APUNTES SOBRE LA CRIMINALIZACION
DELA PROTESTA SOCIAL
Dr: Jorge w. Tacuri Aragón
LA CRIMINALIZACIÓN
DE LA PROTESTA
1. INTRODUCCIÓN
La
criminalización de la protesta es uno de los fenómenos políticos y sociales que
viene causando gran preocupación a nivel global, al extremo que en la ONU se ha plateado como una
grave violación de los DD.HH. y en especial del ejercicio y la defensa de los
derechos de los pueblos indígenas.
Se
le conoce también como la judicialización
de la política que no es otra cosa que la expansión del sistema penal con la finalidad de
solucionar conflictos sociales en un contexto donde el neoliberalismo esta
seriamente cuestionado a nivel internacional no solo por ser generadora de una
crisis financiera internacional sino porque es un modelo de organización de la
sociedad excluyente, opresora y sobre todo antidemocrática que contradictoriamente
en el Perú se pretende profundizar.
Estas
políticas de control social que vulnera derechos constitucionales como la libertad de opinión, expresión, reunión,
vienen agravando la relación entre Estado y sociedad, más aun cuando pretende
focalizar para contener las demandas y
reivindicaciones de los pueblos indígenas históricamente mas excluidos por los estados.
Por
ello consideramos acertado que desde hace tiempo CONACAMI haya incorporado este
tema en la agenda de sus diversas actividades con la finalidad de fortalecer
las propuestas, reivindicaciones, resistencias y sobre todo la defensa de
aquéllos que se ven forzados a ser parte de una protesta o demanda al Estado.
Por
ello, en la lógica de la reflexión y capacitación el presente cuaderno de trabajo
señalamos algunos elementos del contexto internacional que han generado nuevos
paradigmas de seguridad, la naturaleza jurídica de la protesta, una aproximación
conceptual, el modelo de legalidad en el que se aplica la criminalización, las
características del nuevo orden penal de sistema penal, efectos en las
organizaciones sociales, casos emblemáticos,
conclusiones y alternativas.
Esperamos
sea un aporte que explique el significado político y legal de la
criminalización de la protesta y fortalezca la resistencia y
defensa jurídica de las comunidades en conflicto.
Colectivo
TINKUY
Lima
Agosto del 2009
2. UN VISTAZO GENERAL
DESDE A LA HISTORIA
En sociedades
que históricamente han sido construidas sobre modelos de dominación, exclusión
y opresión, la tarea del Estado de vigilar y castigar se ha realizado amparado
en nociones que justifiquen el no reconocer a los gobernados la condición de
sujetos de derechos. En nuestra América
estos es mas crítico cuando se trata de pueblos indígenas que desde hace mas de
500 años vienen siendo sometidos ha distintas formas de colonialismo con la
finalidad de apropiarse de sus recursos naturales.
Recordemos por
ejemplo que con la llegada de los españoles uno de los debates entre ellos era
determinar si los indígenas son o no seres humanos, se pasaron mucho tiempo en
aceptarnos como tal, los que pensaban que no, argumentan que carecíamos de alma. Siendo el objetivo el saqueo
necesitaron creer que los que habitaban estas tierras eran salvajes a fin de
promover uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad.
Algunos
mestizos y sectores de la iglesia católica que no podían ya esconder su horror
ante la masacre de los pueblos indios, iniciaron una gran campaña para promover
la necesidad de “buen trato” a los indios. Este hecho era el inicio de un largo
proceso para reconocer los derechos de los pueblos originarios que hasta hoy ha
tenido el signo de quedarse solo en el papel y buenas intenciones; es decir en
códigos, constituciones, declaraciones, tratados, etc.
Es por eso que
la Revolución Francesala Independencia
Americanala Republica sin considerar
la existencia de los indios.
Pero este
hecho no podía durar toda la vida, la resistencia y lucha de los pueblos
indígenas en el mundo permitieron visibilizarlos como actores sociales y
político. En el campo del reconocimiento se han conquistado instrumentos
jurídicos como el Convenio 169 de la
OIT y la Declaración de los
Derechos de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la
ONU. En
Pero este
avance internacional en el Perú es contradictorio, el Estado excluyente y
oligárquico en el plano del cumplimiento y
construcción de normas sobre los
de derechos indígenas ha seguido un ruta sinuosa de marchas contra marchas; un ejemplo actual de ello es
la tensión y diferencia entre la Constitución del 79 y la del 93.
En la primera,
al cual se le ha reconocido su carácter progresistas producto de una época de
reformas sociales para los pueblos indígenas se constitucionalizó sus derechos
sobre la tierra como imprescriptibles, inalienables e inembargables; pero este
avance constituía obstáculo para el nuevo ciclo del capitalismo mundial
entonces decidieron hacer otra “Carta Magna” valiéndose de una dictadura, donde
para las comunidades sólo queda el derecho la imprescriptibilidad, abriendo la
puerta de esta manera a la imposición del neoliberalismo con todas las
consecuencias de la cual somos testigos en el presente.
Hoy con “El Perro del Hortelano”, discurso para Justificar la
implementación del TLC Perú-EE.UU. el gobierno ha asumido una política y un
discurso orientados a desconocer, y mal informar a la opinión pública sobre la
naturaleza, los derechos y las reivindicaciones de los pueblos indígenas.
El propio Presidente de la República , mediante un
artículo de opinión presentando sus propuestas de modernización del Estado y
modelo de desarrollo, pone en cuestión la existencia de las comunidades nativas
y campesinas como realidad social e histórica y sostiene la necesidad de que
reviertan al Estado los territorios de dichas comunidades para ponerlas en
manos de grandes inversionistas.
Entre sus propuestas, el Presidente García ridiculiza
algunas de las reivindicaciones centrales del movimiento indígena, en
particular la existencia de los pueblos en aislamiento voluntario, así como la
defensa ambiental y de la salud frente a
la extensión indiscriminada de las actividades extractivas.
“Además
existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales,
que tienen 200 mil hectáreas en el papel pero solo utilizan agrícolamente 10
mil hectáreas y las otras son propiedad ociosa, de 'mano muerta', mientras sus
habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda
la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas,
transándolas porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con
un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo
comprador…Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas
porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su
propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería
tecnología de la que se beneficiaría también el comunero, pero la telaraña
ideológica del siglo XIX subsiste como un impedimento. El perro del hortelano”.
Este pequeño
recorrido con algunos elementos muy generales de la historia ha sido
introducido para ubicar la criminalización en su relación con modelos
políticos, sociales y económicos debido a que los intereses del grupo de
quienes controlan el gobierno y el Estado necesitan de instrumentos de carácter
coercitivo para garantizar la viabilidad del ejercicio y beneficio del poder.
Tratándose de
pueblos indígenas para legitimar el monopolio de la violencia estatal como
instrumento de control social el poder ha construido una visión político
criminal que a lo largo de la historia ha cambiado con la finalidad de
legalizar y justificar la represión contra ellos.
- Vemos, en
- En los proceso emancipatorios a los indios
insurrectos que buscaban liberar estas tierras del yugo español, sus
conductas, eran considerados por el derecho canónico como afrentas a
Dios su descendiente el Rey
mereciendo como castigo el garrote, la horca, el descuartizamiento y las
sanciones se aplicaban todos los familiares conocidos.
- En
- En los tiempos del neoliberalismo la democracia
solo es para elecciones, la protesta se ha convertido en delito, el
luchador social en delincuente con los calificativos de violentistas,
terroristas, agitadores, chavistas, perro del hortelano etc.
3.
ALGUNOS ASPECTOS DEL CONTEXTO
INERNACIONAL PARA EXPLICARNOS LACRIMINALIZACION DE LA PROTESTA.
En
modulo de Neoliberalismo, Minería y Luchas por el Territorio se ha desarrollado
con amplitud el significado de la globalización neoliberal, este aspecto, desde
la perspectiva de la criminalización
consideramos necesario resaltar en el siguiente sentido.
Es
una versión del capitalismo global que para mantener su modelo de acumulación y
reproducción del capital requiere de una ampliación y profundización de la
mercantilización, ampliando el sentido de que todas las cosas que rodean al
hombre tienen precio y se pueden comprar
o vender.
En
esa línea promueven múltiples mecanismos para controlar y explotar los recursos
naturales llegando incluso ha organizar guerras imperiales de apropiación y
saqueo como vemos actualmente en el medio oriente donde bajo el argumento de
combatir el terrorismo internacional se controla militarmente una zona del
planeta que almacena la mayor cantidad de recursos energéticos.
Para
hacer que los Estados estén principalmente al servicio del capital han
implementado “reformas” recurriendo a los famosos ajustes estructurales y
privatizaciones. Con estas medidas han lanzado a miles de empleados públicos a
las calles, confiscado y expropiado los fondos de los jubilados, desaparecido
las empresas estatales, acrecentado la desprotección de los sectores sociales
vulnerables y convirtieron al Estado en guardián y policía de sus intereses.
En la necesidad garantizar el dominio sobre las mayorías desarrollan un
conjunto de estrategias con la finalidad de reducir la democracia a un asunto
de elecciones, es decir como un ejercicio que solo sirve para elegir
representantes del pueblo al Municipio, Gobierno Regional, Congreso y
Presidencia de la Republica. Cualquier
Otra
característica importante de esta globalización es la creación e imposición de
un sistema jurídico y político sobre las legislaciones nacionales e
internacionales preexistentes configurando una nueva geografía del poder donde
los Estados nacionales han cedido su soberanía para compartirla con redes
transnacionales.
De los efectos y consecuencias de este modelo de organización de la vida son
consientes los sectores dominantes, ellos saben que su ofensiva neoliberal
profundiza la dominación, exclusión y opresión, observan como sus medidas
generan mas fragmentación, polarización, vulnerabilidad de los sectores
desfavorecidos y sobre todo como se amplia las brechas sociales entre ricos y
pobres.
Entonces desde la lógica del control social debían de diseñar un Estado
que garantice la paz social, gobernabilidad, estabilidad, etc. Debían dotarse
de una legislación que les permita disuadir combatir las amenazas y armar un
sistema penal que actúe en consonancia con los objetivos de quienes gobiernan
el Estado y sobre todo de aquellos al cual sirve y protege.
Por eso en el desarrollo del neoliberalismo vemos como se expande la
acción del Estado para regular mas ámbitos de la vida social, se criminaliza la
protesta, se militariza los conflictos sociales, se aplica doctrinas de
seguridad nacional, seguridad democrática, enemigo invisible, se levanta
fantasmas como las conspiraciones internacionales, se expansión del sistema
penal, etc.
4. LA RESPUESTA DEL
LOS EXCLUIDOS.
Dicen que a toda acción le sobreviene una reacción, en ese sentido, la
globalización del neoliberalismo ha visto irrumpir nuevas resistencias donde
los pueblos indígenas aparecen o se visibilizan como actores sociales y políticos.
Se constatan masivas manifestaciones en las sedes donde se realizan las
cumbres geopolíticas que deciden y se reparten el mundo. No hay conclave de
gobiernos o empresarios que es respondido con diversas formas de protesta.
En América Latina se observa como
los sectores democráticos y de la izquierda logran consolidar gobiernos
progresistas que rompen con la hegemonía del imperio y implementan un modelo
alternativo al neoliberalismo llegando incluso a trazarse la tarea de la
construcción del Estado Plurinacional.
En nuestro caso, las resistencias de las comunidades y el pueblo Ayabaca
constituyen un hito histórico en la lucha por la defensa del territorio y el
medio ambiente que tiene su continuidad en los levantamientos indígenas.
El Perú entra al siglo XXI acompañado por la resistencia de la
comunidades contra las concesiones mineras en sus territorios y el
levantamiento del los pueblos amazónicos contra los decretos legislativos de
Alan García.
Este conjunto de situaciones han generado las condiciones para introducir
la seguridad y control como uno de las principales preocupaciones del
neoliberalismo
5. LOS NUEVOS PARADIGMAS
DE SEGURIDAD.
Las políticas de flexibilización del mercado laboral, la competencia por
el acceso a los recursos naturales y las privatizaciones de los servicios
básicos de la sociedad, están profundamente vinculadas a las guerras preventivas,
los conflictos de baja intensidad, la
criminalización y la represión de los movimientos sociales.
Otro elemento que alimenta las políticas de seguridad es que a nivel
global se están desarrollando respuestas contra hegemónicas que esta debilitando
los cimientos del modelo; un ejemplo concreto en el caso peruano es le derrota
de los decretos legislativos de régimen del Dr. Alan García que ha tenido que
reconocer el carácter inconstitucional de sus normas y derogarlas.
En
este sentido es necesario recordar 11 de septiembre de 2001(atentado a las
torres gemelas en Nueva York, Estado Unidos), como hecho generador de un
profundo cambio en las políticas de seguridad de los Estados donde se cambió
radicalmente la lucha contra el terrorismo, apelando a la expansión de los
conceptos seguridad, lucha integra, guerra preventiva, etc.
Se
plantea una falsa dicotomía entre la
obligación de proteger a la población civil y al de respetar los derechos
humanos. Uno de los mas graves efectos de esta falsa dicotomía es la
legitimación de practicas violatorias de los derechos fundamentales, como las
capturas masivas y las detenciones arbitrarias, en el marco de la política de
“seguridad democrática”
Para lograr sus objetivos se plantean las siguientes estrategias
n
Dividir la sociedad en buenos y malos - El perro del hortelano.
n
Creciente regulación de la sociedad – Intervención
de la Agencia Peruana
de Cooperación internacional APCI
n
Criminalización de la protesta - judicialzación de
la política que convierte a la protesta
disidencia en delito.
n
Ataque sistemático a través de los mass media –
satanización de la oposición y
movimientos sociales.
n
Uso de leyes antiterroristas contra movimientos
sociales – aplicación de legislación de emergencia
n
Privatización de la seguridad – intervención de la
seguridad de la empresas en el control de las protestas.
n
Organización de la vigilancia ciudadana – el arresto
ciudadano.
n
Grupos paramilitares – Colina y Rodrigo Franco.
n
Militarización de los conflictos sociales –
intervención de las FF.AA. para controlar el orden interno.
6. LOS PROCESOS
POLITICOS Y LA
CRIMINALIZACIÓN.
Frente
a la demanda de los pueblos indígenas por sobrevivir política y culturalmente
ante dichos procesos de homogenización y neocolonialismo impulsados por la
economía del mercado, los Estados han respondido con el uso desproporcionado
del poder, acudiendo a discursos hegemónicos sobre el “enemigo invisible” y la
“seguridad preventiva”, donde las movilizaciones colectivas indígenas, tanto
como las populares y campesinas, son consideradas como acciones criminales.
Detrás
está el hecho de que el modelo democrático de lo países examinados se reduce
esencialmente a lo electoral. No existe capacidad de participación,
fiscalización, decisión ni posibilidad formal de revocatoria de los poderes
constituidos.
Lo
cierto es que las sociedades de los países examinados están construidas sobre
modelos de dominación, exclusión y opresión que vulnera los derechos humanos de
las mayorías.
Esta
penalización se presenta como una protección de los bienes jurídicos, enmascarando la supuesta
imparcialidad del sistema penal. Todo esto constituye una fetichización de la Ley , donde sus operadores
pretenden automatizarla de lo político para convenir el conflicto social en un
asunto exclusivamente de legalidad. Para justificar todo esto, cada vez que los
problemas sociales se politizan se escuchan voces de defensa de la democracia,
gobernabilidad, desarrollo, crecimiento, paz etc., las reivindicaciones
sociales devienen así en actos subversivos, los discursos que denuncian las
injusticias se convierten en apología del delito y la movilización en rebelión.
De aislar a los lideres sociales y
comunitarios con el fin de de vertebrar procesos organizativos que pueden
construir un obstáculo para los objetivos sociales y económicos planteados en
el marco de la “seguridad democrática”
Entre
tales cambios cabe subrayar el reconocimiento de los Pueblos Indígenas, con su
propia identidad y con derechos colectivos, a la participación política para definir
lo asuntos que les incumbe y para intervenir en las decisiones nacionales. Con
ello pasan de ser” objetos” de políticas a ser actores políticas.
La
criminalización” como política estatal se ha amparado en el Sistema Penal que
rige a cada de uno de estos países, es decir utiliza el régimen punitivo como
herramienta represora a la defensa de los derechos de nuestro pueblos, se han
ido adecuando a tipos penales los actos legítimos de protesta y reclamos contra
diversa arbitrariedades de los Estados, que tienen como finalidad el despojo
total, completo de los territorios de los pueblos indígenas.
7. ¿QUE ES LA PROTESTA Y CUAL ES SU
NATURALEZA LEGAL Y POLITICA?
En
principio la protesta debemos definirla como un reclamo,
una demanda, o respuesta dirigida al Estado que realiza un sector de la
sociedad frente a una situación que
amenaza, vulnera, omite o desconoce un determinado derecho.
Es un derecho
de carácter constitucional que pertenece a la naturaleza de los derechos
fundamentales como es la libertad de expresión y opinión, que cuando se ejercen
de manera colectiva o individual forma parte del ejercicio de derechos civiles
y políticos amparando la libertad de reunión, de elegir y ser elegido y de la
defensa de la constitución frente a gobiernos usurpadores o que realzan actos
que vulneran la
Constitución.
Desde una
perspectiva democrática y en un estado de derecho este ejercicio debe ser
valorado como prácticas sociales que contribuyen al desarrollo y profundización
de la democracia. Son parte del juego político entre gobernantes y gobernado
donde el dialogo y la negociación, en el buen sentido de la palabra, deben
serlos elementos de la relación entre Estado y sociedad
La forma como
responden los gobiernos contra la protesta sirve también como elemento para
caracterizar un régimen. Cuando el Estado no reconoce a la gente sus derechos a
protestar y convierte este acto democrático en delito estamos frente a una
conducta autoritaria. Cuando lo reprime sin respetar los derechos humanos,
militariza los conflictos sociales, promueve la impunidad para los guardianes
del orden y vulnera su propia Constitución, estamos frente a un régimen
autoritario.
8. ¿EN QUÉ CONSISTE LA CRIMINALIZACIÓN DE
LA PROTESTA SOCIAL
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CPSPI)?
La criminalización
de la protesta social es aquélla “política” o práctica de los Estados que tiene
por finalidad silenciar las voces de legítima protesta y reprimir las acciones
de reclamo de los diferentes sectores populares del país (trabajadores,
estudiantes, obreros, etc.) quienes se organizan para defender sus derechos
fundamentales que son vulnerados o amenazados tanto por el Estado como por los
diferentes grupos de poder político y/o económico.
En el caso
de nuestros pueblos indígenas, lo que se pretende es acallar y deslegitimar
cualquier tipo de manifestación mediante la cual buscan defender y reinvindicar
sus derechos ancestrales sobre sus territorios y demás recursos naturales
(agua, aire, fauna, bosques, plantas medicinales y alimenticias, etc.) frente a
las permanentes amenazas del Estado Peruano y de las empresas con grandes
capitales nacionales y extranjeras.
9. ¿POR QUÉ RAZÓN EL GOBIERNO APRISTA
VIENE IMPLEMENTADO LA
ACTUAL POLÍTICA DE CRIMINALIZACIÓN DE PROTESTA SOCIAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS?
Ante la
política económica neoliberal impuesta por el gobierno ultraderechista de
García y sus aliados, que genera exorbitantes ganancias y beneficios para unos
pocos, era lógico esperar el rebrote de inconformidad que se produciría en los
sectores históricamente más olvidados del país. En efecto, como respuesta a
esta situación de desigualdad e injusticia, se han producido una serie de
movilizaciones y protestas de diversos sectores sociales que buscan el respeto
y la defensa de sus derechos, así como la anhelada justicia social.
En
este nuevo escenario de autoritarismo y abuso, los pueblos y naciones
originarios están entre los principales afectados, pues éstos han visto
directamente amenazados sus legítimos derechos sobre sus territorios y recursos
naturales a través de los inconstitucionales Decretos Legislativos (como
aquéllos que, en conjunto, integran la denominada “ley de la selva”) aprobados
con el pretexto de la implementación del TLC con los EE.UU..
Estos
decretos que tienen la única finalidad de beneficiar a las grandes inversiones,
y a la corrupta clase política y alta burocracia nacionales, como es obvio, ha
generado diversas muestras de rechazo de nuestras comunidades campesinas y
nativas; en efecto, recordemos que estos decretos buscan
despojarlos a como de lugar de sus territorios ancestrales y de todos los
bienes comunes que los integran (ríos, lagos, bosques, etc.), mediante su
concesión o venta al sector privado.
Es
necesario remarcar que la lucha de nuestros pueblos indígenas surge porque la
tierra y sus recursos no constituyen para ellos simples mercancías, esto es,
objetos que se puedan comprar y vender sometiéndolos a las reglas del libre
mercado, como los concibe la civilización occidental; por el contrario, tales
elementos son sagrados, sobre todo la tierra, pues en ella está depositada la
sabiduría de sus antepasados, y es el hogar donde moran sus ancestros y ellos
mismos. Por ello, la defensa de sus territorios resulta fundamental para
salvaguardar su existencia como comunidades y como naciones, pues el vínculo
entre ellos y la tierra es indesligable.
Ante
esta situación, y con el fin de controlar el descontento social e ignorar los
justos reclamos de nuestros pueblos originarios, el actual gobierno promulgó en
julio de 2007 un paquete de decretos legislativos que muestran claramente su
vocación represiva, buscando desprestigiar y aplacar la protesta social de
nuestros pueblos indígenas a través de su criminalización legal y judicial.
10. ¿A TRAVÉS DE QUÉ MECANISMOS SE
CRIMINALIZA LA PROTESTA SOCIAL
No
sólo este gobierno, sino también sus antecesores, han buscado criminalizar la
legítima protesta social ha través de
todos los mecanismos posibles; son ejemplos de ello:
- La creación de nuevas figuras
delictivas (la mayor parte de ellas claramente inconstitucionales) a partir de
actos reivindicativos, como movilizaciones y protestas sociales.
- El aumento severo y no proporcional de
las penas de los delitos relacionados con la protesta social.
- El hostigamiento y acoso permanente a
los líderes sociales e indígenas por agentes de las fuerzas armadas y de los
servicios de inteligencia.
- El desprestigio, descalificación y
difamación de los líderes y luchadores sociales, acusándolos de delincuentes o
terroristas.
- Las detenciones arbitrarias y tratos
inhumanos (torturas) contra los manifestantes.
- El inicio de largos y costosos
procesos judiciales contra los dirigentes y manifestantes, muchos de los cuales
concluyen con sentencias manifiestamente injustas y direccionadas
políticamente.
- Los constantes procesos de
militarización de diversas zonas del país, suspendiendo el libre ejercicio de
los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos mediante la
declaratoria de estados de emergencia.
- La búsqueda permanente de la impunidad
para los policías y militares que abusan de su poder y provocan lesiones o
muerte a los manifestantes.
Dentro
de esta lógica de criminalización, y anticipándose al oscuro escenario que
sabía que se aproximaba, el gobierno aprista promulgó el 22 de julio de 2007
–dentro de las facultades conferidas por el Congreso de la República para combatir
efizcamente el crimen organizado- un paquete de Decretos Legislativos que
crearon nuevos delitos y mecanismos legales para reprimir las manifestaciones
de descontento social, agravando drásticamente las penas para los dirigentes y
líderes sociales involucrados en protestas sociales. Así, tenemos:
DECRETOS LEGISLATIVOS
|
CONSECUENCIAS Y EFECTOS
|
Decreto Legislativo N.º 982
-
Declara inimputables a los policías
y militares que ocasionen lesiones o muerte a los ciudadanos, cuando hagan
uso de sus armas en forma reglamentaria y en cumplimiento de su deber.
-
Penaliza la protesta social de los
ciudadanos y de los funcionarios públicos como delito de extorsión,
estableciendo una pena máxima de 25 años de prisión.
|
-
Al amparo de esta norma, los
policías y militares pueden utilizar abiertamente sus armas de reglamento
contra quienes realicen protestas o
manifestaciones sociales, siendo exonerados de cualquier responsabilidad penal
en el caso de que, como consecuencia de ello, produzcan muertes o lesiones a
los ciudadanos.
-
Las protestas y manifestaciones
sociales, como los paros, huelgas, marchas y movilizaciones, son
incompresiblemente incluidas dentro de la figura delictiva de extorsión
(chantaje con amenaza o violencia), por lo cual los dirigentes, manifestantes
y funcionarios públicos que incurran en el pueden ser condenados hasta con 25
años de cárcel.
|
Decreto Legislativo N.º 983
-
Prolonga la detención preventiva
para los procesados por delitos especiales y/o graves hasta un plazo de 72
meses.
|
-
Se admite que las autoridades
judiciales mantengan encarcelada a una persona procesada judicialmente hasta
por un tiempo de 72 meses (o sea, 6 años), ampliándose así el plazo anterior
de 36 meses. Esto representa una situación de manifiesta injusticia que viola
el debido proceso, dado que se expone a cualquier ciudadano a permanecer en
prisión por un prolongado tiempo sin recibir sentencia alguna, en especial, a
aquellos que son procesados por delito de terrorismo con mandato de
detención.
|
Decreto Legislativo N.º 988
-
Se establece como medida limitativa
de derechos, adicional a la detención preliminar, la incomunicación del
detenido con el mundo exterior por un máximo de 10 días.
|
-
Se autoriza a las autoridades
judiciales para que, sin justificación alguna, puedan disponer que los
ciudadanos detenidos sean totalmente aislados e impedidos (con excepción de
su abogado) de mantener contacto y comunicación alguna con familiares, amistades,
medios de comunicación y otros, hasta por un plazo máximo de 10 días.
|
Decreto Legislativo Nº 989
-
Otorga facultades a la policía en la
investigación preliminar de los delitos, atribución que era de competencia
exclusiva del Ministerio Público en su calidad de titular de la acción penal
pública.
|
-
Con esta disposición, se faculta a
los miembros de la policía a tomar las declaraciones de los detenidos y a
realizar diligencias investigatorias sin contar necesariamente con la
presencia de los fiscales y, menos aun, de los abogados de los detenidos.
|
Como
ya mencionamos, otra de las formas como se manifiesta la CPSPI es a través del
recurso abusivo de la fuerza pública. Un claro ejemplo de ello lo constituye el
Decreto Supremo N.° 060-2007-PCM, que fuera aprobado a raíz de la ola de
protesta sociales que vivió el país en el 2007, y por medio del cual se dispuso
la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional por un
plazo de 30 días para efectuar acciones en apoyo de la Policía Nacional
en el control del orden interno.
Es
preciso resaltar al respecto lo extremadamente peligroso que resulta este nuevo
llamado a la intervención de las FF. AA. en estas zonas de conflicto social; en
efecto, no es posible olvidar las lamentables consecuencias (torturas, muertes,
desapariciones, etc.) que ya se han generado cada vez que aquéllas interfieren
en situaciones similares para “resguardar el orden público”. De allí que su
accionar deba ser restringido al máximo y para casos en donde su presencia sea
de vital importancia.
Asimismo,
debemos recordar que la policía tampoco está libre de cometer abusos en el
ejercicio de su rol. Basta recordar a tal efecto las recientes muertes que han
ocasionado con su irresponsable accionar durante las protestas y movilizaciones
acaecidas en el presente gobierno aprista, las que, hasta ahora, bordean la
cifra de 20 fallecidos.
11. EL
MODELO DE LAGALIDAD.
La dictadura de Fujimori y Montesinos
han sentado las bases del nuevo modelo de legalidad para el sistema penal.
Con
la dictadura se instaló una nueva política criminal basada en una legislación
penal de emergencia cuya máxima expresión fue el Decreto Ley Nº 25475 - Ley
Antiterrorista[1].
El
informe de la Comisión
de la Verdad y
la Reconciliación
señaló que desde el 05 de abril de 1992, en el Perú se impone un nuevo modelo
de legalidad ultra punitivo basado en tipos penales abiertos, cadenas
perpetuas, condenas elevadas y desproporcionadas, procesos sumarios,
prohibición de beneficios penitenciarios y una organización del sistema penal
cuya finalidad principal era condenar creándose para ello los jueces sin
rostro, jueces militares condenado civiles, creación de cárceles inhumanas, entre
otros[2].
En
la década de los 90 y en la entrada del nuevo siglo, el legislador ha
persistido en una sola opción de política criminal que no es otra cosa que la
expansión del Derecho Penal aumentando las penas de casi la mayoría de los
delitos previstos en el Código Penal.
El
argumento que se ha utilizado y explotado ha sido la inseguridad ciudadana,
espacio donde el Estado deliberadamente se ha mostrado incapaz para reaccionar
en otros términos.
Esta
situación de vulnerabilidad de la sociedad es permanentemente exacerbada por
operadores políticos y mediáticos con el objetivo de legitimar formas de
control social autoritarias con la finalidad de mantener las relaciones de
dominación existentes.
En
el campo penal, esta tendencia en el incremento punitivo tiene una finalidad
intimidatoria cuyo sustento es el terror estatal que se infunde a los
ciudadanos mediante las penas excesivas.
Es
necesario también señalar que ésta es una tendencia internacional donde surge
una creciente normativización expresada en la penalización de la vida diaria o
la posibilidad de sustituir normas sociales por normas penales y en la
judicialización de la política.
Esto
hace que el sistema penal sea la punta de lanza que se pretende utilizar para
solucionar todo, rompiendo de esta manera los principios rectores del derecho
penal moderno que son la fragmentariedad, su carácter subsidiario y su posición
de última ratio; es decir, de mínima intervención.
12. El régimen de Alan García profundiza
el del modelo de legalidad de la dictadura.
Los
cambios introducidos por el golpe de Estado del 05 de abril de 1992 han sentado
las bases de una nuevo modelo de legalidad que se basa en la expansión del
derecho penal como instrumento principal para resolver los problemas de
seguridad ciudadana; en este sentido, durante las últimas décadas no solo se ha
mantenido esta tendencia en lo sustancial sino que con el Gobierno del Dr. Alan García se viene profundizando.
La modalidad con la
que se legisla en estos aspectos son las famosas delegaciones de facultades
legislativas, que no es otra cosa que la abdicación del poder Legislativo en
cuanto a su rol a favor del Ejecutivo; es así que el 21 de abril del 2007 se
pidió al Congreso de la
República permiso para legislar sobre Trafico de Drogas, Lavado
de Activos, Terrorismo, Secuestro, Extorsión, Trata de Personas, Crimen
Organizado y Pandillaje Pernicioso.
El día que fueron
solicitadas estas facultades, el argumento principal del Ejecutivo fue que se
necesitaba armonizar una legislación penal adecuada para tener una estrategia
integral que permita combatir de manera eficaz al crimen organizado.
En la fecha en que
se solicitaban y discutían estas facultades, las organizaciones sociales ya
habían lanzado la convocatoria para el 11 de julio del 2007 al Paro Nacional
que era la primera respuesta de la oposición para salir a las calles, enfrentar
al neoliberalismo y exigir el cumplimiento de sus promesas.
Lo sustancial de
estas normas, como se grafican en el cuadro anterior, es que aparentemente están
orientadas a incrementar la represión contra el crimen organizado, tienen como
objetivo encubierto enfrentar los conflictos sociales judicializando la
política, legalizando la impunidad y coaccionando por medio de la Ley a las autoridades elegidas
por el pueblo que tengan posturas de oposición y formen parte de las protestas,
como podrá observarse a continuación:
13.
LAS CARACTERISTICAS DEL MODELO DE LEGALIDAD Y EL NUEVO ORDEN
PENAL EN LA ACTUALIDAD.
En
síntesis el modelo de legalidad instaurado por el Fujimori y continuado por los
sucesivos gobiernos “democráticos” tiene como elementos característicos lo
siguiente.
Ø Regresividad
en cuanto a derechos y garantías en el campo jurisdiccional.
Ø Políticas de
control social formal que se caracterizan por ser ultra punitivos.
Ø Ya no existe
delito leve, todos pueden merecer la carcel.
Ø
Impulsar
la pena de muerte.
Ø
Los
violadores de DD.HH. defendidos por el Estado con dinero de todos los peruanos.
Ø
Impunidad para los efectivos policiales que causen
lesiones o muerte en el control de las protestas.
Ø
Incremento de las penal para los delitos contra la paz
publica y tranquilidad publica.
Ø
Institucionalización de las penas de cadena perpetúa.
Ø
Considerar como delito de extorsión los reclamos al
gobierno central.
Ø
Militarización de los conflictos sociales.
Ø
La tensión entre inseguridad y rol del estado se sigue
resolviendo echando mano solo de la ley penal como único instrumento.
Ø
Se vulnera la constitución al afectarse los principios
garantistas que fundamentan la actuación del sistema penal
Ø
Se sigue actuando y decidiendo la política criminal
bajo una lógica de legislación penal de emergencia (derecho penal del enemigo.
Ø
Hoy tenemos un nuevo modelo de legalidad penal que y
no corresponde a un Estado de derecho.
14. LAS DOCTRINAS QUE SUBYACEN COMO
IDEOLOGIA DE LA CRIMINALIZACIÓN.
14.1 Doctrina
de seguridad nacional.
Es un
pensamiento y conjunto de estrategias que tienen como origen la guerra fría y
que constituye aun la ideología de las fuerzas armadas que amplia la visión de
la noción del enemigo extendiendo sus accionar contra el pueblo. Esta ideología
ha sido el sustento de las dictaduras militares que a lo largo de la historia
han sido desarrolladas para combatir los esfuerzos de transformación social de
la izquierda latinoamericana.
14.2 Doctrina
de seguridad democrática.
Es utilizado
por los “regimenes democráticos” que ante las amenazas al “orden
constitucional” las estrategias de defensa no se reduce al Estado sino que se
orienta al individuo y sus libertades; para ello utiliza la falsa dicotomía
entre la obligación de proteger a la población civil y la obligación de
respetar los derechos humanos. Uno de los más graves efectos legitimación
de prácticas violatorias de los derechos fundamentales.
14.3 Derecho Penal de Enemigo.
Mediante el
Derecho Penal del enemigo el estado ya no dialoga con ciudadanos para mantener
la vigencia de las normas, sino que combate a sus enemigos, es decir, combate
peligros, por ello la pena se dirige hacia el aseguramiento frente ha hechos futuros no a la sanción de
hechos cometidos. No ve al frente a un ciudadano sino a un enemigo.
15. LOS EFECTOS LEGALES Y POLITICOS DE
LA CRIMINALIZACIÓN
Los
objetivos que tienen las estrategias de control y seguridad de los estados
aplicados a los conflictos sociales son de carácter político, pues utiliza el
sistema penal para resolver tensiones para las cuales no esta diseñado el
sistema penal generando las siguientes situaciones:
Ø
Reducción de la protesta a un tema de legalidad.
Ø
Se soslaya las causas que generaron la protesta.
Ø
No se aborda la naturaleza del conflicto.
Ø
La persecución y sanción penal desplaza el carácter
social y político de la protesta.
Ø
Hay una judicialización de la política.
Ø
Una protesta o una acción política de oposición o
disidencia se le interpreta como delito.
Ø
Se presenta como afirmación de la norma o de
protección de bienes jurídicos enmascarado en su supuesta imparcialidad.
Ø
Todo esto constituye una fetichización de la ley donde
sus operadores pretenden autonomizarlo de lo político para convertir el
conflicto social en un asunto exclusivamente de legalidad.
Ø
Cada vez que lo social se politiza se escuchan voces
de defensa de la democracia, gobernabilidad, desarrollo, crecimiento, de paz
etc.
17. CONCLUSIONES
- La
decisión actual del régimen político de profundizar el modelo
neoliberal es la razón principal de la expansión del sistema
penal y la inflación de las penas.
- El
instrumento principal para
solucionar los conflictos sociales
es la utilización del sistema penal, quebrando con ello el principio de
última ratio pilar de todo derecho penal garantista o democrático.
- El modelo
de legalidad para enfrentar la protesta es una legislación penal de
emergencia diseñado para enfrentar a la subversión y al terrorismo.
- La
recuperación o restauración de la democracia en el Perú no ha tenido
ningún impacto en la legislación del sistema penal muy por el contrario lo ha
profundizado.
- El modelo
de legalidad que se usa para enfrentar los conflictos sociales es un sistema punitivo retrogrado que
tiene como fundamento la teoría de la prevención general que no es otra
cosa que infundir temor en la población con penas draconianas.
- Para
dar seguridad jurídica a las
Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales
en el uso de la fuerza pública se ha diseñado una legislación de impunidad.
- La
proliferación de la judicialización de la protesta se ha convertido en una
forma de persecución política.
18. RECOMENDACIONES
n
Desmontar el modelo de legalidad instaurado en el Perú
basado en una legislación de emergencia que a convertido al sistema penal en el
principal instrumento de solución de los conflictos sociales.
n
Presentar acciones legales de
inconstitucionalidad en contra de las
normas que criminalizan la protesta social.
n
A nivel internacional hacer incidencia y acciones
legales denunciando al Estado peruano por la criminalización y judicialización
de los derechos civiles y políticos.
n
Crea espacios, alianzas y redes tanto nacionales como
internacionales donde la sociedad civil organizada, especialmente las
organizaciones que representan a los pueblos y comunidades indígenas para que
desarrollen vigilancia, denuncia y defensa de los procesos de criminalización de la
protesta social.
n
Crear las condiciones para que las organizaciones
sociales tengan la capacidad de sostener autónomamente su defensa legal ante la
represión y persecución política frente a las organizaciones sociales.
n
Campaña nacional e internacional para la solución
polìtica – ANMISTIA GENERAL PARA TODOS LOS PERSEGUIDOS PENALMENTE COMO
CONSECUENCIA DE LOS CONFLCITOS SOCIALES.
[1] El Decreto Ley Nº 25475 del 6 de mayo de 1992, legislación especial que regula los delitos
de Terrorismo en sus diversas modalidades y el delito de Traición a la Patria , los que iban a
cumplir un rol político, para cerrar el círculo para el cumplimiento del
propósito del Gobierno de su lucha frontal contra el terrorismo y los
movimientos subversivos, derogando a su vez los artículos 319, 320, 321, 322,
323 y 324 del Código Penal de 1991. Artículo “Control social, Neoliberalismo y
Derecho Penal”.
[1] “El Síndrome del Perro
del Hortelano”: Alan García Pérez, Diario El Comercio, 28 de octubre del 2007.
(www.elcomercio.com.pe)
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