Colombia: Bartolomé Clavero sobre el Pueblo Awá

Visita al Pueblo Awá en Nariño, Colombia

Bartolomé Clavero,

Vicepresidente del Foro Permanente de

Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

Como tantos pueblos indígenas de las Américas, el Pueblo Awá sufre la herida de venas abiertas por fronteras ajenas, las estatales de Colombia con Ecuador y, dentro de Colombia, las departamentales entre Nariño y el Putumayo. Hoy se organiza el Pueblo Awá en cuatro entidades, la Federación de Centros Awa del Ecuador (FCAE) y, en Colombia, la Unidad Indígena del Pueblo Awa (UNIPA), el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (ACIPAP). Son organizaciones que hoy se plantean el reto de una unificación transfronteriza comenzando por la formulación del Katsakual Inkal Awa, el Plan de Vida del Gran Pueblo Awá. UNIPA y CAMAWARI han invitado a su territorio a una misión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. La visita se ha efectuado el jueves 8 de julio.

Hay activada una alarma internacional sobre la situación de riesgo para su propia supervivencia en la que se encuentra el Pueblo Awá. Últimamente han mostrado su preocupación al respecto el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, y el Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, Francis Deng. Con toda consecuencia, un oficial de esta alta asesoría ha acompañado a la misión del Foro Permanente. La observación de la situación de riesgo de extinción que atraviesa el Pueblo Awá en Colombia ha sido uno de los motivos expresos de la misión. Al contrario de lo que se hizo el año pasado por las misiones del Foro Permanente a Paraguay y Bolivia para observar la situación del Pueblo Guaraní, en esta ocasión la misión no se ha extendido al Ecuador. El Foro Permanente aceptó y agradeció al Pueblo Awá la invitación a la visita de su territorio en Colombia.

La visita ha sido en concreto a la localidad de El Diviso, la capital Awá en Colombia, en el Predio El Verde del Resguardo El Gran Sábalo. Asistieron sus autoridades, otros representantes indígenas, miembros de las comunidades, oficiales de algunas agencias de Naciones Unidas y una representación del Gobierno encabezada por el Director General de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior y Justicia. El saludo y la despedida de este representante gubernamental fueron elocuentes. Saludo y despedida digo porque se le rogó que abandonase la reunión entre la misión del Foro y la representación indígena, lo que hizo. Fueron saludo y despedida intrusistas y prepotentes. Se permitió decir algo tan ofensivo como que allí se expresaban tan sólo “opiniones de los indígenas presentes”. Luego expresaría su opinión institucional en el sentido de que, si no se llega a acuerdos de protección de “las minorías étnicas”, es porque “las agencias internacionales se interfieren”. También afirmó en la reunión que los Awá podían verse con nosotros porque el Gobierno se lo permitía. A la hora de la verdad, entre continuas protestas de respeto de los derechos indígenas, a los indígenas les tiene el Gobierno de Colombia por incapaces de representación propia y de determinación por sí mismos. Es un factor que ayuda a entender la grave situación a la que está conduciéndose a éste como otros pueblos indígenas en Colombia bajo la apariencia afanosa de respeto a sus derechos por parte del Gobierno. El racismo sigue no sólo latente, sino incluso operativo.

En la reunión a solas de la parte Awá y el Foro Permanente se redundó ante todo en información que ya se había anticipado. Desde Pasto, la capital de Nariño, el 9 de abril, la UNIPA dirigió un Comunicado a la Opinión Pública Nacional e Internacional dando noticia de las matanzas sufridas por parte de la guerrilla durante el año 2009. Reclamaba los cadáveres aún en manos de la Fiscalía General de la Nación y exigía “la desmilitarización inmediata” del territorio Awá mediante la evacuación de todas las fuerzas beligerantes, inclusive del ejército colombiano “ya que su presencia ha provocado mayor riesgo y vulnerabilidad”. Entonces ya se recalcaba que “las situaciones que atentan contra nuestra pervivencia física y cultural siguen sucediendo”. La información añadida en la reunión de El Diviso confirmaba y complementaba. La UNIPA mostró su disponibilidad a concertar la defensa de su territorio con el Gobierno colombiano. El Ministerio de Defensa Nacional se niega en redondo pese a que la Corte Constitucional le tiene ordenado que “analice objetivamente y subsane las razones” de la desconfianza indígena.

La ocupación militar del territorio indígena no sólo resulta disruptiva de la vida comunitaria, sino que también contribuye a la fuerte presión sobre las comunidades para que abandonen su territorio. Las del Pueblo Awá sufren pérdida de control territorial por confinamiento y desplazamiento. En El Diviso hay familias desplazadas de comunidades del Putumayo. En Nariño y hacia el norte, en toda la zona del Pacífico colombiano, se constata una inquietante continuidad entre acoso militar y paramilitar, desplazamiento de comunidades, tanto indígenas como afrodescendientes, e invasión de las tierras por empresas de agrocombustibles, hidrocarburos, forestales, etc. La inquietud se incrementa con la constancia añadida de que el Gobierno ahora saliente intentó una legalización que sellase la invasión empresarial mediante un Estatuto de Desarrollo Rural afortunadamente declarado inexequible por la Corte Constitucional. Dada la línea de esta Corte garantizando derechos indígenas, si hay genocidio en curso, no lo es ciertamente de Estado, pero elementos del Estado no escapan a una responsabilidad de agentes múltiples, desde la guerrilla hasta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con su Instituto de Desarrollo Rural, antes de Reforma Agraria.

El Pueblo Awá se encuentra enormemente debilitado en Colombia para defenderse a sí mismo no sólo por la envergadura de la agresión que afronta ni tampoco tan solamente porque esté dividido entre fronteras estatales y departamentales. La división es también interna en resguardos discontinuos que distan de cubrir la integridad del territorio Awá en Colombia. Suele entenderse que es la Constitución la que establece un sistema que, como el de resguardos, es de matriz colonial, pero la misma realmente prevé su conversión en entidades territoriales indígenas, en territorios que pudieran corresponderse mejor con la geografía de los pueblos. La Corte Constitucional ha insistido en que tales entidades no deben subordinarse a la administración municipal pues, al atender derechos de pueblos, son de rango incluso superior, pero el Gobierno saliente ha seguido una línea de supeditación de los resguardos a los municipios con grave afectación de la autonomía indígena. El Departamento de Nariño no es excepción, como se puso de relieve en nuestra visita. Por el Gobierno del Municipio de Tumaco se intentó justificar la creciente subordinación y alarmante discapacitación de los resguardos Awá con doctrinas del Consejo de Estado y decretos del Gobierno como si la Constitución no existiera.

La Constitución de Colombia está neutralizándose en todo cuanto interesa a los pueblos indígenas. La misma prevé una Ley de Ordenación Territorial que habría de abrir el espacio para las entidades territorial indígenas. Casi veinte años después, tal Ley no existe, lo que permite al Gobierno la imposición de políticas degradatorias de las comunidades indígenas a espaldas de la Constitución. No se piense que la solución está en la Ley. De parte indígena hay también oposición a la misma por la razón muy sencilla de no dejar en manos de un Congreso con mínima representación propia las decisiones constituyentes de los territorios indígenas. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la más representativa de los pueblos afectados, reclama un acuerdo bilateral con el Ejecutivo que luego se estudiaría cómo formalizar para que no hubiera interferencia del Legislativo. Como por la misma ONIC se nos ha explicado, la democracia es cosa completa cuando hay pluralidad de pueblos en un solo Estado. En rigor, esta posición sintoniza mejor que la de simple ejercicio del Poder Legislativo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el de Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que, según viene insistiendo la Corte Constitucional, tiene rango constitucional en Colombia. El Pueblo Awá no está sólo. Su posición indudablemente se fortalecería con un Gobierno que aceptase el planteamiento del la ONIC. El entrante en estas semanas no suscita muchas esperanzas a este respecto.

Con su trasfondo racista, el Gobierno colombiano culpa a las organizaciones indígenas de que las cosas no avancen. En el caso Awá está acordado un Plan de Salvaguarda frente a la situación de riesgo, plan exigido por la Corte Constitucional. El Gobierno se queja de que la UNIPA elude la firma. La UNIPA es organización que de hecho suple la falta de reconocimiento de territorio íntegro con autogobierno propio, lo que desde luego facilitaría relaciones y acuerdos. Antes de comprometerse, la UNIPA, requiere la necesaria dotación presupuestaria y una audiencia de la Corte Constitucional que respalde el Plan de Salvaguarda del Pueblo Awá y así sirva para comprometer al Gobierno. Las explicaciones que éste ofrece caricaturizan la situación hablando de desencuentros por las dificultades de acudir a zona Awá y por algún resfriado que obligó a cancelar alguna visita. Mientras tanto, por confinamientos y desplazamientos, la infancia Awá padece desnutrición; hay niñas embarazadas por agentes del conflicto armado, familias depauperadas, comunidades incapacitadas, comportamientos militares contra garantías constitucionales, reclutamiento forzado incluso de niños, asesinatos selectivos, muertes por minas antipersonales, detenciones arbitrarias, rapto de cadáveres, invasión de cultivos legales e ilegales o realmente ilegales todos, fumigaciones destructoras de cultivos alimenticios y de plantas medicinales, contaminación de aguas, etc., etc. De todo esto se nos dio testimonio vivo en la reunión del Resguardo El Gran Sábalo.

En la reunión con el Pueblo Awá se nos presentó un documento recomendando recomendaciones para nuestro informe, entre las que se encuentra el requerimiento de que los instrumentos internacionales reconozcan claramente “el derecho de los Pueblos Indígenas a vetar proyectos mineros, de ley, de infraestructura y demás que afecten nuestra identidad física y cultural”, así como el de que el Gobierno colombiano garantice el derecho “a la reparación individual y colectiva al pueblo indígena Awá” por los enormes daños sufridos. Todo sumado, el documento Awá reitera la reclamación dirigida a las instancias internacionales de derechos humanos de “dar seguimiento periódico y documentado del genocidio al que nos estamos enfrentando los pueblos indígenas en Colombia”. Con un evidente cansancio por la sucesión de pronunciamientos internacionales sin efectos tangibles, el Pueblo Awá hace un ruego: “Que el diálogo entre el Foro Permanente y el Gobierno Nacional no se limite a establecer espacios de reuniones cuyos resultados no se observan en el territorio en términos de protección de nuestra integridad física y cultural”, esto es, en suma, de prevención y sanción del genocidio.

Fuente CAOI