La Autoridad Nacional Indígena de Colombia, Onic, denuncia la vulneración contra los derechos del Pueblo Embera de Caldas en lo referido al procedimiento de detención ilegal que efectúa la Policía Gaula; no sigue el procedimiento legal y para detener a una persona intimida a toda la comunidad.
Resguardo Indígena Cañamomo - Lomaprieta, municipio Riosucio, Caldas
Hechos:
Lunes 26. Las autoridades tradicionales del resguardo Cañamomo Lomaprieta denunciaron que cuatro hombres de civil fuertemente armados, incursionaron violentamente en la cancha de fútbol de la Comunidad La Iberia, donde se celebraba una tarde deportiva con presencia de niños, niñas, hombres, mujeres y mayores indígenas.
Los hechos, según las autoridades tradicionales, ocurrieron a las 02: 30 p.m. cuando los sujetos en mención arremeten contra el comunero José Esteban Tapasco Trejos, de 26 años de edad, quien además de ser maltratado resultó herido junto con el comunero José Seferino Cañas.
La comunidad en un acto legítimo de defensa y resistencia retiene a los hombres armados y rescatan al comunero herido, quienes empiezan a disparar al aire intimidando a la comunidad con agresiones físicas y amenazas verbales “quien se mueva lo matamos” y ante el reclamo de un mayor de 84 años, le disparan hiriéndole la pierna izquierda.
Acto seguido la comunidad conduce a los hombres civiles armados hasta la cancha de fútbol y les exige su identificación frente a lo cual ellos responden que son agentes del Gaula -Policía Caldas.
Posteriormente llegó el mayor, comandante, Mario Suárez Lozano. La comunidad le exigió claridad sobre los motivos de la agresión e identidad de los implicados y que procediera a desarmarlos.
Según el comunicado del Cabildo Cañamomo-Lomaprieta los agresores se identificaron ante la comunidad y la fuerza pública con los nombres de: Hever Mauricio Torres Pavas, Subintendente; Andrés Fernando Meza Meza, Subintendente, Jorge Norbey Arcila Orozco, Patrullero y Víctor Alfonso Buenaños Mosquera, patrullero.
Finalmente la Policía cumple con la orden de captura contra José Esteban Tapasco argumentando que él tenía cinco órdenes de captura y acusándole de ser cabecilla de un Frente de la guerrilla de las FARC. A primera hora del martes 27, no obstante el acta firmada, la comunidad fue agredida por el Esmad que llegaron para rescatar a los cuatro retenidos por la Guardia indígena. Varios comuneros fueron agredidos de nuevo y algunos fueron detenidos.
En horas de la tarde los indígenas embera mantenían en constante presión por la fuerte militarización de la zona; “ante el temor de ser agredidos por la fuerza pública, la comunidad, a instancia de sus autoridades mantienen en Asamblea Permanente, en ese sentido pedimos acompañamiento internacional y de organismos defensores de derechos humanos para evitar atropellos, posibles detenciones arbitrarias y judicializaciones”, sostuvo un gobernador indígena de la zona.
Pronunciamiento Onic
El argumento de la policía fue que el comunero José Esteban Tapasco Trejos tenía orden de captura por lo cual consideramos se deben seguir los procedimientos legales y que hay una investigación. No obstante la Onic cuestiona el actuar del Gaula, que violó los procedimientos legales para efectuar la detención. De otra parte cuestionamos y denunciamos el actuar de la Fuerza Pública al agredir a toda una comunidad cuando sólo iba a buscar a una persona.
En este sentido la policía Gaula violó la autonomía indígena y la Constitución Política al no tener en cuenta la Justicia Propia de los pueblos indígenas. De otra parte la Policía debía cumplir los procedimientos legales de captura para su respectiva judicialización, en caso de ser responsable y no actuar desmedidamente disparando contra la humanidad del comunero, como lo denunció la comunidad.
Aclaramos ante los organismos de justicia y ante la opinión pública que una orden de captura no significa una ejecución o una sentencia condenatoria.
Lo ocurrido en Caldas con la comunidad embera no es un hecho aislado, es un proceso sistemático de persecución implementado no sólo contra el pueblo embera de Caldas, sino en general contra los embera de todo el país. Son numerosos los casos de vulneración contra los derechos que ponen en riesgo la integridad física, territorial y sicológica de las comunidades embera.
Dos hechos recientes respaldan esta hipótesis; el pasado 28 de julio ocho hombres armados y vestidos de civil ingresaron al mismo reguardo sin ninguna identificación. En esa ocasión la Guardia Indígena en apoyo de la comunidad les enfrentó, solicitándoles su identificación y lograron establecer que se trataba de agentes del DAS.
El día siguiente en horas de la noche, nuevamente hombres armados vestidos de civil, encapuchados y sin identificación, estuvieron preguntando por varios comuneros con fotografías en mano por dos líderes de la comunidad de Panesso. Los hechos fueron denunciados a los organismos competentes, hasta el momento ha habido ningún informe al respecto.
Arbitrariedades como esta suceden en Córdoba, Choco, Caldas y Risaralda lo cual nos lleva a plantear que hay realmente una andanada contra el pueblo embera que por demás ha solicitado en repetidas ocasiones protección del Estado colombiano. Recuérdese hace apenas un par de semanas cuando autoridades y dirigentes emberas de Risaralda solicitaron garantías de protección a las autoridades civiles y militares por las graves amenazas recibidas en su contra.
En el caso de Risaralda no sólo se agravó la situación, sino que no se obtuvo respuesta alguna; en regiones como Chocó, Córdoba y Caldas cada día los pueblos indígenas están más desprotegidos.
Cabe recordar que estos hechos suceden luego de la visita del Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos y Libertades Fundamentales de los pueblos indígenas, Dr. James Anaya, quien recogió graves denuncias presentadas por el pueblo embera de Caldas y demás pueblos indígenas sobre las sistemáticas violaciones y persecución en su contra. Y luego que la Onic se haya reunido con el Viceministro de Defensa en donde se discutió el tema de respeto a la autonomía indígena.
Recordemos también que el Pueblo Embera de Caldas está protegido por medidas cautelares y es beneficiario de los Planes de Salvaguarda, establecidos por la Corte Constitucional en el Auto 004 de enero de 2009.
En este sentido concluimos denunciando la actitud de la policía como un actuar ilegal, en cuanto a Violación de los derechos humanos, al DIH, y procedimientos judiciales se refiere. Aclaramos que la retención de los agentes encubiertos del Gaula por la comunidad no se trata de un secuestro como lo han querido hacer ver los militares de Caldas y algunos medios de comunicación; se trata de un acto legitimo de defensa en el marco de la Autonomía, autodeterminación indígena y haciendo uso de la facultad constitucional de ejercer justicia propia dentro de sus territorio y en el marco funcional del actuar de la Guardia Indígena.
Exigimos a la fuerza pública esclarecer estos hechos, en los cuales participan miembros de la policía, bajo la sombra de la impunidad y con la complicidad de sus superiores, razón por la cual la comunidad no encuentra garantías en dichas instituciones.
Recordamos que el deber del Estado es prevenir las violaciones a los derechos humanos y tomar medidas necesarias para investigar, identificar y sancionar a los responsables por acción u omisión.
Hacemos un llamado urgente a los organismos defensores de derechos humanos, a Naciones Unidas y a los órganos de control y vigilancia del Estado para evitar que se violen las garantías procesales y se violen los derechos y la autonomía del pueblo embera.
Resguardo Indígena Cañamomo - Lomaprieta, municipio Riosucio, Caldas
Hechos:
Lunes 26. Las autoridades tradicionales del resguardo Cañamomo Lomaprieta denunciaron que cuatro hombres de civil fuertemente armados, incursionaron violentamente en la cancha de fútbol de la Comunidad La Iberia, donde se celebraba una tarde deportiva con presencia de niños, niñas, hombres, mujeres y mayores indígenas.
Los hechos, según las autoridades tradicionales, ocurrieron a las 02: 30 p.m. cuando los sujetos en mención arremeten contra el comunero José Esteban Tapasco Trejos, de 26 años de edad, quien además de ser maltratado resultó herido junto con el comunero José Seferino Cañas.
La comunidad en un acto legítimo de defensa y resistencia retiene a los hombres armados y rescatan al comunero herido, quienes empiezan a disparar al aire intimidando a la comunidad con agresiones físicas y amenazas verbales “quien se mueva lo matamos” y ante el reclamo de un mayor de 84 años, le disparan hiriéndole la pierna izquierda.
Acto seguido la comunidad conduce a los hombres civiles armados hasta la cancha de fútbol y les exige su identificación frente a lo cual ellos responden que son agentes del Gaula -Policía Caldas.
Posteriormente llegó el mayor, comandante, Mario Suárez Lozano. La comunidad le exigió claridad sobre los motivos de la agresión e identidad de los implicados y que procediera a desarmarlos.
Según el comunicado del Cabildo Cañamomo-Lomaprieta los agresores se identificaron ante la comunidad y la fuerza pública con los nombres de: Hever Mauricio Torres Pavas, Subintendente; Andrés Fernando Meza Meza, Subintendente, Jorge Norbey Arcila Orozco, Patrullero y Víctor Alfonso Buenaños Mosquera, patrullero.
Finalmente la Policía cumple con la orden de captura contra José Esteban Tapasco argumentando que él tenía cinco órdenes de captura y acusándole de ser cabecilla de un Frente de la guerrilla de las FARC. A primera hora del martes 27, no obstante el acta firmada, la comunidad fue agredida por el Esmad que llegaron para rescatar a los cuatro retenidos por la Guardia indígena. Varios comuneros fueron agredidos de nuevo y algunos fueron detenidos.
En horas de la tarde los indígenas embera mantenían en constante presión por la fuerte militarización de la zona; “ante el temor de ser agredidos por la fuerza pública, la comunidad, a instancia de sus autoridades mantienen en Asamblea Permanente, en ese sentido pedimos acompañamiento internacional y de organismos defensores de derechos humanos para evitar atropellos, posibles detenciones arbitrarias y judicializaciones”, sostuvo un gobernador indígena de la zona.
Pronunciamiento Onic
El argumento de la policía fue que el comunero José Esteban Tapasco Trejos tenía orden de captura por lo cual consideramos se deben seguir los procedimientos legales y que hay una investigación. No obstante la Onic cuestiona el actuar del Gaula, que violó los procedimientos legales para efectuar la detención. De otra parte cuestionamos y denunciamos el actuar de la Fuerza Pública al agredir a toda una comunidad cuando sólo iba a buscar a una persona.
En este sentido la policía Gaula violó la autonomía indígena y la Constitución Política al no tener en cuenta la Justicia Propia de los pueblos indígenas. De otra parte la Policía debía cumplir los procedimientos legales de captura para su respectiva judicialización, en caso de ser responsable y no actuar desmedidamente disparando contra la humanidad del comunero, como lo denunció la comunidad.
Aclaramos ante los organismos de justicia y ante la opinión pública que una orden de captura no significa una ejecución o una sentencia condenatoria.
Lo ocurrido en Caldas con la comunidad embera no es un hecho aislado, es un proceso sistemático de persecución implementado no sólo contra el pueblo embera de Caldas, sino en general contra los embera de todo el país. Son numerosos los casos de vulneración contra los derechos que ponen en riesgo la integridad física, territorial y sicológica de las comunidades embera.
Dos hechos recientes respaldan esta hipótesis; el pasado 28 de julio ocho hombres armados y vestidos de civil ingresaron al mismo reguardo sin ninguna identificación. En esa ocasión la Guardia Indígena en apoyo de la comunidad les enfrentó, solicitándoles su identificación y lograron establecer que se trataba de agentes del DAS.
El día siguiente en horas de la noche, nuevamente hombres armados vestidos de civil, encapuchados y sin identificación, estuvieron preguntando por varios comuneros con fotografías en mano por dos líderes de la comunidad de Panesso. Los hechos fueron denunciados a los organismos competentes, hasta el momento ha habido ningún informe al respecto.
Arbitrariedades como esta suceden en Córdoba, Choco, Caldas y Risaralda lo cual nos lleva a plantear que hay realmente una andanada contra el pueblo embera que por demás ha solicitado en repetidas ocasiones protección del Estado colombiano. Recuérdese hace apenas un par de semanas cuando autoridades y dirigentes emberas de Risaralda solicitaron garantías de protección a las autoridades civiles y militares por las graves amenazas recibidas en su contra.
En el caso de Risaralda no sólo se agravó la situación, sino que no se obtuvo respuesta alguna; en regiones como Chocó, Córdoba y Caldas cada día los pueblos indígenas están más desprotegidos.
Cabe recordar que estos hechos suceden luego de la visita del Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos y Libertades Fundamentales de los pueblos indígenas, Dr. James Anaya, quien recogió graves denuncias presentadas por el pueblo embera de Caldas y demás pueblos indígenas sobre las sistemáticas violaciones y persecución en su contra. Y luego que la Onic se haya reunido con el Viceministro de Defensa en donde se discutió el tema de respeto a la autonomía indígena.
Recordemos también que el Pueblo Embera de Caldas está protegido por medidas cautelares y es beneficiario de los Planes de Salvaguarda, establecidos por la Corte Constitucional en el Auto 004 de enero de 2009.
En este sentido concluimos denunciando la actitud de la policía como un actuar ilegal, en cuanto a Violación de los derechos humanos, al DIH, y procedimientos judiciales se refiere. Aclaramos que la retención de los agentes encubiertos del Gaula por la comunidad no se trata de un secuestro como lo han querido hacer ver los militares de Caldas y algunos medios de comunicación; se trata de un acto legitimo de defensa en el marco de la Autonomía, autodeterminación indígena y haciendo uso de la facultad constitucional de ejercer justicia propia dentro de sus territorio y en el marco funcional del actuar de la Guardia Indígena.
Exigimos a la fuerza pública esclarecer estos hechos, en los cuales participan miembros de la policía, bajo la sombra de la impunidad y con la complicidad de sus superiores, razón por la cual la comunidad no encuentra garantías en dichas instituciones.
Recordamos que el deber del Estado es prevenir las violaciones a los derechos humanos y tomar medidas necesarias para investigar, identificar y sancionar a los responsables por acción u omisión.
Hacemos un llamado urgente a los organismos defensores de derechos humanos, a Naciones Unidas y a los órganos de control y vigilancia del Estado para evitar que se violen las garantías procesales y se violen los derechos y la autonomía del pueblo embera.
Fuente: ONIC
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