La protección se formula en términos de derechos y de
pueblos, pero de “derechos indígenas” y de “pueblos indígenas” sin la
correspondiente vinculación entre los unos como derechos de libertad y los
otros como sujetos de los mismos. No se trata de derechos de los pueblos
indígenas, sino de “derechos indígenas” a secas como si no tuvieran sujetos que
los ejerciesen cuales libertades propias. ¿Qué clase de derechos son éstos que
pueden sistemáticamente reducirse a objeto de protección? Alguna rara vez que
se utiliza la expresión de “derechos de los pueblos indígenas” se debe a que es
el lenguaje del derecho internacional haciéndose a los efectos de subordinarse
éste a las leyes nacionales: “El Código operacionaliza los derechos de los
pueblos indígenas consagrados en la legislación nacional e internacional”.
Según lo anuncian estos Principios y Lineamientos, “las
normas del Código se referirán, por un lado, a los derechos indígenas que se
busca especialmente proteger y, por otro, a los procesos bajo los cuales un
proyecto de inversión se diseña e implementa, los que deben considerar la
participación de las comunidades indígenas involucradas, bajo el principio del
respeto mutuo y la buena fe”. Esto último se concreta en la consulta debida que
se presenta como forma de cumplimiento del Convenio de la Organización
Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes (Convenio 169) que Chile ha ratificado el pasado septiembre.
Nada más incierto. La consulta en último término se reduce a un asunto
bilateral entre comunidades y empresas en condiciones en las que las primeras
prácticamente quedan a merced de las segundas. He aquí la pieza que redondea la
operación de una reforma constitucional que, como la que está en marcha, no
reconoce derechos de los pueblos indígenas, sino tan sólo derechos de las
comunidades.
Los Principios y Lineamientos del Código de Conducta prevé
la constitución de un llamado Consejo Nacional de Certificación para “la
certificación de los proyectos de inversión en Tierras y Áreas de Desarrollo
Indígena”, inclusive la acreditación de la consulta con las comunidades
indígenas, no con los pueblos. Es un órgano autónomo, “con independencia del
Gobierno”, integrado por siete personas entre las que habrá “tres
personalidades representativas de los pueblos indígenas, designadas por el
Presidente de la República, a propuesta de las organizaciones nacionales de los
pueblos indígenas” en el modo que determine una futura ley. El Presidente del
Consejo Nacional de Certificación será nombrado discrecionalmente por la
Presidencia de la República. El diseño está bien pensado para que resalte una
presencia indígena que se halle en minoría. Nominalmente, las empresas cuentan
con un solo escaño, aunque nada quita por supuesto que el resto, los tres
restantes, sean de sensibilidad igualmente empresarial y por igual extraña a la
posición indígena.
El futuro que el Código de Conducta Responsable contempla
para las comunidades indígenas es el de reservas de fuerza trabajo para las
empresas que se introducen en sus territorios. Incluso los derechos de los
pueblos indígenas del orden internacional, este orden de derechos al que Chile
se ha sumado mediante la ratificación del Convenio 169 y el voto en la Asamblea
General de Naciones Unidas a favor de la Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, a la hora de la verdad se reduce a una perspectiva laboral
que los desvirtúa por completo: “El Convenio 169 de la OIT, en su artículo 15,
incluye el concepto de participación en los beneficios y plantea el desafío de
definir la forma concreta en que se deberá implementar. El concepto proviene
del ámbito laboral y se le concibe como un sistema o fórmula para incentivar la
participación de los trabajadores en los desafíos económicos de la empresa”.
No hay economía comunitaria en la perspectiva de futuro que
así se diseña y así se propicia mediante este Código de Conducta Responsable.
El “objetivo general” del mismo no es otro que el de “proteger y garantizar el
ejercicio de los derechos de las personas y comunidades indígenas frente a los
potenciales impactos económicos, sociales y culturales de los proyectos de
inversión que se localicen en sus Tierras y Áreas de Desarrollo Indígena”, esto
es, el de integrar al cabo a personas y comunidades indígenas en dicho horizonte
empresarial que los reducirá, si a las empresas les conviene, a fuerza de
trabajo por cuenta ajena o los marginará de la economía ajena que acabará con
todo por imponerse en sus propias tierras. La consulta constituye un trámite
para este designio. Se le somete a unos plazos perentorios bajo la presión de
las empresas que proponen los proyectos a fin de que la participación indígena
cumpla la función que se le asigna. Las comunidades que se resistan a los
planes empresariales deben justificar su posición ante el Consejo Nacional de
Certificación. Con todo esto se establecen las condiciones más adversas para la
libertad de determinación indígena.
Este pasado mes de abril el gobierno chileno invitó al
Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos
y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, para que
asesorara en todo este proceso. El mismo emitió un informe sobre el estándar
internacional del procedimiento debido de consulta a los pueblos indígenas respecto
a cualquier decisión que les afecte. Nada que ver con el Código de Consulta
Responsable, mismo que, a la luz del informe del Relator, resulta un Código de
Conducta Irresponsable. El gobierno ha hecho caso perfectamente omiso,
prefiriendo evidentemente el asesoramiento de otra instancia internacional, la
del PNUD, la del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que comparte y
respalda plenamente en Chile la posición empresarial del caso.
En julio de 2008 el Sistema de Naciones Unidas en Chile, el
conjunto de sus agencias que es el PNUD quien preside, suscribió con el
gobierno chileno un oficialmente denominado Marco de
Acuerdo: Apoyo al desarrollo de la política indígena en Chile para el
periodo 2008-2010 que está realmente cubriendo sus ambiciosos objetivos en tan
corto espacio de tiempo. Se ratifica el Convenio 169 como cobertura
internacional, se procede a la fraudulenta
reforma constitucional de reconocimiento de pueblos indígenas, no de sus
derechos, como cobertura doméstica, y se cargan las pilas para el Código de
Conducta Responsable que remate la operación. Este Código Irresponsable
constituye la pieza esencial.
El planteamiento del mismo Marco de Acuerdo en apoyo al
desarrollo de la política indígena en Chile no es de derechos y aún menos de
derechos de los pueblos indígenas, sino de promoción de políticas de desarrollo
y prevención de los conflictos que puedan originar, con marcado énfasis
naturalmente en “los conflictos étnicos”, según denominación del propio
acuerdo. El Marco de Acuerdo se dirige a neutralizar las resistencia indígena a
la política chilena, una política en la que figura como punto esencial la
disposición empresarial de tierras y recursos indígenas. El PNUD no sólo brinda
una cobertura internacional en nombre presunto de los derechos humanos, sino
también una asistencia financiera realmente generosa, asistencia que en teoría
se destina al apoyo a los pueblos indígenas. Sin esta doble cobertura, sin
tamaña complicidad, Chile podría llevar más difícilmente adelante sus políticas
anti-indígenas.
Como agencia de Naciones Unidas, el PNUD está desde luego
obligado, no menos por supuesto que Chile mismo, a los instrumentos de derechos
humanos entre los que se comprende la Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. A efectos del debido contraste, recordemos tan sólo el
parágrafo primero de su artículo 28: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la
reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea
posible, una indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios
y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que
hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su
consentimiento libre, previo e informado”.
El Código de Conducta Irresponsable no se plantea en
absoluto el derecho de los pueblos indígenas en Chile a la reparación por la
invasión y expropiación masiva de sus tierras en el pasado, en un pasado en
buena parte reciente, sin consentimiento ni compensación en modo alguno. Esta
reparación podría ser la base de aquella alternativa de apoderamiento político
y económico indígena que no se contempla para nada por el referido Código
Irresponsable. La reparación para ser satisfactoria habría de ser realmente
ingente. ¿Cómo se compensa el verdadero genocidio cometido por Chile con el
pueblo mapuche hacia finales del siglo XIX?
La sesión anual del Foro Permanente de Naciones Unidas para
las Cuestiones Indígenas acaba de concluir el viernes día 29 de mayo. La
Oficina Regional del PNUD para América Latina y el Caribe ha presentado ante el
pleno del mismo un informe sobre actividades y proyectos que perfilan un
porvenir esplendoroso sin sombra ni mácula algunas. En reunión interagencial
más reservada, el mismo PNUD se ha quejado con insistencia contra la existencia
de este blog pretendiendo su silenciamiento respecto a las cuestiones que entienden
internas de Naciones Unidas. El PNUD está empeñado en convertirse en una
agencia de encubrimiento.
Con los derechos humanos por bandera, en Chile va camino de
conseguirse esta transformación de las agencias de Naciones Unidas si la
empeñada resistencia indígena no logra detener el proceso. En prevención del
conflicto étnico, con los fondos generosos de Naciones Unidas está también
cooptándose alguna dirigencia indígena para apoyo del Código Irresponsable y de
la consiguiente manipulación de consultas. Todo se tiene previsto. Otra cosa es
que se consiga.
- Bartolomé Clavero es miembro del Foro Permanente de
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.
Fuente:
http://clavero.derechosindigenas.org/?p=1508#more-1508
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