En Informe sobre su visita a Ecuador, advierte que actores de conflicto armado colombiano atacan a comunidades en pueblos fronterizos. También denuncia intimidaciones a líderes indígenas, impunidad y corrupción.
El Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas Philip Alston visitó Ecuador entre el 5 y el 10 de julio, producto de lo cual emitió un informe en el que expresa su preocupación por el incremento de la violencia y la presencia de los actores armados del conflicto colombiano en ese país. También demanda no confundir la justicia indígena con los linchamientos y denuncia amenazas y ataques a líderes comunales, en particular a aquellos que se oponen a las actividades extractivas en sus territorios.
En su Informe, el Relator señala que en Esmeraldas y Sucumbios, frontera con Colombia, la población está expuesta a presiones y abusos de todos lados: las FARC, paramilitares colombianos, narcotraficantes y las fuerzas de seguridad de ambos países.
“Las personas que viven en las riveras del los ríos San Miguel y Putumayo en Sucumbíos están atrapadas entre las demandas de grupos armados en competencia. En la medida en que las fuerzas armadas colombianas han empujado a los grupos armados ilegales hacia áreas remotas, los flujos de refugiados hacia Ecuador también se han incrementado”, dice el Informe.
Los grupos armados acosan e intimidan a la población civil y les fuerzan a “cooperar” con la provisión de alimentos, albergue o información. En algunas áreas, imponen impuestos, mantienen la “ley y el orden” (mediante intimidación y violencia) y realizan reclutamiento forzado, incluyendo a menores de edad, así como asesinatos de civiles.
El Relator se refiere también a “los abusos por el ejército ecuatoriano, incluyendo frecuentes intimidaciones y acosos a civiles, junto con casos de allanamientos forzados a domicilios y robo de comida y otros bienes. También han ocurrido casos de violencia sexual, humillación pública, tortura y asesinatos”. Y subraya que “las relaciones de los militares con las comunidades también se han afectado, inhibiendo la capacidad de la inteligencia militar e incrementando su dependencia de tácticas abusivas para obtener información sobre las actividades de los grupos armados ilegales”.
Justicia indígena
El Informe indica que “la cobertura por parte de los medios y las declaraciones de algunos funcionarios presentan una confusión entre el problema de los linchamientos y el tema de la justicia indígena, que es un asunto totalmente aparte. Es esencial que se aclare dicha confusión”.
Los linchamientos –explica- son ataques o muertes causadas por actores privados, y con frecuencia se trata de un grupo de ciudadanos contra un presunto malhechor. Este tipo de actos se realizan sin proceso legal o judicial, se trata simplemente de castigos violentos o de venganzas. Generalmente son consecuencia de la falta de una justicia efectiva, lo cual lleva o incluso faculta a los ciudadanos a hacer justicia por mano propia.
En cambio, “la justicia indígena se hace conforme a un proceso, y no se trata de una aplicación arbitraria de la violencia. No recibí ninguna prueba fidedigna de casos en los que los verdaderos procesos de justicia indígena causaran la muerte. Hay cuestiones muy importantes y muy complejas que deben atender el gobierno y las comunidades indígenas respecto del funcionamiento, la jurisdicción y el alcance de la aplicación lícita de la justicia indígena en el Ecuador. Las declaraciones de algunas autoridades en cuanto a que la justicia indígena es ‘salvaje’, y el hecho de que la confundan con los linchamientos, no contribuyen en absoluto al diálogo que se debe entablar para continuar con el desarrollo de las normas que rigen la relación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria”.
Amenazas y hostigamiento
Philip Alston indica también que los organismos defensores de derechos humanos y los líderes indígenas, en particular aquellos que se oponen a la imposición de actividades extractivas en sus territorios, reciben permanentes amenazas, hostigamientos, agresiones físicas e incluso hay casos de asesinatos.
“Algunos individuos que se oponen a las acciones de las empresas extractoras también han sido objeto de amenazas, como Polivio Pérez, Esther Landetta Chica, Etelvina de Jesús Misacango, Joel Vicente Zhunio Samanieg, miembros de la comunidad Sarayaku, y Santiago Escobar. La forma tan dura y tan áspera en que las autoridades se refieren a los activistas cuyas posturas no ven con buenos ojos, no hace más que exacerbar la posición tan precaria en la que ya se encuentran muchos de los defensores de los derechos humanos”, dice textualmente el informe.
Finalmente, antes de sus recomendaciones, el Relator de la ONU expresa su preocupación por la impunidad de quienes cometen los actos violentos, incluidos los asesinatos, mencionando, entre otras razones, la complicidad y corrupción de algunos policías y fiscales y el temor de los testigos a declarar por estar amenazados.
Fuente: CAOI
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