Perú: CONACAMI E INCIDENCIA

Incidencia Internacional y protección de derechos colectivos: la experiencia de CONACAMI

Por: Wilwer Vilca Quispe

Durante los últimos años, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI, en alianza con otras organizaciones, ha ensayado diversas estrategias de defensa de derechos de los pueblos indígenas: movilizaciones, paralizaciones, diálogos con el gobierno y representantes de empresas mineras, informes acerca de violación a derechos humanos ante organizamos internacionales. En estas líneas pretendemos resaltar algunos aciertos de este aprendizaje, en el ámbito de la relación con instancias internacionales.

Una de las estrategias que ayudó a detener la conducta impulsiva de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas por los sucesivos gobiernos en el Perú, ha sido la de elevar denuncias e informes ante organismos de derechos humanos de la OEA y la ONU, que en cierta forma ayudaron a visibilizar los atropellos a los que están sometidos los pueblos en el Perú. Esta ha sido una útil estrategia de defensa de derechos territoriales, frente a instancias jurisdiccionales incapaces de hacer cumplir los derechos colectivos.

Del conjunto de demandas presentadas por CONACAMI ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, tres resultaron con medidas cautelares por afectación a las condiciones de vida, salud, alimentación, explotación agrícola, ganadera, aire, suelo y agua. Por la presencia de depósitos de relaves y hostigamiento a una dirigente (caso de San Mateo de Huanchor), por presencia de complejos metalúrgicos (caso de La Oroya), y por la existencia de depósitos de concentrado de minerales (provincia constitucional del Callao).

El 17 de agosto de 2004 la CIDH otorgó medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de Oscar Gonzáles y los miembros de la Comunidad de San Mateo de Huanchor. El 31 de agosto de 2007 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 65 moradores de la ciudad de La Oroya, porque los beneficiarios sufren de una serie de afectaciones a la salud a consecuencia de altos índices de contaminación del aire, suelo y agua.

Además, el 11 de agosto de 2006 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Margarita Pérez Anchiraico, Presidenta del Comité de Afectados por la Minería de Mayoc, porque había sido objeto de constantes actos de hostigamiento a causa de su activismo respecto de la situación de la Comunidad de San Mateo de Huanchor.

Del 2006 al 2009, CONACAMI ha presentado informes alternativos ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT. De todos ellos, recién el informe del 2008 tuvo resultado positivo porque el 20 de febrero la OIT hizo públicas sus observaciones al Estado peruano, en las cuales incide en diversos derechos que el Estado debe cumplir, como el derecho a consulta previa, libre e informada, derechos territoriales y otros que señala el Convenio 169.

Se elevó un informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERD, de las Naciones Unidas, sobre la conducta y expresiones racistas del presidente Alan García hacia los pueblos indígenas. Esta instancia, el 28 de agosto emitió un documento que contiene recomendaciones y observaciones al gobierno peruano, en el que enfatiza que el Estado peruano debe visibilizar a los pueblos indígenas incluyéndolos en datos estadísticos; aprobar leyes de consulta y participación; y garantizar institucionalidad para la representación indígena, entre otros importantes puntos.

CONACAMI también presentó informes ante el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya, sobre la permanente violación a los derechos de los pueblos indígenas. Los sucesos de Bagua merituaron que el Relator solicite una visita oficial para indagar in situ sobre los acontecimientos. En su informe de esta visita, Anaya recomienda hacer una investigación exhaustiva con la participación de miembros del Estado y de los pueblos indígenas.

Producto de estos informes, delegados de los organismos especializados de Naciones Unidas se hicieron presentes en el Perú y dialogaron con funcionarios del Estado, a quines solicitaron tomar en cuenta las recomendaciones y observaciones que el Estado viene recibiendo a efectos de que no se agudicen los conflictos que se generan producto de un divorcio en el diálogo entre el gobierno y la sociedad civil. En este marco son destacables las visitas de Pastor Murillo, miembro del CERD, y de Jorge Araya de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Panamá, ambas realizadas en noviembre.

Estas experiencias se convierten en retos para el movimiento indígena peruano, que necesita dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado y demandar a los organismos internacionales que también lo hagan, a efectos de que todos los informes de los organismos internacionales se conviertan en medidas efectivas para la protección de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.

CONACAMI, junto a otras organizaciones similares, tiene la tarea de seguir elevando informes alternativos y darle seguimiento a las recomendaciones y observaciones ya dadas, con la finalidad de que, en un futuro, se logre un documento resolutivo con carácter vinculante desde las Naciones Unidas. Y también la de seguir presentando informes y llamamientos de urgencia ante los relatores especiales y solicitar su presencia en el Perú, a efectos de que sostengan reuniones con representantes de las organizaciones nacionales y regionales, para que los organismos internacionales tengan una mirada más completa de todos los casos de violación a los derechos de los pueblos indígenas.

Wilwer Vilca Quispe, es Maestro en Derechos Humanos, Miembro del Consejo Consultivo de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y Responsable de incidencia de CONACAMI Perú.