Comité de Expertos en
Tratados y Convenios de la OIT
Observaciones, CEACR /80ª Reunión
(Publicación
febrero de 2010)
La Comisión
toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas
de la Conferencia en junio de 2009 y de las conclusiones resultantes de la
Comisión de la Conferencia. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones
de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), de fecha 23 de
julio de 2009, que fueron comunicadas al Gobierno el 31 de agosto de 2009.
Estas observaciones fueron formuladas con el aporte de la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación
Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), la Confederación
Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), y
organizaciones no gubernamentales que forman parte del Grupo de Trabajo de los
pueblos indígenas promovido por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
La Comisión recuerda igualmente que en su observación anterior no consideró la
memoria del Gobierno en su integridad debido a su recepción tardía y, por lo
tanto, la examinará, en su caso, en la presente observación, junto con la
última memoria. La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia,
tras señalar que la Comisión lleva años formulando comentarios en los que
expresa su preocupación acerca de los problemas persistentes en lo que respecta
a la aplicación del Convenio en diversas esferas, expresó su grave preocupación
por los incidentes acaecidos en Bagua e instó a todas las partes a abstenerse
de ejercer la violencia. Observó que la situación actual del país surge en
relación con la promulgación de decretos legislativos relativos a la
explotación de recursos naturales en territorios tradicionalmente ocupados por
pueblos indígenas e instó al Gobierno a que establezca inmediatamente un
diálogo con las instituciones representativas delos pueblos indígenas en un
clima de confianza y respeto mutuo. Le exhortó asimismo a que establezca los
mecanismos de diálogo requeridos en el Convenio, con el fin de asegurar que la
consulta y la participación sean sistemáticas y efectivas.
Además, exhortó
al Gobierno a que elimine en la legislación las ambigüedades en cuanto a la
identificación de los pueblos abarcados por ella y le instó a que adopte las
medidas necesarias para que, sin demora, ponga la legislación y la práctica nacionales
de conformidad con el Convenio. A tal respecto, la Comisión de la Conferencia
pidió al Gobierno que elabore un plan de acción en consulta con las instituciones
representativas de los pueblos indígenas.
La
Comisión comparte la profunda preocupación de la Comisión de la
Conferencia respecto de los incidentes que se produjeron en Bagua en junio de
2009 y considera que estos hechos están relacionados con la adopción de
decretos que afectan a los derechos de los pueblos cubiertos por el Convenio
sobre sus tierras y recursos naturales, sin su consulta y participación. La
Comisión toma nota que tanto el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la
situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
indígenas como el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la
Discriminación Racial han expresado preocupaciones parecidas sobre la situación
de los pueblos indígenas en el país (véase respectivamente los documentos
A/HRC/12/34/Add.8, 18 de agosto de 2009, y CERD/C/PER/CO/14-17, 31 de agosto de
2009). La Comisión recuerda que la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno
que realizase más esfuerzos para garantizar sin discriminación los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas de conformidad
con sus obligaciones en el marco del Convenio. La Comisión considera que una
investigación pronta e imparcial de los hechos ocurridos en Bagua es indispensable
para asegurar la existencia de un clima de mutua confianza y respeto entre las
partes, que es un requisito imprescindible para instaurar un dialogo auténtico
a fin de buscar soluciones concertadas, tal como requiere el Convenio. La
Comisión insta, por lo tanto, al Gobierno a que tome sin demora las medidas
necesarias para que se investiguen de manera eficaz e imparcial los
acaecimientos de Bagua de junio de 2009 y a que proporcione
información específica sobre el particular.
Artículo 1 del
Convenio. Pueblos cubiertos por el Convenio. La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno indica, tal
como ya lo hizo durante la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la
Conferencia, que se elaboró un Proyecto de Ley Marco de los Pueblos Indígenas u
Originarios del Perú, que establece una definición de pueblos indígenas u
originarios, con el fin de eliminar las ambigüedades en la legislación nacional
en cuanto a la identificación de los pueblos abarcados por ella. La Comisión
toma nota de que el artículo 3 del Proyecto contiene dicha definición mientras
que el artículo 2 declara que los pueblos indígenas u originarios del Perú
comprenden «a las denominadas comunidades campesinas y comunidades nativas; así
como a los indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto
inicial; asimismo se aplica a quienes se autoidentifican como descendientes de
las culturas ancestrales asentadas en las zonas de costa, sierra y selva
peruana». La Comisión toma nota de que, si bien la definición contenida en el
artículo 3 del Proyecto reproduce los elementos objetivos de la definición del
Convenio, en este artículo no se hace referencia al criterio fundamental de la
autoidentificación, a diferencia del artículo 2. La Comisión nota igualmente
que entre los elementos objetivos de la definición prevista por el Proyecto
aparece la referencia a que estos pueblos «se encuentran en posesión de un área
de tierra» que no figura en el Convenio. Al respecto, la Comisión desea
resaltar que el artículo 13 del Convenio hace hincapié en la importancia
especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos
interesados reviste «su relación con las tierras o territorios que ocupan o
utilizan de alguna otra manera». La Comisión señala además a la atención del
Gobierno que el artículo 14, párrafo 1), del Convenio y, en particular,
la expresión «las tierras que tradicionalmente ocupan» utilizada en este
artículo, tiene que leerse junto con el artículo 14,párrafo 3) en
materia de reivindicaciones de tierras, en el sentido que el Convenio abarca
igualmente situaciones en que los pueblos indígenas y tribales hayan perdido
recientemente la ocupación de sus tierras o hayan sido recientemente expulsados
de ellas. La Comisión insta por lo tanto al Gobierno a que armonice, en
consulta con los pueblos indígenas, la definición contenida en el Proyecto de
Ley Marco de los Pueblos Indígenas u Originarios del Perú con el Convenio.
Sírvase también
proporcionar información sobre la manera en que se aseguró la consulta y la
participación efectivas de los pueblos indígenas en la elaboración de dicho
proyecto. Asimismo, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que proporcione
información sobre las medidas adoptadas para asegurar que todos los que estén
comprendidos en el artículo 1 del Convenio queden cubiertos por todas sus
disposiciones y gocen de los derechos contenidos en el mismo en igualdad de
condiciones.
Artículos 2 y
6. Acción coordinada y sistemática y consulta. Plan de acción. Con relación a la solicitud de la Comisión de la
Conferencia acerca de la elaboración de un plan de acción en consulta con las
instituciones representativas de los pueblos indígenas, la Comisión toma nota
de la indicación del Gobierno respecto a que se ha presentado una propuesta de
líneas marco para el desarrollo de un plan de acción orientado a dar solución a
las principales observaciones formuladas por los órganos de control de la OIT.
Aunque en la memoria se afirme que el Plan de Acción debe elaborarse en
colaboración con los representantes de los pueblos indígenas, la Comisión nota
que no hay información sobre la manera en que se procederá a establecer la
participación de los pueblos indígenas en este proceso y que se contempla una
«reunión con los representantes de las organizaciones indígenas» con relación a
la fase de ejecución de dicho Plan.
La Comisión
toma nota, igualmente, de la creación de varios órganos que, según la memoria
del Gobierno, tienen el fin de instaurar el diálogo con los pueblos indígenas
amazónicos y andinos. La Comisión toma nota de que en marzo de 2009 se
constituyó la Mesa de Diálogo Permanente entre el Estado y los Pueblos
Indígenas de la Amazonía Peruana que, según lo dispuesto por el artículo 2 del
decreto supremo núm. 002-2009-MIMDES que la crea, «podrá» ser conformada por
los representantes de los pueblos indígenas. Toma nota, asimismo, de la
Comisión Multisectorial para abordar la problemática indígena amazónica
(decreto supremo núm. 031-2009-PCM, de 19 de mayo de 2009) y nota que en el
acta de instalación y primera sesión ordinaria de la Comisión referida no
figuran representantes indígenas. Toma nota, además, de la Mesa para el
Desarrollo Integral de los Pueblos Andinos (RS 133-2009-PCM, de 24 de junio de
2009), de la Mesa de Diálogo para el Desarrollo Integral de los Pueblos Andinos
en Extrema Pobreza (RS 135-2009-PCM, de 26 de junio de 2009) y del Grupo
Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, que se
encarga de la formulación de un plan integral de desarrollo sostenible para
dichos pueblos (resolución suprema núm. 117-2009-PCM, de 26 de junio de 2009).
En lo que atañe a este último órgano, la Comisión toma nota de que el Grupo
referido creó cuatro mesas de trabajo sobre la conformación de la Comisión
Investigadora de los hechos de Bagua, revisión de los decretos legislativos,
mecanismos de consulta y plan nacional de desarrollo de la Amazonía. La
Comisión toma nota igualmente de las preocupaciones expresadas por la
Defensoría del Pueblo acerca del estado del proceso de diálogo establecido en
el marco de dicho Grupo.
La Comisión no
dispone de información suficiente para valorar el nivel de participación que se
ha asegurado a los pueblos indígenas en el marco de los varios órganos
anteriormente mencionados. Sin embargo, la Comisión considera que los elementos
referidos parecen indicar que, por lo menos en algunos casos, la participación
de los pueblos indígenas, a través de sus legítimos representantes, y el
diálogo entre las partes no son efectivos. La Comisión también expresa su preocupación
acerca de que la proliferación de órganos con competencias, a veces
coincidentes, pueda minar el desarrollo de una respuesta coordinada y
sistemática a los problemas relativos a la protección y garantía de los
derechos de los pueblos indígenas consagrados en el Convenio. La Comisión
insta al Gobierno a que asegure la plena y efectiva participación
y consulta de los pueblos indígenas, a través de sus instituciones
representativas, en la elaboración del Plan de acción referido,
conforme a los artículos 2 y 6 del Convenio, con el fin de abordar de manera
coordinada y sistemática los problemas pendientes respecto de la
protección de los derechos de los pueblos cubiertos por el Convenio y
poner la legislación y la práctica nacionales de conformidad con el Convenio.
La Comisión solicita igualmente al Gobierno que proporcione información sobre
el particular y sobre las actividades de los diversos órganos referidos,
indicando la manera en que se asegura la participación de los pueblos
interesados y la coordinación entre las actividades de estos órganos así como
entre las actividades de estos órganos y la elaboración del Plan de acción.
Sírvase
facilitar copia del Plan de acción referido en cuanto se haya finalizado.
Artículos 2 y
33. INDEPA. La Comisión se refiere a su
observación anterior en la cual había tomado nota de las alegaciones de la CGTP
respecto de la falta de poder real del Instituto Nacional de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuano (INDEPA). La Comisión toma nota de que, según la
comunicación de la CGTP de 2009, aunque se haya restablecido la autonomía
administrativa del INDEPA, no se ha restablecido la participación de indígenas
en su Consejo Directivo y no se han desarrollado políticas concertadas sobre
ningún tema que afecte a los pueblos indígenas. La CGTP alega igualmente que no
existen espacios destinados a concertar dichas políticas. La Comisión toma nota
de la indicación del Gobierno acerca de la constitución, mediante resolución
ministerial núm. 277-2009-MIMDES, de una comisión sectorial encargada de
elaborar un nuevo proyecto de «Reglamento de Organización y Funciones del
INDEPA». La Comisión nota que esta Comisión está conformada por el Viceministro
de Desarrollo Social del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES),
el Presidente Ejecutivo del INDEPA y el Director General de la Oficina General
de Planificación y Presupuesto del MIMDES y que se le reconoce la facultad de
invitar a especialistas y representantes de diversas instituciones del sector
público y privado. La Comisión nota que en la resolución referida no hay
ninguna referencia explícita a la participación de los pueblos indígenas. La
Comisión toma nota igualmente de que la reforma del INDEPA también se contempla
en las líneas marco para el desarrollo del Plan de Acción mencionadas
anteriormente. La Comisión recuerda al Gobierno que los pueblos indígenas deben
participar en el diseño de los mecanismos de diálogo y se refiere igualmente a
las preocupaciones expresadas anteriormente respecto de la coordinación entre
diferentes órganos y actividades. La Comisión insta al Gobierno a que
asegure la participación efectiva de las instituciones representativas de
los pueblos indígenas en el diseño y puesta en práctica de los mecanismos de
diálogo y los otros mecanismos necesarios para administrar
coordinada y sistemáticamente los programas que afecten a los pueblos
indígenas, incluida la reforma del INDEPA. La Comisión solicita igualmente al
Gobierno que se asegure que tales mecanismos dispongan de los medios necesarios
para el cabal desempeño de sus funciones y de independencia e influencia real
en los procesos de adopción de decisiones. Sírvase proporcionar informaciones
sobre las medidas adoptadas al respecto.
Artículos 6 y
17. Consulta y legislación. En su observación
anterior acerca de la adopción sin consulta de los decretos legislativos núms.
1015 y 1073, la Comisión expresó su preocupación por el hecho que todavía se
reciban comunicaciones alegando la falta de consultas previas respecto de la
adopción de las medidas contempladas en los artículos 6 y 17, 2), del
Convenio e instó al Gobierno a avanzar, a la mayor brevedad, con la
participación de los pueblos indígenas, en el diseño de mecanismos apropiados
de participación y consulta. La Comisión toma nota de que, en su comunicación
de 2009, la CGTP indica que no se han establecido los mecanismos de consulta
previa y, en consecuencia, los pueblos indígenas no cuentan con la posibilidad
de participar en la toma de decisiones específicas que los afectan. La Comisión
toma nota de la derogación de los decretos legislativos núms. 1015 y 1073 sobre
las condiciones para disponer del territorio comunal, mediante ley núm. 29261
de septiembre de 2008, y de los decretos legislativos núms. 1090 y 1064, que
aprueban respectivamente la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y el Régimen
Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario, mediante ley
núm. 29382 de junio de 2009. La Comisión toma nota de la indicación del
Gobierno respecto a que las mesas de trabajo creadas en el marco del Grupo
Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos están
encargadas, entre otros, de la revisión de los decretos legislativos y de la
cuestión de la consulta previa. Sin embargo, la Comisión entiende que el tema
de la consulta se aborda también en el Proyecto de Ley Marco de los Pueblos
Indígenas u Originarios del Perú. La Comisión toma nota, igualmente, del
proyecto de ley núm. 3370/2008-DP, de fecha 6 de julio de 2009, en materia de
consulta presentado por la Defensoría del Pueblo ante el Congreso.
La Comisión
insiste sobre la necesidad de que los pueblos indígenas y tribales participen y
sean consultados antes de la adopción de medidas legislativas o administrativas
que puedan afectarles directamente, incluso respecto de la elaboración de
disposiciones sobre los procesos de consulta, y que la normativa sobre la
consulta refleje, en particular, los elementos contenidos en los artículos 6,
7, 15 y 17, párrafo 2), del Convenio. Se refiere igualmente a sus comentarios anteriores
acerca de la necesidad de un enfoque coordinado y sistemático. La Comisión
insta al Gobierno a establecer, con la participación de los pueblos
interesados, los mecanismos de participación y consulta que requiere el
Convenio. Le solicita igualmente que proporcione información sobre la manera en
que se asegura la participación y consulta de los pueblos referidos en la
elaboración de la normativa concerniente a la consulta. La Comisión solicita al
Gobierno que informe sobre todos los progresos que se realicen a este respecto.
Recordando que la Comisión de laConferencia acogió con agrado el hecho de que
el Gobierno solicitase asistencia técnica, la Comisión le alienta a avanzar en
esta dirección.
Artículos 2, 6,
7, 15 y 33. En su observación anterior,
la Comisión había tomado nota de que las comunicaciones recibidas se referían a
numerosas y graves situaciones de conflictos relacionados con un gran
incremento de la explotación de los recursos naturales que se encuentran en las
tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, sin que estos
pueblos participen en dicha explotación y sin realizar consultas con ellos a
este respecto. La Comisión toma nota de que, en su comunicación de 2009, la
CGTP se refiere a la indicación de la Defensoría del Pueblo respecto a que se
registra un incremento de los conflictos socioambientales en el país y señala
que estos conflictos se concentran en las áreas indígenas y están relacionados
con el acceso y el control de los recursos naturales. La CGTP sostiene que el
Estado peruano mantiene una lógica de imposición vertical de sus proyectos en
los territorios amazónicos y andinos. Indica que las políticas de desarrollo no
contemplan garantías adecuadas en materia de protección del medio ambiente de
los pueblos indígenas y que el Ministerio del Ambiente no tiene competencia
para intervenir en las políticas del sector energía y minas. Se refiere a una
sentencia del Tribunal Constitucional (exp. núm. 03343-2007-PA-TC), en el
proceso seguido por el Gobierno regional de San Martín contra diversas empresas
petroleras y el Ministerio de Energía y Minas respecto de la realización de
actividades hidrocarburíferas en un área de conservación regional, en la cual,
tomando en cuenta lo dispuesto por el Convenio, se reafirma el derecho de los
pueblos indígenas a ser consultados antes de emprender cualquier proyecto que
pudiera afectarlos y se hace referencia igualmente al artículo 2, inciso 19, de
la Constitución que obliga al Estado a proteger la pluralidad étnica y cultural
existente en la Nación (párrafo 28). Se refiere además a varios «casos
emblemáticos» de actividades de exploración y explotación de recursos naturales
que afectan a los pueblos indígenas, como el pueblo indígena en aislamiento
voluntario Cacataibo, los pueblos Awajun y Wampís y las comunidades de la provincia
de Chumbivilcas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno respecto a
que el Estado peruano entiende la consulta como «los procesos por los que se
intercambian puntos de vista» y ha llevado a cabo una serie de talleres de
socialización. La Comisión toma nota igualmente de que el Gobierno se refiere
al decreto núm. 012-2008-MEM (Reglamento de participación ciudadana en
actividades de hidrocarburos) según el cual la finalidad de la consulta es «llegar
al mejor entendimiento sobre los alcances del proyecto y sus beneficios», la
cual es mucho más limitada que lo dispuesto en el Convenio.
La Comisión
desea resaltar que el artículo 6 del Convenio dispone que las consultas
deben tener la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento
acerca de las medidas propuestas. Si bien el artículo 6 del Convenio no
requiere que se logre el consenso en el proceso de consulta previa, sí se
requiere, como lo subrayó esta Comisión en su observación general sobre el
Convenio de 2008, que la forma y el contenido de los procedimientos y
mecanismos de consulta permitan la plena expresión de las opiniones de los
pueblos interesados «a fin de que puedan influir en los resultados y se pueda
lograr un consenso». La Comisión desea resaltar que el Convenio requiere que se
establezca un diálogo genuino entre las partes interesadas que permita buscar
soluciones concertadas y que, si se cumplen estos requisitos, las consultas
pueden desempeñar un papel decisivo en la prevención y resolución de
conflictos. Asimismo, la Comisión subraya que meras reuniones de información o
socialización no cumplen con los requisitos del Convenio. La Comisión considera
que el decreto supremo núm. 020-2008-EM que regula la participación ciudadana
en el subsector minería presenta limitaciones similares. La Comisión nota,
además, que dicho decreto contempla la posibilidad de la participación
ciudadana con posterioridad al otorgamiento de la concesión minera y considera
que no cumple con lo previsto por el Convenio.
La Comisión
insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para poner la legislación y la práctica nacional de conformidad con los
artículos 2, 6, 7 y 15 del Convenio, teniendo en cuenta el derecho de los
pueblos cubiertos por el Convenio a establecer sus propias prioridades y
participar en los planes y programas de desarrollo nacional y
regional. Recordando que la Comisión de la Conferencia acogió con agrado el
hecho de que el Gobierno solicitase asistencia técnica, la
Comisión alienta al Gobierno a avanzar en esta dirección. Asimismo, le solicita
que:
i) suspenda las
actividades de exploración y explotación de recursos naturales que afectan a
los pueblos cubiertos por el Convenio en tanto no se asegure la participación y
consulta de los pueblos afectados a través de sus instituciones representativas
en un clima de pleno respeto y confianza, en aplicación de los artículos 6, 7 y
15 del Convenio;
ii) proporcione
mayores informaciones sobre las medidas tomadas, en cooperación con los pueblos
indígenas, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que
habitan, conforme al artículo 7, párrafo 4) del Convenio, incluyendo
información sobre la coordinación entre el Organismo Supervisor de Inversiones
en
Energía y
Minería (OSINERGMIN) del Ministerio de Energía y Minas y el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente, y
iii) suministre
copia del decreto supremo núm. 002-2009-MINAM, de 26 de enero de 2009, que
regula la participación y la consulta ciudadana en asuntos ambientales.
En lo
concerniente a los beneficios de las actividades extractivas, la Comisión toma
nota de la información proporcionada por el Gobierno acerca del sistema de
regalía minera, canon minero y derecho de vigencia. La Comisión toma nota
igualmente de que, en su comunicación de 2009, la CGTP indica que este sistema
permite la distribución de los beneficios dentro del aparato estatal sin que
ningún beneficio directo vaya a las comunidades afectadas.
La Comisiónsolicita
al Gobierno que proporcione información sobre las medidas específicas adoptadas
con miras a asegurarse de que los pueblos interesados participen en los
beneficios reportados por las actividades de explotación de los recursos
naturales existentes en sus tierras y perciban una indemnización equitativa por
cualquier daño que puedan sufrir como resultado de estas actividades.
Artículo 14.
Decreto legislativo núm. 994. La
Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la CGTP en su
comunicación de 2009 acerca del decreto legislativo núm. 994 «que promueve la
inversión privada en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera
agrícola». La Comisión toma nota, en particular, de que dicho decreto estipula
un régimen especial para promover la inversión privada en proyectos de
irrigación de tierras eriazas con aptitud agrícola de propiedad del Estado. La
Comisión nota que, según el artículo 3 del decreto, son de propiedad del Estado
todas las tierras eriazas con aptitud agrícola, salvo aquellas sobre las que
exista título de propiedad privada o comunal inscrito en los registros
públicos. La Comisión nota con preocupación que dicha disposición
no tutela los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales
en los casos en que carecen de un título formal de propiedad. La Comisión
recuerda que en virtud del Convenio la ocupación tradicional confiere derecho a
la tierra independientemente de que tal derecho se hubiera reconocido o no y
que, en consecuencia, el artículo 14 del Convenio protege no sólo a las
tierras sobre las cuales los pueblos interesados ya tienen título de propiedad
sino también a las tierras que tradicionalmente ocupan. La Comisión
insta al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias para determinar las
tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y
garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión,
inclusive a través del acceso efectivo a procedimientos adecuados para
solucionar sus reivindicaciones de tierras.
Sírvase
proporcionar información sobre las medidas adoptadas al respecto.
Artículo 31.
Medidas educativas. En sus
comentarios anteriores la Comisión expresó su preocupación por algunas
declaraciones que pudieran generar prejuicios o inexactitudes respecto de los
pueblos indígenas. La Comisión toma nota con igual preocupación de
las indicaciones de la CGTP, contenidas en su comunicación de 2009, respecto de
que se ha continuado observando que la autoridad pública adopta una actitud
discriminatoria y agresiva hacia los pueblos indígenas.
La Comisión
insta al Gobierno a que adopte medidas urgentes de carácter educativo en todos
los sectores de la comunidad nacional con el fin de eliminar los prejuicios que
pudieran tener con respecto a los pueblos cubiertos por el Convenio con arreglo
al artículo 31 del mismo.
La Comisión
plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.
[Se invita al
Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en
2010.]
La Comisión
toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas
de la Conferencia en junio de 2009 y de las conclusiones resultantes de la
Comisión de la Conferencia. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones
de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), de fecha 23 de
julio de 2009, que fueron comunicadas al Gobierno el 31 de agosto de 2009.
Estas observaciones fueron formuladas con el aporte de la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación
Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), la Confederación
Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), y
organizaciones no gubernamentales que forman parte del Grupo de Trabajo de los
pueblos indígenas promovido por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
La Comisión recuerda igualmente que en su observación anterior no consideró la
memoria del Gobierno en su integridad debido a su recepción tardía y, por lo
tanto, la examinará, en su caso, en la presente observación, junto con la
última memoria. La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia,
tras señalar que la Comisión lleva años formulando
comentarios en
los que expresa su preocupación acerca de los problemas persistentes en lo que
respecta a la aplicación del Convenio en diversas esferas, expresó su grave
preocupación por los incidentes acaecidos en Bagua e instó a todas las partes a
abstenerse de ejercer la violencia. Observó que la situación actual del país
surge en relación con la promulgación de decretos legislativos relativos a la
explotación de recursos naturales en territorios tradicionalmente ocupados por
pueblos indígenas e instó al Gobierno a que establezca inmediatamente un
diálogo con las instituciones representativas delos pueblos indígenas en un
clima de confianza y respeto mutuo. Le exhortó asimismo a que establezca los
mecanismos de diálogo requeridos en el Convenio, con el fin de asegurar que la
consulta y la participación sean sistemáticas y efectivas.
Además, exhortó
al Gobierno a que elimine en la legislación las ambigüedades en cuanto a la
identificación de los pueblos abarcados por ella y le instó a que adopte las
medidas necesarias para que, sin demora, ponga la legislación y la práctica nacionales
de conformidad con el Convenio. A tal respecto, la Comisión de la Conferencia
pidió al Gobierno que elabore un plan de acción en consulta con las instituciones
representativas de los pueblos indígenas.
La Comisión
comparte la profunda preocupación de la Comisión de la
Conferencia respecto de los incidentes que se produjeron en Bagua en junio de
2009 y considera que estos hechos están relacionados con la adopción de
decretos que afectan a los derechos de los pueblos cubiertos por el Convenio
sobre sus tierras y recursos naturales, sin su consulta y participación. La
Comisión toma nota que tanto el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la
situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
indígenas como el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la
Discriminación Racial han expresado preocupaciones parecidas sobre la situación
de los pueblos indígenas en el país (véase respectivamente los documentos
A/HRC/12/34/Add.8, 18 de agosto de 2009, y CERD/C/PER/CO/14-17, 31 de agosto de
2009). La Comisión recuerda que la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno
que realizase más esfuerzos para garantizar sin discriminación los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas de conformidad
con sus obligaciones en el marco del Convenio. La Comisión considera que una
investigación pronta e imparcial de los hechos ocurridos en Bagua es
indispensable para asegurar la existencia de un clima de mutua confianza y
respeto entre las partes, que es un requisito imprescindible para instaurar un
dialogo auténtico a fin de buscar soluciones concertadas, tal como requiere el
Convenio. La Comisión insta, por lo tanto, al Gobierno a que tome sin
demora las medidas necesarias para que se investiguen de manera
eficaz e imparcial los acaecimientos de Bagua de junio de 2009 y
a que proporcione información específica sobre el particular.
Artículo 1 del
Convenio. Pueblos cubiertos por el Convenio. La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno indica, tal
como ya lo hizo durante la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la
Conferencia, que se elaboró un Proyecto de Ley Marco de los Pueblos Indígenas u
Originarios del Perú, que establece una definición de pueblos indígenas u
originarios, con el fin de eliminar las ambigüedades en la legislación nacional
en cuanto a la identificación de los pueblos abarcados por ella. La Comisión
toma nota de que el artículo 3 del Proyecto contiene dicha definición mientras
que el artículo 2 declara que los pueblos indígenas u originarios del Perú
comprenden «a las denominadas comunidades campesinas y comunidades nativas; así
como a los indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto
inicial; asimismo se aplica a quienes se autoidentifican como descendientes de
las culturas ancestrales asentadas en las zonas de costa, sierra y selva
peruana». La Comisión toma nota de que, si bien la definición contenida en el
artículo 3 del Proyecto reproduce los elementos objetivos de la definición del
Convenio, en este artículo no se hace referencia al criterio fundamental de la
autoidentificación, a diferencia del artículo
2. La Comisión
nota igualmente que entre los elementos objetivos de la definición prevista por
el Proyecto aparece la referencia a que estos pueblos «se encuentran en
posesión de un área de tierra» que no figura en el Convenio. Al respecto, la
Comisión desea resaltar que el artículo 13 del Convenio hace hincapié en
la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los
pueblos interesados reviste «su relación con las tierras o territorios que
ocupan o utilizan de alguna otra manera». La Comisión señala además a la
atención del Gobierno que el artículo 14, párrafo 1), del Convenio y, en
particular, la expresión «las tierras que tradicionalmente ocupan» utilizada en
este artículo, tiene que leerse junto con el artículo 14,párrafo 3) en
materia de reivindicaciones de tierras, en el sentido que el Convenio abarca
igualmente situaciones en que los pueblos indígenas y tribales hayan perdido
recientemente la ocupación de sus tierras o hayan sido recientemente expulsados
de ellas. La Comisión insta por lo tanto al Gobierno a que armonice, en
consulta con los pueblos indígenas, la definición contenida en el Proyecto de
Ley Marco de los Pueblos Indígenas u Originarios del Perú con el Convenio.
Sírvase también
proporcionar información sobre la manera en que se aseguró la consulta y la
participación efectivas de los pueblos indígenas en la elaboración de dicho
proyecto. Asimismo, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que proporcione
información sobre las medidas adoptadas para asegurar que todos los que estén
comprendidos en el artículo 1 del Convenio queden cubiertos por todas sus
disposiciones y gocen de los derechos contenidos en el mismo en igualdad de
condiciones.
Artículos 2 y
6. Acción coordinada y sistemática y consulta. Plan de acción. Con relación a la solicitud de la Comisión de la
Conferencia acerca de la elaboración de un plan de acción en consulta con las
instituciones representativas de los pueblos indígenas, la Comisión toma nota
de la indicación del Gobierno respecto a que se ha presentado una propuesta de
líneas marco para el desarrollo de un plan de acción orientado a dar solución a
las principales observaciones formuladas por los órganos de control de la OIT.
Aunque en la memoria se afirme que el Plan de Acción debe elaborarse en
colaboración con los representantes de los pueblos indígenas, la Comisión nota
que no hay información sobre la manera en que se procederá a establecer la
participación de los pueblos indígenas en este proceso y que se contempla una
«reunión con los representantes de las organizaciones indígenas» con relación a
la fase de ejecución de dicho Plan.
La Comisión
toma nota, igualmente, de la creación de varios órganos que, según la memoria
del Gobierno, tienen el fin de instaurar el diálogo con los pueblos indígenas
amazónicos y andinos. La Comisión toma nota de que en marzo de 2009 se
constituyó la Mesa de Diálogo Permanente entre el Estado y los Pueblos
Indígenas de la Amazonía Peruana que, según lo dispuesto por el artículo 2 del
decreto supremo núm. 002-2009-MIMDES que la crea, «podrá» ser conformada por
los representantes de los pueblos indígenas. Toma nota, asimismo, de la
Comisión Multisectorial para abordar la problemática indígena amazónica
(decreto supremo núm. 031-2009-PCM, de 19 de mayo de 2009) y nota que en el
acta de instalación y primera sesión ordinaria de la Comisión referida no
figuran representantes indígenas. Toma nota, además, de la Mesa para el
Desarrollo Integral de los Pueblos Andinos (RS 133-2009-PCM, de 24 de junio de
2009), de la Mesa de Diálogo para el Desarrollo Integral de los Pueblos Andinos
en Extrema Pobreza (RS 135-2009-PCM, de 26 de junio de 2009) y del Grupo
Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, que se
encarga de la formulación de un plan integral de desarrollo sostenible para
dichos pueblos (resolución suprema núm. 117-2009-PCM, de 26 de junio de 2009).
En lo que atañe a este último órgano, la Comisión toma nota de que el Grupo
referido creó cuatro mesas de trabajo sobre la conformación de la Comisión
Investigadora de los hechos de Bagua, revisión de los decretos legislativos,
mecanismos de consulta y plan nacional de desarrollo de la Amazonía. La
Comisión toma nota igualmente de las preocupaciones expresadas por la
Defensoría del Pueblo acerca del estado del proceso de diálogo establecido en
el marco de dicho Grupo.
La Comisión no
dispone de información suficiente para valorar el nivel de participación que se
ha asegurado a los pueblos indígenas en el marco de los varios órganos
anteriormente mencionados. Sin embargo, la Comisión considera que los elementos
referidos parecen indicar que, por lo menos en algunos casos, la participación
de los pueblos indígenas, a través de sus legítimos representantes, y el
diálogo entre las partes no son efectivos. La Comisión también expresa su preocupación
acerca de que la proliferación de órganos con competencias, a veces
coincidentes, pueda minar el desarrollo de una respuesta coordinada y
sistemática a los problemas relativos a la protección y garantía de los
derechos de los pueblos indígenas consagrados en el Convenio.
La Comisión
insta al Gobierno a que asegure la plena y efectiva participación y consulta de los pueblos
indígenas, a través de sus instituciones representativas, en la elaboración del
Plan de acción referido, conforme a los artículos 2 y 6 del Convenio, con
el fin de abordar de manera coordinada y sistemática los
problemas pendientes respecto de la protección de los derechos de los pueblos
cubiertos por el Convenio y poner la legislación y la práctica
nacionales de conformidad con el Convenio. La Comisión solicita igualmente al Gobierno
que proporcione información sobre el particular y sobre las actividades de los
diversos órganos referidos, indicando la manera en que se asegura la
participación de los pueblos interesados y la coordinación entre las
actividades de estos órganos así como entre las actividades de estos órganos y
la elaboración del Plan de acción.
Sírvase
facilitar copia del Plan de acción referido en cuanto se haya finalizado.
Artículos 2 y
33. INDEPA. La Comisión se refiere a su
observación anterior en la cual había tomado nota de las alegaciones de la CGTP
respecto de la falta de poder real del Instituto Nacional de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuano (INDEPA). La Comisión toma nota de que, según la
comunicación de la CGTP de 2009, aunque se haya restablecido la autonomía
administrativa del INDEPA, no se ha restablecido la participación de indígenas
en su Consejo Directivo y no se han desarrollado políticas concertadas sobre
ningún tema que afecte a los pueblos indígenas. La CGTP alega igualmente que no
existen espacios destinados a concertar dichas políticas. La Comisión toma nota
de la indicación del Gobierno acerca de la constitución, mediante resolución
ministerial núm. 277-2009-MIMDES, de una comisión sectorial encargada de
elaborar un nuevo proyecto de «Reglamento de Organización y Funciones del
INDEPA». La Comisión nota que esta Comisión está conformada por el Viceministro
de Desarrollo Social del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES),
el Presidente Ejecutivo del INDEPA y el Director General de la Oficina General
de Planificación y Presupuesto del MIMDES y que se le reconoce la facultad de
invitar a especialistas y representantes de diversas instituciones del sector
público y privado. La Comisión nota que en la resolución referida no hay
ninguna referencia explícita a la participación de los pueblos indígenas. La
Comisión toma nota igualmente de que la reforma del INDEPA también se contempla
en las líneas marco para el desarrollo del Plan de Acción mencionadas
anteriormente. La Comisión recuerda al Gobierno que los pueblos indígenas deben
participar en el diseño de los mecanismos de diálogo y se refiere igualmente a
las preocupaciones expresadas anteriormente respecto de la coordinación entre
diferentes órganos y actividades.
La Comisión
insta al Gobierno a que asegure la participación efectiva de las instituciones
representativas de los
pueblos indígenas en el diseño y puesta en práctica de los mecanismos de
diálogo y los otros mecanismos necesarios para administrar
coordinada y sistemáticamente los programas que afecten a los pueblos
indígenas, incluida la reforma del INDEPA. La Comisión solicita igualmente al
Gobierno que se asegure que tales mecanismos dispongan de los medios necesarios
para el cabal desempeño de sus funciones y de independencia e influencia real
en los procesos de adopción de decisiones. Sírvase proporcionar informaciones
sobre las medidas adoptadas al respecto.
Artículos 6 y
17. Consulta y legislación. En su
observación anterior acerca de la adopción sin consulta de los decretos
legislativos núms. 1015 y 1073, la Comisión expresó su preocupación por el
hecho que todavía se reciban comunicaciones alegando la falta de consultas
previas respecto de la adopción de las medidas contempladas en los artículos
6 y 17, 2), del Convenio e instó al Gobierno a avanzar, a la mayor
brevedad, con la participación de los pueblos indígenas, en el diseño de
mecanismos apropiados de participación y consulta. La Comisión toma nota de
que, en su comunicación de 2009, la CGTP indica que no se han establecido los
mecanismos de consulta previa y, en consecuencia, los pueblos indígenas no
cuentan con la posibilidad de participar en la toma de decisiones específicas
que los afectan. La Comisión toma nota de la derogación de los decretos
legislativos núms. 1015 y 1073 sobre las condiciones para disponer del
territorio comunal, mediante ley núm. 29261 de septiembre de 2008, y de los
decretos legislativos núms. 1090 y 1064, que aprueban respectivamente la Ley
Forestal y de Fauna Silvestre y el Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de
las Tierras de Uso Agrario, mediante ley núm. 29382 de junio de 2009. La
Comisión toma nota de la indicación del Gobierno respecto a que las mesas de
trabajo creadas en el marco del Grupo Nacional de Coordinación para el
Desarrollo de los Pueblos Amazónicos están encargadas, entre otros, de la
revisión de los decretos legislativos y de la cuestión de la consulta previa.
Sin embargo, la Comisión entiende que el tema de la consulta se aborda también
en el Proyecto de Ley Marco de los Pueblos Indígenas u Originarios del Perú. La
Comisión toma nota, igualmente, del proyecto de ley núm. 3370/2008-DP, de fecha
6 de julio de 2009, en materia de consulta presentado por la Defensoría del
Pueblo ante el Congreso. La Comisión insiste sobre la necesidad de que
los pueblos indígenas y tribales participen y sean consultados antes de la
adopción de medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles
directamente, incluso respecto de la elaboración de disposiciones sobre los
procesos de consulta, y que la normativa sobre la consulta refleje, en
particular, los elementos contenidos en los artículos 6, 7, 15 y 17, párrafo
2), del Convenio. Se refiere igualmente a sus comentarios anteriores acerca de
la necesidad de un enfoque coordinado y sistemático. La Comisión insta al
Gobiernoa establecer, con la participación de los pueblos interesados, los
mecanismos de participación y consulta que requiere el Convenio. Le solicita
igualmente que proporcione información sobre la manera en que se asegura la
participación y consulta de los pueblos referidos en la elaboración de la
normativa concerniente a la consulta. La Comisión solicita al Gobierno que
informe sobre todos los progresos que se realicen a este respecto. Recordando
que la Comisión de la Conferencia acogió con agrado el hecho de que el Gobierno
solicitase asistencia técnica, la Comisión le alienta a avanzar en esta
dirección.
Artículos 2, 6,
7, 15 y 33. En su observación anterior,
la Comisión había tomado nota de que las comunicaciones recibidas se referían a
numerosas y graves situaciones de conflictos relacionados con un gran
incremento de la explotación de los recursos naturales que se encuentran en las
tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, sin que estos
pueblos participen en dicha explotación y sin realizar consultas con ellos a
este respecto. La Comisión toma nota de que, en su comunicación de 2009, la
CGTP se refiere a la indicación de la Defensoría del Pueblo respecto a que se
registra un incremento de los conflictos socioambientales en el país y señala
que estos conflictos se concentran en las áreas indígenas y están relacionados
con el acceso y el control de los recursos naturales. La CGTP sostiene que el
Estado peruano mantiene una lógica de imposición vertical de sus proyectos en
los territorios amazónicos y andinos. Indica que las políticas de desarrollo no
contemplan garantías adecuadas en materia de protección del medio ambiente de
los pueblos indígenas y que el Ministerio del Ambiente no tiene competencia
para intervenir en las políticas del sector energía y minas. Se refiere a una
sentencia del Tribunal Constitucional (exp. núm. 03343-2007-PA-TC), en el
proceso seguido por el Gobierno regional de San Martín contra diversas empresas
petroleras y el Ministerio de Energía y Minas respecto de la realización de
actividades hidrocarburíferas en un área de conservación regional, en la cual,
tomando en cuenta lo dispuesto por el Convenio, se reafirma el derecho de los
pueblos indígenas a ser consultados antes de emprender cualquier proyecto que
pudiera afectarlos y se hace referencia igualmente al artículo 2, inciso 19, de
la Constitución que obliga al Estado a proteger la pluralidad étnica y cultural
existente en la Nación (párrafo 28). Se refiere además a varios «casos
emblemáticos» de actividades de exploración y explotación de recursos naturales
que afectan a los pueblos indígenas, como el pueblo indígena en aislamiento
voluntario Cacataibo, los pueblos Awajun y Wampís y las comunidades de la provincia
de Chumbivilcas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno respecto a
que el Estado peruano entiende la consulta como «los procesos por los que se
intercambian puntos de vista» y ha llevado a cabo una serie de talleres de
socialización. La Comisión toma nota igualmente de que el Gobierno se refiere
al decreto núm. 012-2008-MEM (Reglamento de participación ciudadana en
actividades de hidrocarburos) según el cual la finalidad de la consulta es
«llegar al mejor entendimiento sobre los alcances del proyecto y sus
beneficios», la cual es mucho más limitada que lo dispuesto en el Convenio.
La Comisión
desea resaltar que el artículo 6 del Convenio dispone que las consultas
deben tener la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento
acerca de las medidas propuestas. Si bien el artículo 6 del Convenio no
requiere que se logre el consenso en el proceso de consulta previa, sí se
requiere, como lo subrayó esta Comisión en su observación general sobre el
Convenio de 2008, que la forma y el contenido de los procedimientos y
mecanismos de consulta permitan la plena expresión de las opiniones de los
pueblos interesados «a fin de que puedan influir en los resultados y se pueda
lograr un consenso». La Comisión desea resaltar que el Convenio requiere que se
establezca un diálogo genuino entre las partes interesadas que permita buscar
soluciones concertadas y que, si se cumplen estos requisitos, las consultas
pueden desempeñar un papel decisivo en la prevención y resolución de
conflictos. Asimismo, la Comisión subraya que meras reuniones de información o
socialización no cumplen con los requisitos del Convenio. La Comisión considera
que el decreto supremo núm. 020-2008-EM que regula la participación ciudadana
en el subsector minería presenta limitaciones similares. La Comisión nota,
además, que dicho decreto contempla la posibilidad de la participación
ciudadana con posterioridad al otorgamiento de la concesión minera y considera
que no cumple con lo previsto por el Convenio. La Comisión insta al
Gobierno a que adopte las medidas necesarias para poner la legislación y
la práctica nacional de conformidad con los artículos 2, 6, 7 y 15 del
Convenio, teniendo en cuenta el derecho de los pueblos cubiertos
por el Convenio a establecer sus propias prioridades y participar en los planes
y programas de desarrollo nacional y regional. Recordando que la
Comisión de la Conferencia acogió con agrado el hecho de que el Gobierno
solicitase asistencia técnica, la Comisión alienta al Gobierno a avanzar en
esta dirección. Asimismo, le solicita que:
i) suspenda las
actividades de exploración y explotación de recursos naturales que afectan a
los pueblos cubiertos por el Convenio en tanto no se asegure la participación y
consulta de los pueblos afectados a través de sus instituciones representativas
en un clima de pleno respeto y confianza, en aplicación de los artículos 6, 7 y
15 del Convenio;
ii) proporcione
mayores informaciones sobre las medidas tomadas, en cooperación con los pueblos
indígenas, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que
habitan, conforme al artículo 7, párrafo 4) del Convenio, incluyendo
información sobre la coordinación entre el Organismo Supervisor de Inversiones
en
Energía y
Minería (OSINERGMIN) del Ministerio de Energía y Minas y el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente, y
iii) suministre
copia del decreto supremo núm. 002-2009-MINAM, de 26 de enero de 2009, que
regula la participación y la consulta ciudadana en asuntos ambientales.
En lo
concerniente a los beneficios de las actividades extractivas, la Comisión toma
nota de la información proporcionada por el Gobierno acerca del sistema de
regalía minera, canon minero y derecho de vigencia. La Comisión toma nota
igualmente de que, en su comunicación de 2009, la CGTP indica que este sistema
permite la distribución de los beneficios dentro del aparato estatal sin que
ningún beneficio directo vaya a las comunidades afectadas. La Comisiónsolicita
al Gobierno que proporcione información sobre las medidas específicas adoptadas
con miras a asegurarse de que los pueblos interesados participen en los
beneficios reportados por las actividades de explotación de los recursos
naturales existentes en sus tierras y perciban una indemnización equitativa por
cualquier daño que puedan sufrir como resultado de estas actividades.
Artículo 14.
Decreto legislativo núm. 994. La Comisión
toma nota de las observaciones formuladas por la CGTP en su comunicación de
2009 acerca del decreto legislativo núm. 994 «que promueve la inversión privada
en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola». La
Comisión toma nota, en particular, de que dicho decreto estipula un régimen
especial para promover la inversión privada en proyectos de irrigación de
tierras eriazas con aptitud agrícola de propiedad del Estado. La Comisión nota
que, según el artículo 3 del decreto, son de propiedad del Estado todas las
tierras eriazas con aptitud agrícola, salvo aquellas sobre las que exista
título de propiedad privada o comunal inscrito en los registros públicos. La
Comisión nota con preocupación que dicha disposición no tutela
los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales en los
casos en que carecen de un título formal de propiedad. La Comisión recuerda que
en virtud del Convenio la ocupación tradicional confiere derecho a la tierra
independientemente de que tal derecho se hubiera reconocido o no y que, en
consecuencia, el artículo 14 del Convenio protege no sólo a las tierras
sobre las cuales los pueblos interesados ya tienen título de propiedad sino
también a las tierras que tradicionalmente ocupan. La Comisión
insta al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias para determinar las
tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y
garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión,
inclusive a través del acceso efectivo a procedimientos adecuados para
solucionar sus reivindicaciones de tierras.
Sírvase
proporcionar información sobre las medidas adoptadas al respecto.
Artículo 31.
Medidas educativas. En sus
comentarios anteriores la Comisión expresó su preocupación por algunas
declaraciones que pudieran generar prejuicios o inexactitudes respecto de los
pueblos indígenas. La Comisión toma nota con igual preocupación de
las indicaciones de la CGTP, contenidas en su comunicación de 2009, respecto de
que se ha continuado observando que la autoridad pública adopta una actitud
discriminatoria y agresiva hacia los pueblos indígenas.
La Comisión
insta al Gobierno a que adopte medidas urgentes de carácter educativo en todos
los sectores de la comunidad nacional con el fin de eliminar los prejuicios que
pudieran tener con respecto a los pueblos cubiertos por el Convenio con arreglo
al artículo 31 del mismo.
La Comisión
plantea otros puntos en una solicitud directa dirigida al Gobierno.
[Se invita al
Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en
2010.]
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