Ex relator de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, y expertos internacionales dicen que comunidad internacional espera que Ejecutivo cumpla compromisos asumidos y no margine a comunidades campesinas.
El ex relator de la Organización de Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, cuestionó ayer las observaciones que formuló el Ejecutivo a la Ley de Consulta, aprobada por el Congreso el 19 de mayo pasado.
El principal cuestionamiento está referido a la marginación de las comunidades campesinas por el gobierno, que sostiene que no merecen ser consultadas porque “no son indígenas”. “No corresponde a la posición oficial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hacer distinción entre los pueblos. La OIT ya ha declarado, y se lo ha hecho saber al estado peruano, que las comunidades campesinas están siendo consideradas en el ámbito del Convenio 169, pero además hay una tradición científica, antropológica e histórica de considerarlas como indígenas y el hecho que en algún momento de la historia del Perú las hayan comenzado a llamar campesinas no cambia para nada que sean considerados como pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas de las comunidades de la zona andina y de la zona de la cuenca amazónica son los mismos, y no hay por qué hacer distinción”, señaló el ex relator.“Me parece una lástima que el presidente Alan García no haya aceptado la ley tal como se la envió el Congreso y ahora con la observación y el allanamiento del Congreso queda detenida la aprobación de la norma y eso es un retroceso, pues se esperaba que el gobierno cumpla con el compromiso que el Perú adoptó ante los organismos internacionales, asumiendo como obligación el derecho a la consulta”, sentenció Stavenhagen.
Asimismo, especialistas internacionales en derechos de pueblos indígenas que participan en el VII Congreso de la Red latinoamericana de Antropología Jurídica criticaron también las observaciones. Bartolomé Clavero, miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas explicó que “indígena” es todo aquel grupo humano que existe desde antes de la formación del Estado. “Las comunidades andinas ocupan sus territorios desde antes que exista el estado peruano. Los grupos humanos que se auto identifican como pueblos indígenas deben ser consultados. El requisito principal es que tengan conciencia de su condición de indígena, que se reconozcan como indígenas; no deja de ser indígena un nativo que realiza estudios o que deja de vestirse como se visten en su comunidad”, explicó.
En tanto, la Colombiana Esther Sánchez, ex perito de la Corte Interamericana de derechos humanos, señaló que con la consulta previa “se busca proteger a los pueblos que ameritan ser consultados y de romper las definiciones restrictivas”. “Es cuestión de proteger los derechos humanos. El auto reconocimiento es el punto central del Convenio 169, el Convenio sólo habla de poblaciones indígenas o pueblos originarios, pero aquí en el Perú se está haciendo una distinción discriminatoria”, refirió la experta.
Sánchez comentó, además, que en su país fue extendida la categoría de “indígenas” a las comunidades inmigrantes como los africanos y los gitanos desde 1991, y aumentaron las comunidades indígenas de 84 a 102.
Asimismo, Stavenhagen cuestionó que el presidente Alan García haya observado el mecanismo que busca que las comunidades indígenas y el Estado lleguen a un consenso sobre el permiso para que empresas extractivas ingresen a sus territorios previa consulta. “La finalidad del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es que las comunidades y el Estado lleguen a un consenso y que las comunidades otorguen su consentimiento a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales. Está claro que si no se llega a un consentimiento el Estado puede adoptar su propia decisión, pero si no se llega al consenso entonces la consulta no sirve de nada”, manifestó el ex relator.
Marcelo Puelles
Redacción
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