Hacia la reconstrucción de la nación
mapuche
Cansadas
de esperar la lenta transferencia de tierras del Estado y el siempre
problemático reconocimiento de sus derechos, decenas de comunidades mapuche han
iniciado un proceso de movilizaciones que está siendo respondido con extrema
dureza por el Estado de Chile.
Miles de
mapuche llegaron al mediodía del 22 de octubre hasta la Intendencia Regional en
Temuco (capital de la Araucanía, 700 kilómetros al sur de Santiago) para
rechazar la violencia de Carabineros que disparan perdigones contra niños.
"Tras llegar hasta el centro de la ciudad, un grupo de niños mapuche de
comunidades de Ercilla, abrió un saco que contenía restos de más de 200 bombas
lacrimógenas, cartuchos y casquillos de balas policiales, según el periódico
Azkintuwe"(1).
La
manifestación, convocada por la Alianza Territorial Mapuche, tenía por objetivo
desmentir a las autoridades que han afirmado que no existen casos de niños
heridos por la intervención de carabineros en la zona. El lonko (autoridad
mapuche) Juan Catrillanca, señaló que en un allanamiento, siete de los niños de
la escuela resultaron heridos con perdigones y por eso encabezaron esta marcha,
vigilada por un fuerte contingente de carabineros.
"No
le tenemos miedo al Estado chileno y su violencia, nuestro camino avanza hacia
la liberación nacional mapuche. Sabemos que seguiremos resistiendo en nuestras
comunidades", dijo a la multitud el werken (consejero) de la Alianza,
Mijael Carbone.
"Aquí
estamos todos, aquí están los niños heridos, todos pueden verlos, aquí está mi
hijo Pablo con un ojo menos, están las madres de los bebes que fueron gaseados
hace una semana en Temucuicui, está Carlos Curinao, golpeado brutalmente por la
policía el mismo día, todos sin atención médica suficiente. Hemos venido
pacíficamente a exigir respeto una vez más", señaló Catrillanca2.
Pese a
que las autoridades lo niegan, tanto la iglesia católica como organismos
internacionales confirmaron que hubo niños heridos con balines. Gary Stahl,
representante de UNICEF en Chile fue muy claro: "Para que no haya otra
generación de chilenos marcada por la violencia, tenemos que saber qué ha
pasado, y buscar una solución para que esto no vuelva a pasar en el
futuro"3. El día 5 de octubre un niño de 14 años de la comunidad Rofué,
fue baleado, detenido, subido a un helicóptero, golpeado, amarrado y amenazado
por los carabineros con lanzarlo a tierra si no daba nombres de las personas
que a esa hora participaban de la toma del fundo Santa Lucía4.
Organismos
de derechos humanos constataron decenas de casos, en los dos últimos años, en
los que menores son baleados con perdigones y golpeados por el cuerpo de
carabineros, la policía militarizada chilena. "Hasta el momento no hemos
visto ninguna investigación imparcial para saber qué ha pasado", agregó
Stahl luego de exigir al gobierno de Michelle Bachelet, en nombre de Unicef,
que tome medidas para asegurar la protección de los niños mapuche5. La
indignación desbordó las barreras étnicas esa semana, cuando el Ministerio del
Interior acusó a los padres mapuche de usar a sus hijos como
"escudos" en las tomas de tierras, lo que provocó una ola de
indignación que recorrió el país de sur a norte.
Tierra y
pobreza en la Araucanía
La
pobreza en Chile alcanza al 22,7% de la población pero entre los indígenas
llega al 35,6%. Las familias indígenas reciben casi la mitad de ingresos que
las no indígenas. La escolarización de los indígenas está 2,2 años por debajo
del promedio nacional que es de 9,5 años y sólo el 3% de la población rural
mapuche de 15 años tiene alguna educación pos-secundaria. Sólo el 41% de las viviendas
indígenas tienen alcantarillado y el 65% electricidad. La mortalidad infantil
en algunos municipios indígenas supera en 50% a la media nacional6.
El índice
de desarrollo humano de la población mapuche es inferior al de la población no
indígena (0,642 frente a 0,736). El más bajo del país se encuentra en las áreas
rurales de la Araucanía (el territorio mapuche al sur del Bio Bio), siendo de
0,549, pero el de la mujer mapuche rural es más bajo aún, de 0,513. Además de
pobres son discriminados, de modo "casi total en los medios de
comunicación, en particular la televisión"7. Los mapuche no tienen
representación en el parlamento.
Sin
embargo, el Estado ha encarado una activa política a favor de los pueblos
indígenas y del pueblo mapuche en particular. La Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena (CONADI) a través de su Fondo de Tierras y Aguas Indígenas,
ha traspasado desde 1994, unas 200 mil hectáreas a los mapuche que han
favorecido a más de 10 mil familias. La cifra es insuficiente ya que se estima
que harían falta otras 200 mil hectáreas más. Además, muchas se titulan de
forma individual y no comunal, el proceso es muy lento, deja fuera a muchas
comunidades y no existen programas de apoyo8.
Entre los
mapuche hay quejas porque ninguno de los programas oficiales es consultado con
las comunidades. Un balance de las políticas estatales, permitió en 2003 al
relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Indígenas, Rodolfo
Stavenhagen, concluir que "a pesar de haberse producido importantes avances
durante los últimos diez años, estos continúan viviendo una situación de
marginación y negación que los mantiene apartados significativamente del resto
del país"9.
La
situación se ve agravada por la impresionante expansión forestal que vive el
sur de Chile desde hace tres décadas. En 1960 cada familia mapuche tenía un
promedio de 9,2 hectáreas aunque el Estado sostenía que necesitaban 50
hectáreas para vivir dignamente. Entre 1979 y 1986 a cada familia le
correspondían 5,3 hectáreas, superficie que en la actualidad se reduce a sólo 3
hectáreas de tierra por familia. Bajo la dictadura los mapuche perdieron 200 de
las 300 mil hectáreas que aún conservaban. El avance de las forestales y las
hidroeléctricas sobre sus tierras, provocan un aumento exponencial de la
pobreza y la emigración.
Actualmente
hay dos millones de hectáreas de monocultivo forestal en la Araucanía en manos
de tres grandes empresas. El conjunto de las tierras mapuche no llega a 500 mil
hectáreas, donde viven unos 250 mil comuneros en unas dos mil reservas que son
islotes en un mar de pinos y eucaliptos. "El 70% de las entidades
territoriales mapuche son directamente afectadas por el impacto ambiental
producto de la penetración de las empresas forestales", que alteran el ecosistema,
ya que "el bosque artificial seca sus esteros y pozos, los aísla
geográficamente y contamina el suelo," según el investigador Juan
Calbucura10.
Los niños
en el centro del conflicto
Sobre ese
escenario se desarrolla una constante pugna de las comunidades para recuperar
sus tierras ancestrales que les pertenecieron hasta hace apenas dos o tres
décadas. Esa lucha choca con las grandes empresas forestales y con el Estado
chileno que las apoya. El resultado es una creciente militarización de las
comunidades más activas. Este año se registró un importante crecimiento del
activismo mapuche.
En julio
un centenar de delegados de comunidades entregaron una carta a la presidenta
Bachelet que se interpretó como el inicio de un vasto proceso de recuperación
de tierras. En agosto fue muerto el dirigente mapuche Jaime Facundo Mendoza
mientras el Grupo de Operaciones Especiales desocupaba un predio que habían
tomado decenas de familias en la zona de Ercilla. El funeral fue impresionante:
duró cuatro días y acudieron miles de comuneros de toda la Araucanía, en
especial comunidades de la recién creada Alianza Territorial Mapuche, nueva
organización que agrupa entre 60 y 120 comunidades.
Pero
acudieron también otros grupos, como el Consejo de Todas las Tierras que ganó
protagonismo en la década de 1990, y la más radical Coordinadora Arauco
Malleco, creada en 1998, que recientemente declaró la guerra al Estado de
Chile. Pero, sobre todo, estuvieron decenas de asociaciones culturales,
autoridades tradicionales, hogares de estudiantes universitarios y el Partido
Nacionalista Mapuche Wallmapuwen.
El 12 de
octubre se manifestaron en Santiago unas diez mil personas convocadas por Meli
Wixan Mapu, organización mapuche urbana, a la que acudieron un amplio espectro
de grupos indígenas y sociales, en la mayor manifestación de los últimos años
en el país. Signo de los tiempos y del prestigio de la lucha mapuche, ahí
estaba la Garra Blanca, la hinchada del Colo Colo haciendo flamear sus banderas
en la Alameda, junto a banderas mapuche y pancartas alusivas al conflicto y
denunciando los festejos oficiales del bicentenario de la independencia11.
Esta es
una de las características más destacadas del tramo actual del conflicto
mapuche: la creciente participación de winkas (blancos), en solidaridad ante la
represión estatal que utiliza métodos y leyes del pinochetismo, como la Ley
Antiterrorista. En Chile se debate si corresponde aplicar esa legislación a
acciones que violentan bienes (camiones, predios forestados, etc.) pero no
atentan contra personas.
Casi
medio centenar de presos mapuche puebla las cárceles, porque el Estado responde
a las ocupaciones de tierras con represalias masivas contra comunidades
enteras. Varios niños fueron golpeados juntos a sus madres el día 16, como
sucede cada vez que Carabineros entra a comunidades de la comuna de Ercilla y
disparan indiscriminadamente. Ese día llegaron hasta la escuela de Temucuicui y
comenzaron a disparar balines, dejando doce heridos y 30 asfixiados, la mayoría
niños12. Esa acción le valió al gobierno una reprimenda de la Federación
Internacional de Derechos Humanos, que se suma a las recomendaciones del Comité
Contra la Tortura de las Naciones Unidas, emitida en mayo pasado, para que las
fuerzas de seguridad cesen el maltrato al pueblo mapuche13.
Convenio
169: ¿un paso adelante?
En
setiembre entró en vigor el convenio 169 de la OIT que reconoce los derechos
colectivos de los pueblos indígenas. Chile fue el último país de Sudamérica en
los que viven indígenas en aprobar esta legislación, con 20 años de retraso.
Llama la atención que los gobiernos de la Concertación Democrática siempre
fueron remisos a adoptar una legislación que fue aprobada ya en 1991 en Bolivia
y Colombia, pese a que tenían en ese momento gobierno conservadores.
Bartolomé
Clavero, jurista e historiador español que es miembro del Foro Permanente de
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, sostiene en una reciente
artículo que el mismo día que entró en vigor el Convenio 169, "el gobierno
publica, sin la debida consulta ni por tanto el consentimiento por parte
indígena, el Reglamento que regula la consulta y la participación de los
pueblos indígenas. Lo hace precisamente, a la vista de su contenido, para
reservarse mecanismos de control de futuras consultas"14.
Clavero
asegura que el actual Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya, mantuvo
un extenso diálogo con el gobierno advirtiendo que el reglamento del Convenio
169 debía ser consultado con los pueblos indígenas. Y agrega: "La del
Reglamento del Convenio no es la primera prueba de mala fe que el primero, el
Gobierno de Chile, hace impasiblemente gala en sus relaciones con mecanismos
internacionales de derechos humanos por cuanto interesa a los pueblos
indígenas".
En su
opinión, el gobierno busca "una reforma constitucional para reconocer a
los pueblos indígenas sin el reconocimiento de sus derechos". Por eso
habla de "mala fe", ya que se reconoce algo formalmente para negarlo
por la vía de los hechos. Concluye: "La mala fe juega en efecto a dos
bandas, contra los pueblos indígenas y frente a instituciones internacionales
de derechos humanos". En su informe posterior a la visita a Chile, el
Relator Especial James Anaya encuentra "un nivel significativo de
desconfianza, descontento y hasta rechazo de los planes, programas y políticas
del Gobierno de parte de los pueblos indígenas", que atribuye a las
erradas políticas oficiales15.
Si este
es el lenguaje que utilizan prestigiosos juristas internacionales, puede
imaginarse lo que sienten los activistas mapuche, cuando comprueban que se
pretenden reconocer los aportes de los pueblos originarios en la creación de la
nación chilena, pero se niega que esos pueblos sean sujetos de derechos.
"La ola represiva", señala la página Mapuexpress.cl, es una cortina
para encubrir lo que denominan como "golpe de estado constitucional contra
los pueblos indígenas y sus derechos"16.
Una nueva
generación
En este
nuevo ciclo de luchas ha comenzado a terciar una nueva generación que, como
señala el diario La Segunda, "se arma de títulos universitarios para
defender la causa indígena"17. Sólo en la ciudad sureña de Temuco hay
cuatro hogares autogestionados con 220 estudiantes. Suelen cursar
preferentemente antropología, derecho y periodismo, durante sus carreras
redescubren la historia mapuche, entre otras cosas que la llamada
"Pacificación de la Araucanía", llevada adelante por la República a
fines del siglo XIX, fue una guerra de exterminio contra su pueblo.
De la
mano de esta generación aparecen nuevos temas y conceptos: la lucha por
recuperar la tierra es para re-construir el territorio mapuche, o sea la
"nación"; defienden la autonomía, tanto de los partidos políticos,
como a escala general, del Estado chileno; apuestan no sólo a mantener viva la
cultura y la identidad, sino a reconstruirse como pueblo usando herramientas
como el derecho ancestral. Es una generación urbana, y aunque el movimiento
sigue teniendo un fuerte componente rural, las organizaciones citadinas crecen
y se vinculan con los demás movimientos sociales.
Han
construido una amplia red de medios digitales, radiofónicos y de prensa,
algunos de mapuche en el exterior, y han tejido alianzas con organizaciones de
la sociedad civil como la ONG Observatorio Ciudadano y muchas otras. Sus
demandas son cada vez más políticas y las formulan en un nuevo lenguaje:
"Restituir la territorialidad y autonomía de los pueblos indígenas de
Chile, Desmilitarización del territorio, Retiro de las transnacionales, Respeto
de los derechos humanos del pueblo mapuche"18.
Muestran
una auténtica devoción por los estudios históricos, como suele suceder con
todos los pueblos que recuperan su dignidad. El lonko Juan Catrillanca, de la
emblemática comunidad de Temucuicui de Ercilla, y dirigente de la Alianza
Territorial Mapuche, aseguró que su organización seguirá ocupando predios
privados para que el gobierno les siga traspasando tierras. La Alianza invoca
el Tratado de Tapihue, firmado entre el Estado chileno y el pueblo mapuche en
1825, para respetar la frontera existente en ese momento y permitir el tránsito
y el comercio entre los habitantes de Chile y Wallmapu (País Mapuche).
Sostienen
que ese tratado fue violado en 1881 cuando Chile invadió militarmente la
Araucanía. "Queremos recuperar seis millones de hectáreas. Mientras, seguiremos
con las tomas y sólo nos defenderemos con nuestros wiños (bastón de madera) y
boleadoras", dijo Catrillanca en agosto, durante la presentación de la
Alianza19. Como señala el historiador Víctor Toledo Llancaqueo, se está pasando
de "tierras en conflicto" a "territorios en conflicto"20.
Notas
1. Azkintuwe, 22 de octubre de 2009.
2. Idem.
3. Diario La Nación, Santiago, 26 de octubre de 2009.
4. Observatorio Ciudadano, "Hechos de violencia imputables a Carabineros
de Chile que han afectado a niños mapuche en la región de la Araucanía
(2007-2009)", Temuco, octubre de 2009.
5. Diario La Nación, 26 de octubre.
6. Jorge Calbucura y Fabien Le Bonniec, "Territorio y territorialidad en
contexto post-colonial", Ñuke Mapuföralget Working Papers No. 30, Chile,
2009.
7. Idem.
8. Idem, p. 20.
9. Citado por Jorge Calbucura, p. 23.
10.
Idem, p. 117.
11.
Diario La Nación, 13 de octubre de 1009.
12.
Observatorio Ciudadano, ob. cit.
13.
Mapuexpress, 24 de octubre de 2009.
14.
Bartolomé Clavero, ob. cit.
15.
James Anaya, ob. cit.
16.
Mapuexpresss, 3 de noviembre de 2009.
17.
La Segunda, 1 de setiembre de 2009 en www.lasegunda.com
18.
Convergencia de las Culturas, Santiago, 23 de octubre der 2009.
19.
Azkintuwe, 15 de agosto de 2009.
20.
Víctor Toledo Llancaqueo, ob. cit. p. 103. La tierra es un espacio físico para
producir. El territorio es un espacio integral (físico, cultural, religioso,
simbólico). Toledo lo define como "un continuo espacial, un territorio con
sus aguas, sus especies y sus suelos cultivables, como también su derecho a
participar de las decisiones que afecten a ese territorio. Un territorio
imaginado que se superpone al espacio real de plantaciones y al espacio
diseñado de los límites administrativos, y que constituye la identidad a
reconstruir".
- Raúl
Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e
investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de
América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el "Informe
Mensual de Zibechi" para el Programa de las Américas (www.ircamericas.org)
Para usar
este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org.
Recursos
"Alianza
Territorial Mapuche, la nueva organización que complica al gobierno",
Azkintuwe, 15 de agoto de 2009.
Bartolomé
Clavero, "Convenio 169 y un reglamento APRA cancelar derechos", 22 de
setiembre de 2009, en www.politicaspublicas.net.
Centro de
Políticas Públicas y Derechos Indígenas: www.politicaspublicas.net.
"Convenio
169 sobre pueblos indígenas y tribales", Organización Internacional del
Trabajo, Ginebra, 1989.
James
Anaya, Relator Especial Para la Situación de los Derechos y Libertades
Fundamentales de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, "Informe sobre
Situación de los derechos de los pueblos indígenas en Chile", Relator
especial James Anaya, 14 de setiembre de 2009, en www.politicaspublicas,net.
Jorge
Calbucura y Fabien Le Bonniec, "Territorio y territorialidad en contexto
post-colonial", Ñuke Mapuföralget Working Papers No. 30, Chile, 2009.
Observatorio
Ciudadano: www.observatorio.cl
Víctor
Toledo Llancaqueo, "Pueblo mapuche. Derechos colectivos y
territorio", LOM, Santiago, 2006.
Para
mayor información
Páginas
de información mapuche:
Azkintuwe: www.azkintuwe.org/
Mapuexpress: www.mapuexpress.net/
Meli Wixan Mapu: http://meli.mapuches.org/
Werken
Williche (Consejo General de Caciques Wiliche de Chiloé): http://werken.williche.org/
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