Pastor Murillo
Miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de
las Naciones Unidas
Muy buenas noches.
Yo les agradezco la
oportunidad de compartir estos momentos con todos ustedes. Agradezco muy en
especial a la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por su amable
invitación, que me ha permitido en estos tres días en Lima, completar un
proceso de interlocución con diferentes actores sociales, institucionales y
políticos, en torno a las Observaciones y Recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ,
con ocasión de la evaluación al informe del Perú, que fuera presentado tras
diez años de ausencia en el Comité.
Esta evaluación coincidió
en una coyuntura marcada por varios hechos a nivel internacional. Aquí en el
Perú, por los dolorosos hechos de Bagua del 5 de junio. Mientras esto ocurría
aquí, el 5 de julio en China las comunidades Han y los Uigures, comunidades
mayoritarias allá, se habían enfrentado de manera feroz con un saldo bastante
elevado de muertos. Al mismo tiempo, en Chile, la comunidad indígena estaba,
todavía lo está, en tensiones con el gobierno alrededor de reivindicaciones territoriales.
Como Perú y Chile, Colombia también fue materia de examen de este pasado
periodo de sesiones. Ustedes saben las dificultades por la que atraviesan los
pueblos indígenas en el marco del conflicto armado interno en mi país, justamente
en esos meses se habían presentado varias masacres de miembros de la comunidad
indígena Awa, territorio fronterizo con Ecuador. Hechos como estos son los que nos
mantienen con las alarmas prendidas, porque, como ustedes recordarán, en la
década de los noventa la comunidad internacional logró constatar que la mayor
parte de los conflictos que existían a nivel internacional tenían su línea en la
diferencia desde el punto de vista étnico y cultural. Este tipo de conflicto tuvo
su principal protagonista en Europa del Este, donde todavía sigue siendo
materia de preocupación porque mantiene las alarmas prendidas.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
surgió en el contexto de la
Segunda Guerra Mundial y desde el año 1969 viene ocupándose
de la problemática de racismo y discriminación racial.
Es un órgano
compuesto por 18 expertos individuales a nivel mundial, que se ocupan del seguimiento
de la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial.
Su principal labor gira en torno al examen de los informes que periódicamente
deben presentar los Estados parte, como fue el caso particular de Perú.
La preocupación del
Comité en este momento, en el caso peruano, se centró básicamente en definir
hasta dónde el Perú ha avanzado en el proceso de redefinición de las relaciones
entre el Estado con los Pueblos Indígenas y los pueblos afro descendientes.
Hasta dónde el Perú ha avanzado en el proceso de inclusión, en el proceso de
reconocimiento que vienen dando algunos países del hemisferio y que se ve mucho
más visible. Particularmente lo será cuando conozcamos los procesos de
inserción de la variable étnica en las estadísticas públicas. Es muy indagado cada
país en torno a este tema y el Comité, como es su función, trató de establecer
un diálogo muy constructivo con la delegación peruana. Los echamos de menos en
esa oportunidad cuando la delegación estuvo encabezada por el Ministro de
Justicia Aurelio Pastor.
Si bien es cierto
que el problema de Bagua, es un tema central, habríamos querido un diálogo
mucho más fluido, mucho más constructivo en torno a esa pregunta de fondo que
le hizo el Comité a la delegación peruana: cómo ve el Estado a las comunidades dentro
del proyecto político de construcción nacional del Perú, cómo ve ahí a las
comunidades indígenas, a las comunidades afro descendientes, cómo las
visualizan.
Esta es una pregunta
que pasa por el auto-reconocimiento de la autonomía, de los derechos
territoriales, del derecho a la identidad cultural, pero desde una perspectiva
horizontal como visión de Estado. Desafortunadamente, no lo logramos percibir,
no lo pudimos captar. Entonces el tema estadístico, el tema de cómo está el
proceso de inclusión de los pueblos indígenas, de los pueblos afro peruanos en
toda la vida nacional, hicieron parte de las inquietudes y preocupaciones del
Comité en este momento. Alrededor de ello hay un eje central en todas las diferentes
tensiones: los procesos de consulta previa.
Todo esto tiene que
ver con los proyectos de desarrollo con la visión económica que finalmente tiene
un país para desarrollarse. Perú destaca en los últimos años porque en medio de
la crisis económica ha logrado un nivel de crecimiento bastante importante.
Pero la pregunta del Comité es: ¿de qué manera ese crecimiento económico del
Perú está afectando positivamente a los Pueblos Indígenas, a los pueblos afro
descendientes? Es decir, lo que algunos expertos llaman ese crecimiento pro
pobre, dirigido a las poblaciones que están en la base de la pirámide social
del país, en este caso del Perú.
En torno a estos
aspectos emerge el tema de la consulta previa, que está estrechamente
relacionado con la redefinición con las relaciones entre el Estado y los
Pueblos Indígenas. La pregunta es de qué manera la construcción de un proyecto,
de una obra o una actividad considerada como estratégica o fundamental para el
progreso del país afecta a todos los intereses que están en juego y de qué
forma a los grupos socialmente marginados y discriminados se les reconoce o no
sus derechos.
Hay tres principios
que fluyen cuando hablamos de consulta previa. Uno de ellos es el pleno
conocimiento, que la comunidad esté debidamente informada; en segundo lugar que
se lleve a cabo por procedimientos apropiados y; en tercer lugar que se lleve a
cabo de buena fe. Estos son los principios que establece el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Constato de manera
muy particular que la experiencia de Ecuador, donde hay antecedentes de un
movimiento indígena que ha tenido incidencia en la caída de dos presidentes de ese
país, no parece ser tomada en cuenta. Se ve una actitud muy reactiva por parte de
los países andinos y Perú no es una excepción en torno a este particular.
En torno a estos
aspectos generales giraron las preocupaciones del Comité. En esta oportunidad esta
visita a Perú ha tenido como eje central colocar sobre la mesa esas recomendaciones.
De allí que en la interlocución con la Defensoría del Pueblo ésta ha demostrado una
actitud muy receptiva en torno al tema. La tuvo la propia defensora, así como la Fiscal de la Nación , la Cancillería y otras
autoridades.
El mensaje que hemos
querido transmitirles es que la institucionalidad entienda que los pueblos
indígenas y los pueblos afro descendientes cuentan en el país. No se trata de
esperar que se generen situaciones detonantes y tengan que reaccionar. Hay que
dar un paso adelante observando estos principios con buena fe, a través de un
proceso de interlocución fluida. Es muy previsible que se sigan presentando
situaciones similares a las de Bagua y las tensiones y los conflictos van a
estar ahí vigentes. Ese ha sido el mensaje.
Hemos tomado muy
atenta nota de un hecho importante. Recientemente, en las últimas semanas, el
Presidente Barack Obama expidió un memorando a todos sus directivos en el que
los orienta sobre la necesidad de llevar a cabo un proceso de consulta muy
fluida con los pueblos indígenas en Estados Unidos. El memorando constata que la
ausencia de una interlocución respetuosa y responsable con los pueblos
indígenas ha sido causa en el pasado de muchas situaciones desafortunadas y que
en consecuencia hay que tomar acción. Ahí es a donde estamos invitando.
En todos estos
procesos es muy evidente que la sociedad civil juega
un rol muy importante. El Comité suele recibir de todos los países informes alternativos,
previo a su evaluación al informe del Estado parte. Aquí recibimos informes de la Coordinadora de
Derechos Humanos, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y la
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, las Organizaciones
Afro descendientes, que permiten a instancias de esta naturaleza tener una
mirada crítica y equilibrada de la situación.
Perú tiene más casos
ante la CIDH -Comisión
Interamericana de Derechos Humanos-, el impacto económico no sé cuál sea, pero Colombia
está comprometida en el pago de más de 50 millones de dólares por productos de
sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y arreglos amistosos
ante ella, que corroboran que en el centro de la preocupación de estos hechos
está la falta de previsión de lo previsible y la necesidad de que el sistema
judicial opere adecuadamente.
En el caso
particular de Perú, la población expresa una preocupación muy evidente de las
comunidades indígenas que fueron afectadas por los conflictos armados dados aquí,
en el tema de verdad, justicia y reparación. Lo que está claro es que si no se dan
los pasos adecuados, el expediente internacional se va abultando cada vez más y
las consecuencias para el Estado pueden ser bastante negativas.
Este ha sido el
mensaje que les hemos traído aquí a las autoridades: la invitación a que fortalezcan
un diálogo constructivo con los sectores sociales, con las organizaciones
étnicas. Y aquí insisto en que el rol de la sociedad civil, de la academia, es igualmente
de la mayor importancia, por eso tomamos
muy en cuenta los informes sombra, los informes alternativos.
NOTA: Trascripción de una ponencia ofrecida el día 12
de noviembre de 2009, en la
Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima.
Durante el Foro: “Discriminación Racial en el Perú: Recomendaciones y
Observaciones del CERD al Perú”.
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