Belize Hydroelectric Development & Management Company , el cual ha sido rechazado por las comunidades mayas.
Tras conocer la sentencia, abogada Antoinette Moore , una de las abogadas que representó a los mayas afirmó: "Yo exhortaría al gobierno a volver atrás y re-examinar si esas concesiones existentes fueron realizadas bajo los parámetros que el Presidente del Tribunal Supremo establece en su sentencia, y estoy bastante segura de que no es así, esto es, que se hizo sin consulta y sin el consentimiento de los titulares de tierras, que son el pueblo maya".
La posesión tradicional.
El caso maya de Belice reviste interés para todos los pueblos indígenas pues se reafirma el reconocimiento de los derechos de propiedad sobre las tierras indígenas fundados en el derecho consuetudinario. La sentencia descartó los argumentos del estado, que alegó que las comunidades mayas no eran originarias del lugar sino antiguos migrantes desde la actual Guatemala. Como es sabido, similares argumentos han sido esgrimidos, por ejemplo, en Argentina, para desconocer derechos territoriales mapuche, a cuento de los procesos de expansión y movilidad territorial mapuche que remontan a los siglos XV y anteriores.
De acuerdo a la sentencia del Presidente del Tribunal Supremo de Belice, tanto Belice como Guatemala son estados postcoloniales y es un hecho históricamente probado el asentamiento maya en toda la región de mesoamérica.
Al formular su decisión, el Juez Conteh dio peso a las pruebas presentadas por los peritos de la parte s mayas, que probaron con documentación etnohistórica, y cartografias realizadas por las comunidades, la existencia de una tenencia consuetudinaria de la tierras.
Un llamado a la reconciliación
La sentencia establece, además, que el Gobierno de Belice tiene la obligación de adoptar medidas positivas para identificar y proteger los derechos de los mayas, y exhorta al Gobierno a trabajar junto con los mayas para desarrollar medidas legislativas, administrativas o de otra índole necesarias para identificar y proteger las tierras mayas tradicionales, de conformidad con las prácticas tradicionales.
El Juez estableció que en el período de tiempo que el Gobierno y los mayas estén trabajando para resolver el sistema de identificación y protección de los derechos a la tierra, el Gobierno deberá cesar y abstenerse de todo acto que pueda conducir agentes del Gobierno o terceros para ofender a la existencia, valor, uso y disfrute de las tierras ocupadas y utilizadas por Maya en sus pueblos, sin su consentimiento informado.
"Es de interés de todos los beliceños que el proceso de reconciliación comience", concluye el Juez Conteh, Presidente del Tribunal Supremo.
Inmediatamente después de la decisión del Tribunal Supremo los representantes de las comunidades desplegaron sus celebraciones. “Hoy celebramos lo que los mayas hemos sabido desde siempre: las tierras son nuestras”, afirma el comunicado las organizaciones indígenas Maya Leaders Alliance y Toledo Alcaldes Association, e instan al gobierno a reconsiderar su postura contradictoria hacia los derechos de la tierra maya, y a sentarse junto a los mayas para desarrollar un proceso claro y eficiente por el cual la propiedad tradicional de la tierra en el sur de Belice puede ser demarcadas.
DESCRIPCION DEL PAIS
Belice (llamado la Hondura Británica hasta 1973), obtuvo su independencia el 21 de septiembre de 1981. Ese año se sancionó su Constitución Política. El país adoptó la Democracia Parlamentaria como sistema de gobierno y es parte de la Mancomunidad Británica de Naciones. La población estimada de Belice al año 2001 era de aproximadamente 247.107 personas.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda la composición étnica de la población es de criollos, Maya y Garífuna.
Constitucionalmente, la Reina de Inglaterra es la cabeza del Estado, y es representada por un Gobernador General, quien debe ser nacional de Belice. Hay un gabinete, compuesto por un Primer Ministro, otros ministros y Ministros de Estado, designados por el Gobernador General bajo el Consejo del Primer Ministro, quien dirige al partido mayoritario en la Cámara de Diputados.
El sistema judicial de Belice está basado en el sistema de precedente anglosajón o common law. Los procedimientos civiles y penales son esencialmente orales, de tipo adversarial.