Desde Washington, Coordinador General de la CAOI reitera demanda de dar rango de ley a la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
Washington DC.- “No hay nada que debatir. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU fue discutida 23 años por los Estados y debe ser elevada al rango de ley en el Perú, con lo cual además se cumpliría una recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas al Estado peruano”, sostuvo hoy en esta ciudad Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI.
El dirigente informó que precisamente hoy el presidente estadounidense Barack Obama dedicará todo el día a una reunión con las naciones indígenas norteamericanas, cuyas autoridades le solicitarán que el Gobierno de Estados Unidos firme la citada Declaración de la ONU, incida para la aprobación de la Declaración Americana sobre el mismo tema en la OEA y cambie sus políticas públicas respecto de los pueblos indígenas.
Palacín Quispe recordó que luego de la Masacre de Bagua del 5 de junio pasado, el CERD de la ONU recomendó al Estado peruano promulgar una ley marco para los pueblos indígenas. Pero la elaboración de un proyecto sería difícil porque se confrontarían los intereses económicos de las empresas transnacionales y los intereses político-partidarios con las justas exigencias de derechos reconocidos de los pueblos indígenas.
“La Declaración de la ONU es fruto de 23 años de discusión por parte de los Estados. Entonces para evitar entrampamientos o exclusiones en el debate de nuevos proyectos, lo más razonable es dar rango de ley a esa Declaración”, insistió.
Descartó que este instrumento internacional contenga disposiciones que amenacen con cercenar el Estado, porque su propio articulado establece que nada dentro de ella puede ser interpretado en ese sentido. “Solo se trata de respetar la gestión de nuestros territorios, que siempre ha sido ejercida por nuestras comunidades y es un derecho reconocido en países desarrollados como Estados Unidos y Canadá”, subrayó.
Recordó también que el Estado peruano fue uno de los principales promotores de la aprobación de la Declaración en el seno de la ONU. Resulta entonces contradictorio que hoy pretenda cuestionarla o, peor aun, cercenar sus disposiciones.
Anunció que de seguir postergándose la aprobación del dictamen que eleva a rango de ley la Declaración de la ONU, las organizaciones indígenas, denunciarán al Estado peruano ante la CIDH y el parlamento estadounidense por racismo y discriminación, en el marco de su participación en la sesión del Grupo de Trabajo de la OEA que debate el proyecto de Declaración Americana sobre el mismo tema a fines de este mes en esta ciudad.
Misión Diplomática
El Coordinador General de la CAOI culmina hoy en la capital estadounidense una Misión Diplomática Indígena que se inició el lunes 2 con una Audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los impactos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en los Pueblos Indígenas, en la cual quedó claramente establecido el irrespeto al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado por parte de los Estados, las instituciones financieras internacionales y las empresas transnacionales.
Esta Misión Diplomática, además, sostuvo reuniones con funcionarios del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD, por sus siglas en inglés).
En estas reuniones, los integrantes de la Misión Diplomática denunciaron la vulneración de directrices de las instituciones financieras respecto del cuidado del medio ambiente y el trato con los pueblos indígenas. Asimismo, presentaron sus objeciones a las falsas soluciones, como los proyectos de reforestación del mercado de carbono, para enfrentar el calentamiento global.
Ante la falta de compromisos y respuestas claras por parte de los funcionarios con quienes se reunieron, la CAOI solicitó entrevistas con los directivos de las instituciones financieras, las cuales se realizarían a fines de este mes, en el marco de su visita a esta ciudad para participar en la sesión del Grupo de Trabajo de la OEA sobre la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Para coordinar su participación en esta sesión, la misión diplomática indígena se reunió ayer, miércoles 4, con José Pinelo, jefe de la Misión Permanente de Bolivia y Presidente del citado Grupo de Trabajo de la OEA, quien informó acerca de los avances en el debate del Proyecto de Declaración Americana.
Acompañaron a Miguel Palacín Quispe en la Misión Diplomática, Rodolfo López, Primer Cacique General de la Organización Indígena de la Chiquitanía y Narciso Roca, Presidente de la Central de Comunidades de Santa Cruz (ambos de Bolivia), y Telma Delgado Monteiro, representante de las Comunidades Nativas de Pueblos Indígenas de Rondonia, Brasil. Apoyaron la Misión Leonardo Crippa, abogado de Indian Law Resource Center, y Jorge Cortés, del Centro de Estudios para la Aplicación de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEADESC) de Bolivia.
Washington DC, Estados Unidos, 05 de noviembre de 2009.
El dirigente informó que precisamente hoy el presidente estadounidense Barack Obama dedicará todo el día a una reunión con las naciones indígenas norteamericanas, cuyas autoridades le solicitarán que el Gobierno de Estados Unidos firme la citada Declaración de la ONU, incida para la aprobación de la Declaración Americana sobre el mismo tema en la OEA y cambie sus políticas públicas respecto de los pueblos indígenas.
Palacín Quispe recordó que luego de la Masacre de Bagua del 5 de junio pasado, el CERD de la ONU recomendó al Estado peruano promulgar una ley marco para los pueblos indígenas. Pero la elaboración de un proyecto sería difícil porque se confrontarían los intereses económicos de las empresas transnacionales y los intereses político-partidarios con las justas exigencias de derechos reconocidos de los pueblos indígenas.
“La Declaración de la ONU es fruto de 23 años de discusión por parte de los Estados. Entonces para evitar entrampamientos o exclusiones en el debate de nuevos proyectos, lo más razonable es dar rango de ley a esa Declaración”, insistió.
Descartó que este instrumento internacional contenga disposiciones que amenacen con cercenar el Estado, porque su propio articulado establece que nada dentro de ella puede ser interpretado en ese sentido. “Solo se trata de respetar la gestión de nuestros territorios, que siempre ha sido ejercida por nuestras comunidades y es un derecho reconocido en países desarrollados como Estados Unidos y Canadá”, subrayó.
Recordó también que el Estado peruano fue uno de los principales promotores de la aprobación de la Declaración en el seno de la ONU. Resulta entonces contradictorio que hoy pretenda cuestionarla o, peor aun, cercenar sus disposiciones.
Anunció que de seguir postergándose la aprobación del dictamen que eleva a rango de ley la Declaración de la ONU, las organizaciones indígenas, denunciarán al Estado peruano ante la CIDH y el parlamento estadounidense por racismo y discriminación, en el marco de su participación en la sesión del Grupo de Trabajo de la OEA que debate el proyecto de Declaración Americana sobre el mismo tema a fines de este mes en esta ciudad.
Misión Diplomática
El Coordinador General de la CAOI culmina hoy en la capital estadounidense una Misión Diplomática Indígena que se inició el lunes 2 con una Audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los impactos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en los Pueblos Indígenas, en la cual quedó claramente establecido el irrespeto al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado por parte de los Estados, las instituciones financieras internacionales y las empresas transnacionales.
Esta Misión Diplomática, además, sostuvo reuniones con funcionarios del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD, por sus siglas en inglés).
En estas reuniones, los integrantes de la Misión Diplomática denunciaron la vulneración de directrices de las instituciones financieras respecto del cuidado del medio ambiente y el trato con los pueblos indígenas. Asimismo, presentaron sus objeciones a las falsas soluciones, como los proyectos de reforestación del mercado de carbono, para enfrentar el calentamiento global.
Ante la falta de compromisos y respuestas claras por parte de los funcionarios con quienes se reunieron, la CAOI solicitó entrevistas con los directivos de las instituciones financieras, las cuales se realizarían a fines de este mes, en el marco de su visita a esta ciudad para participar en la sesión del Grupo de Trabajo de la OEA sobre la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Para coordinar su participación en esta sesión, la misión diplomática indígena se reunió ayer, miércoles 4, con José Pinelo, jefe de la Misión Permanente de Bolivia y Presidente del citado Grupo de Trabajo de la OEA, quien informó acerca de los avances en el debate del Proyecto de Declaración Americana.
Acompañaron a Miguel Palacín Quispe en la Misión Diplomática, Rodolfo López, Primer Cacique General de la Organización Indígena de la Chiquitanía y Narciso Roca, Presidente de la Central de Comunidades de Santa Cruz (ambos de Bolivia), y Telma Delgado Monteiro, representante de las Comunidades Nativas de Pueblos Indígenas de Rondonia, Brasil. Apoyaron la Misión Leonardo Crippa, abogado de Indian Law Resource Center, y Jorge Cortés, del Centro de Estudios para la Aplicación de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEADESC) de Bolivia.
Washington DC, Estados Unidos, 05 de noviembre de 2009.
Fuente: CAOI
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